Llamado de atención

Los despidos de mujeres que trabajan como empleadas de casas particulares llegaron a las 20 mil cesantías en lo que va de la cuarentena, según cifras del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Eso sucedió pese a la prohibición de despidos vigente durante la coyuntura epidemiológica y fue posible como consecuencia del alto porcentaje de informalidad que existe en el sector.

En efecto, se estima que las empleadas en negro de casas particulares superan el 70 por ciento, una cifra que, según informó esta semana la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se replica en todos los países de la región.

Tradicionalmente, el trabajo doméstico ha sido objeto de condiciones de trabajo inadecuadas, incluyendo extensas jornadas, bajos salarios, trabajo forzoso y una escasa o nula protección social; en otros términos, expuesto a condiciones que están lejos del concepto de trabajo decente, sostuvo el organismo.

Si bien el gobierno nacional incluyó a las trabajadoras de casas particulares en el pago del IFE de $10 mil, el mazazo de la pandemia para muchas mujeres fue letal, aun cuando algunas de ellas estaban precarizadas.

Al tomar nota de esta situación, la OIT salió ayer a llamar la atención, Argentina incluida, respecto de que se debe fortalecer el rol fiscalizador del Estado, mediante campañas informativas, y un sistema de inspección suficiente y apropiado, así como sanciones adecuadas en caso de infracción de la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El desempleo se multiplica durante la pandemia y seguramente se acentuará hasta que la economía repunte. Pero las mujeres que trabajan en casas particulares no pueden esperar en sus urgencias.