Los diputados avalan a dos juezas que controlarán las cárceles

Neuquén > La Comisión de Asuntos Constitucionales aprobó por unanimidad los pliegos de las dos postulantes para los juzgados de ejecución penal, los organismos que verificarán el cumplimiento de penas y evaluarán el estado en que se encuentran quienes están en una cárcel. De este modo, en la sesión de mañana podrían ser designadas.
Se trata de Raquel Gass y Alicia Rodríguez, quienes tras ganar el concurso del Consejo de la Magistratura se presentaron ayer ante los legisladores.
Si bien mantuvieron coincidencias de fondo, expresaron visiones por momentos contrapuestas sobre las condiciones de las cárceles provinciales, en momentos en que desde el Ejecutivo plantean endurecer la prisión preventiva y comienza a aplicarse el nuevo Código Procesal Penal.
Gass consideró que dentro de las prisiones provinciales “no se están dando herramientas”, como la educación y capacitaciones, que permitan en una escala mayor una resocialización de los reclusos. Opinó que el debate de fondo es si el Estado quiere “un depósito humano fallado o brindar herramientas a los reclusos”. Y consideró que “el Estado tiene que hacer algo más”.
En medio de una discusión nacional sobre el endurecimiento de penas, opinó que “hoy el progresismo es reeducar a las personas privadas de libertad”, por fuera del “abolicionismo o no abolicionismo”.
A su turno, Rodríguez manifestó que ella compartía algunas críticas sobre la situación carcelaria neuquina. Sin embargo, planteó que hay problemas como “el del hacinamiento”, que sí ocurren en otras provincias y en Neuquén no. Añadió que, comparativamente, en la provincia “tenemos que estar muy orgullosos”.
En la comisión se trató el tema de la rotatividad en el cargo de quienes sean designados, establecida en la Ley Orgánica de la Justicia Penal, norma complementaria del nuevo Código. Particularmente, Gass indicó que esto impide la “especialización de los jueces y que los presos conozcan sus criterios”.
Sobre este tema, el presidente de la comisión, José Russo (MPN), manifestó que el espíritu de la norma busca contrarrestar la idea de que, a partir de la permanencia en el cargo, “recaiga todo el peso de las decisiones, siempre, sobre una única persona”, y que de todos modos es la Justicia la que deberá reglamentar cómo se termina aplicando la ley.