La política está cruzada por el conflicto mapuche. La discusión es recurrente, pero esta vez la televisión se encargó de poner en lo más alto de rating un debate complejo, donde hay desconocimiento, oportunismo y ventajas político-partidarias. En la superficie, desde el 18 de mayo pasado, miles de hectáreas en Tratayén están tomadas por una ocupación de un grupo que se autodenomina Lof Fvta Xayen. Las tierras (algunas) pertenecen a empresarios con cierto poder en la provincia, como los hermanos Ferracioli, pero también a otros con perfil más bajo, como los Galván o Mardones. En rigor, ninguno de ellos hoy puede entrar a sus campos por un bloqueo que reclama las tierras como bienes ancestrales. La comunidad no está reconocida por el gobierno provincial. Neuquén es una provincia abierta al reconocimiento de las comunidades mapuches. De hecho, en 2005 reformó su Constitución que en el artículo 53 reconoce las personerías jurídicas y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupaban. El texto es tan claro que de a poco el Gobierno terminó en una encerrona: se dio de bruces con tierras explotadas por YPF y las privadas donde se desarrollan la agricultura y la ganadería. El Senado tiene en carpeta la media sanción de la prórroga de la Ley 26160 de relevamiento indígena. El oficialismo no tiene intención de tratarla y eso es una bomba de relojería en la región. El viernes pasado, el fiscal Pablo Vignaroli imputó por el presunto delito de usurpación a 19 miembros de la comunidad. A su vez, el gobierno nacional quiere ir a fondo. Hizo de nexo con los empresarios y abogados cercanos a Mauricio Macri para acorralar a la Fiscalía Provincial. Se juega a todo o nada a otro inminente desalojo.
La discusión nacional por el paradero de Santiago Maldonado puso la lupa en el tema mapuche en Neuquén.