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Los testigos recordaron el horror

La primera jornada de declaraciones sólo fue presenciada por cuatro de los ocho militares que actuaron en La Escuelita durante la dictadura militar.
«Fue un plan criminal, y por eso nos dimos cuenta que la pelea iba a ser muy dura», dijo Noemí Labrune.

Neuquén > El juicio oral y público que se ventila en el Tribunal Oral Federal de esta ciudad contra los ocho militares acusados de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, sufrió ayer las primeras deserciones. El ex jefe de Inteligencia del Comando de la Sexta Brigada, Oscar Reinhold; el ex jefe de Inteligencia del Batallón Militar, Alberto Gómez Arena; el ex jefe de Personal de la Sexta Brigada, Luis Alberto Farías Barrera y el suboficial, Julio Francisco Oviedo, no se presentaron a la audiencia.
Es probable que igual criterio adopten, a través de sus asistentes técnicos, los ex jefes oficiales de inteligencia Sergio Adolfo San Martín y Jorge Eduardo Molina Ezcurra, el médico militar Hilarión de la Pas Sosa y el ex jefe del Batallón Militar, Enrique Braulio Olea.
Nada impide que, a corto plazo, el total de los acusados siga las alternativas del histórico juicio desde la Unidad Penitenciaria 9, ocupando una posición más cómoda que la que les ofrece la sala de audiencia del edificio de la calle Carlos H. Rodríguez.
Los jueces hicieron lugar al planteo de sus defensores, por lo que los militares mencionados permanecerán en instalaciones de la mencionada unidad penal, “prestos” a responder a la requisitoria de las partes.
La determinación de los cuatro represores de no participar del debate fue otro trago amargo para las organizaciones de Derechos Humanos y para las partes querellantes. Uno de los querellantes sostuvo que los incriminados de secuestrar y torturar a diecisiete militantes políticos y dirigentes gremiales decidieron no declarar “y ahora ocultan sus rostros porque no quieren mostrarse frente a los testigos y a la comunidad”.

Símbolo de compromiso
La tranquilidad que trasmitían algunos de los defensores de los imputados trastabilló cuando ingresó a la sala Noemí Labrune, quien inició la ronda de los ciento cuarenta testigos previstos para este juicio.  
Labrune junto al obispo Jaime De Nevares, entre otros, fundaron la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén en mayo de 1976.
La mujer, quien resultó perseguida y soportó el ingreso de un grupo de militares a su casa en dos oportunidades, dijo que poco después del 24 de marzo de 1976 “nos sentimos todos invadidos por un despliegue militar para implantar el terrorismo de Estado y para que nos sintiéramos aterrorizados. No hay duda de que hubo una planificación de inteligencia”.
La dirigente de la APDH neuquina, que es doctora en Filosofía, recordó lo ocurrido en la Universidad Nacional del Comahue durante la intervención del rector Remus Tetu. “Primero echaron a los trabajadores y luego los torturaban”, afirmó.
Además expresó que en abril de 1976, el obispo De Nevares convocó a una reunión para intentar frenar los “allanamientos violentos”. “Sabíamos que había jóvenes de Neuquén detenidos en Rawson y Bahía Blanca. La situación era cruel”, puntualizó.
Labrune denunció además que en junio de ese año se lanzó un operativo en Cutral Co, donde resultaron detenidas varias personas que fueron trasladas directamente a la Unidad Penal 9. “Después de torturarlos, a los prisioneros ‘blanqueados’ los dejaban a la vera de las rutas. Algunos regresaban a sus casas destruidos y otros se exiliaron”, precisó.

Una dura lucha
“Fue un plan sistemático, criminal de dominación y por eso nos dimos cuenta de que la pelea iba a ser muy dura”, señaló Labrune.
Durante su declaración, que se extendió más de dos horas y media, Labrune añadió que en agosto de 1976 el obispo De Nevares tenía información que en el Comando estaban torturando a un grupo de jóvenes y decidieron hablar con el Fiscal Federal, Marcelo Ortiz. Expresó que la primera respuesta del fiscal fue “no se hagan tanto problema, a lo mejor son culpables”. La conversación terminó, recordó Labrune, «cuando el fiscal Ortiz nos dijo el sufrimiento físico acerca a Dios».
Posteriormente dijo que en 1979 entregaron a la Organización de Estados Americanos (OEA) las denuncias de todos los hechos ocurridos en la región. “No creíamos en la Justicia de Neuquén y por ello evitamos presentar cualquier tipo de documentación al juez Duarte y al fiscal Ortiz porque eran personeros del Proceso”, sentenció Labrune.

La Escuelita
Sobre el centro clandestino de detención, Labrune manifestó que supo de su existencia a partir de un joven docente secuestrado en ese lugar.
“En abril de 1984 fuimos al lugar acompañados por sobrevivientes. Habían demolido el edificio, pero las evidencias eran contundentes porque las pericias determinaron la existencia de una torre de control”, explicó.
Uno de los querellantes le preguntó sobre Oscar Ragni, secuestrado en 1976. “Hay evidencias testimoniales que indican que Oscar estuvo detenido en La Escuelita. Sabemos que fue asesinado”, señaló.
En otro tramo de su testimonio, Labrune le dedicó unas líneas al ex agente de Inteligencia,  Raúl Guglielminetti, a quien calificó como un individuo “infiltrado de oficio”. Se contactaba con Remus Tetu, quien lo designó en la universidad, para el cumplimiento de “tareas especiales”.

Perseguido y amenazado

Neuquén > El sacerdote Rubén Omar Capitanio confesó que llegó a Neuquén en agosto de 1976 después de haber padecido en La Plata amenazas y persecuciones por parte de fuerzas militares.
Capitanio fue otro de los testigos citados por las querellas que ofreció ayer su testimonio en el juicio. El sacerdote explicó que se enteró que estaba en una lista en la que sobresalían las letras “DS” que significaba “Delincuente Subversivo”.
Recordó que, durante su estadía en el Obispado de Neuquén, donde vivió durante un tiempo, llegaba mucha correspondencia que Jaime De Nevares se encargaba de leer. “Muchas eran de familiares de víctimas de la represión. Don Jaime leía cada una y se preocupaba”, rememoró.
El párroco expresó que sintió “vergüenza” por la actitud de algunos clérigos que no respondían a las inquietudes y necesidades de la gente. “Algunos sacerdotes estaban informados de la represión. La Iglesia también tiene su propia culpa por no haber defendido a sus hijos”, sostuvo.
Capitanio afirmó que la irrupción de las Fuerzas Armadas “respondía a un proyecto de muerte, no de orden ni de vida”.
Durante los años del Proceso, el sacerdote estuvo a cargo de la parroquia del barrio San Lorenzo. Por ese tiempo resolvió que mientras los militares no cumplieran con los pasos de la verdad, justicia y reparación de sus actos, no serían asistidos en ninguna celebración ni sacramento. “Como respuesta, el templo fue baleado”, enfatizó.
Luego mencionó un hecho que marca a fuego la solidaridad  y el compromiso del obispo De Nevares con los detenidos, torturados y desaparecidos en Neuquén. Capitanio recordó la llegada del general Jorge Rafael Videla y su mujer a esta ciudad. “A través de la gobernación se le comunicó a Don Jaime que la mujer quería visitar la iglesia. Así fue. Don Jaime entró y la vio rezando. Cuando se disponía a retirarse el obispo le dijo: ‘Señora, como madre, ¿por qué no le pregunta a su esposo, dónde están los desaparecidos?’”.
El párroco señaló que la mujer del “dictador” se molestó bastante por el reclamo y que De Nevares se disculpó señalando “pensé que estaba hablando con una madre”.
Frente a la respuesta, la esposa de Videla expresó “está bien…. déme esa lista”, a lo que el obispo respondió “ahora es tarde”.