Aguada San Roque desnudó los secretos de la obra pública en Neuquén

El juicio por la explosión y muerte en Aguada San Roque destapó una mecánica que era un secreto a voces y que estaba naturalizada en Neuquén, ¿y en todo el país?, sobre cómo se certifica la obra pública, los costos y la vinculación entre los empresarios y funcionarios de turno.

Al Estado neuquino no le conviene que haya una condena, y mucho menos al gobierno de Rolando Figueroa. Sería un antecedente pésimo, porque obligaría a poner la lupa en el “club de empresas”, y la mecánica de las subcontrataciones. Una olla que parece que nadie quiere destapar en la provincia que, pese a la crisis nacional y el corte de transferencias, está entre las más ricas del país.

El caso de Aguada San Roque fue particular. Se trataba de obra de ampliación de la escuela-albergue, aparentemente menor, en un pueblo alejado en medio de Vaca Muerta y en plena pandemia. Un lugar perfecto que estaba en el radar de los controles. ¿Quién sabía que se estaba ejecutando esa obra? Muy pocos, salvo por los 400 pobladores de ese paraje.

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La relación entre funcionarios y las empresas es fluida en una obra pública. Pero a veces cruzan un límite como en Aguada San Roque.

Sebastián Fariña Petersen

La causa tiene seis imputados, cuatro exfuncionarios y dos representantes de una constructora. En el medio, la Justicia Neuquina se sacó de encima a un subcontratista (con una probation) y también sobreseyó a funcionarios del ministerio de Educación. Cortó una parte de la trama.

Aguada San Roque: burocracia y muertes

Más allá de que haya una condena, el caso obliga a revisar cómo se están haciendo las cosas en Neuquén, pese a los argumentos aceitados de la defensa de los imputados, apelando a la Ley de Obra Pública y los mecanismos de la burocracia.

El colegio explotó y hubo tres víctimas, entre ellas la docente Mónica Jara que era su primer día de clases presenciales. Se había recibido, no hacía mucho tiempo de docente y tenía una gran expectativa. Era su vocación.

Desde la querella en la que está el gremio ATEN apelaron a que el Estado no cuidó la vida de la comunidad, no arbitró los medios necesarios para evitar la tragedia, que pudo haber sido aún mayo. Una obra con irregularidades, al menos en la última etapa, y con controles laxos y “exceso de confianza” en toda la cadena de responsabilidades. ¿Acaso el sistema no funciona así por defecto? Es una duda si lo que pasó en la escuela aquel 29 de junio de 2021 no es solo la muestra de algo más grande.

¿Pasará con otras obras?

Ayer fue el caso de Aguada San Roque, pero pocos saben en qué condiciones están las demás obras en la provincia, sean edificios escolares, sistemas cloacales, o hasta el asfalto. En el juicio se ventiló la mecánica de bajar costos, las contrataciones irregulares y el apuro de las empresas por cobrar, antes de que los trabajos estén terminados en lo real. Algunos vicios naturalizados por la burocracia, que esta vez salieron mal y se cobraron tres vidas.

Comprobar el delito de estrago culposo será difícil para algunos actores. ATEN espera una condena, que podría dejar un antecedente extraño para un Estado, que está obligado, de ahora en más, hacer las cosas como se deben.