La situación afecta además a centros de salud de Chubut y La Pampa. Si no hay respuesta inmediata, los miles de afiliados de la Patagonia se verán perjudicados.
Las clínicas y sanatorios de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa encendieron las alarmas sanitarias ante la grave situación financiera que atraviesan por una deuda millonaria acumulada con PAMI. Las autoridades describieron un escenario que pone en riesgo la continuidad de los servicios médicos para miles de afiliados de la Patagonia.
El planteo fue formalizado este miércoles a través de una nota dirigida al director ejecutivo del Instituto, Dr. Esteban Leguizamo, donde resaltan que el atraso en los pagos y la pérdida del valor de los aranceles generaron un “límite crítico” para el sistema sanitario privado.
En diálogo con LM Neuquén, Andrés Sabalette, representante de las Clínicas y Sanatorios de la Patagonia, aclaró que el objetivo no es confrontar con el organismo, sino alertar a los usuarios. “Nosotros no buscamos un conflicto. Lo que estamos haciendo es alertar sobre una situación que nos sobrepasa”, explicó.
Según detalló, el problema comenzó hace dos meses con demoras en prestaciones ambulatorias y se agravó cuando no se abonaron las internaciones, el principal ingreso de las instituciones. “Un atraso de algunos días genera un hueco financiero imposible de cubrir”, sostuvo.
Un ingreso fundamental
De acuerdo con los prestadores, el modelo de contratación vigente en estas cuatro provincias hace que los fondos provenientes de PAMI sean determinantes para el funcionamiento cotidiano. En promedio, el 40% de la facturación de una clínica depende del organismo, aunque en algunos establecimientos ese porcentaje supera el 50%.
“Los pagos que hace PAMI a fin de cada mes son los que se asignan para el pago de sueldos. Varias clínicas no han podido hacerlo porque no contaron con este fondo”, resaltó Sabalette.
La situación impacta de lleno en la operatividad: sin recursos suficientes, se dificulta cumplir con salarios, insumos y proveedores esenciales.
El otro factor que agrava la crisis es la brecha entre costos reales y valores pagados por el Instituto. “Si tomamos la inflación de los dos últimos años, fue del 184% y PAMI aumentó sus aranceles en un 118%. Hay 65 puntos porcentuales de diferencia”, precisó el referente.
Esto implica que muchas prestaciones se realizan por debajo de su costo, en un contexto de fuerte incremento en medicamentos, tecnología y estructura. Desde las clínicas señalaron que el sistema modular —que fija valores por día de internación o cirugía— obliga a absorber gastos cada vez más altos sin actualización acorde.
En el texto enviado ante las autoridades nacionales, las prestadoras solicitan resolver tres situaciones puntuales; de lo contrario, se llevarán adelante medidas que afectarán directamente a los afiliados.
- La regularización inmediata de la deuda existente.
- Una reunión urgente para consensuar soluciones que garanticen la sustentabilidad.
- La reactivación de una “mesa técnica” de trabajo para adecuar los aranceles.
Riesgo para la atención
De no lograr una solución inmediata, las clínicas y sanatorios anticiparon que podrían comenzar a restringir servicios para evitar un colapso mayor. “Lo que tratamos de hacer es ordenar el caos. Empezamos a no tener recursos para mantener las prestaciones de manera segura”, explicó Sabalette.
La medida se instrumentará de forma progresiva a partir del próximo 10 de febrero y priorizará urgencias y emergencias. En tanto, se verá postergado todo lo que no sea crítico. “No es una medida de fuerza, sino una medida de necesidad”, remarcó.
En un comunicado emitido, las entidades advierten que, ante el actual panorama, “no estamos en condiciones de garantizar la continuidad normal de los servicios” y se limitarán las prestaciones ambulatorias y programadas.
Sin fecha de pago confirmada
El referente aseguró que, si bien los prestadores mantienen diálogo con las autoridades centrales, todavía no hay certezas. “Ratificaron la intención de encontrar soluciones, pero no tenemos una respuesta concreta, que sería una fecha de pago”.
Pese al complejo panorama, las clínicas aseguran que buscan evitar un escenario extremo y mantener el funcionamiento. “Sabemos cuál es la situación de la economía del país, no estamos en una burbuja, pero necesitamos condiciones mínimas de sustentabilidad en un servicio como es la medicina, donde la seguridad es un aspecto principal”, concluyó Sabalette.
Desde las más de 28 entidades, afirman que el objetivo es preservar la atención de los afiliados, el funcionamiento de las instituciones y las fuentes laborales del sector salud. Sin embargo, advierten que, sin una pronta recomposición financiera, el sistema sanitario privado de la Patagonia podría entrar en una zona de riesgo.
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