Comarsa irá a juicio por la causa de contaminación con residuos petroleros: habrá 150 testigos

La causa por contaminación ambiental con residuos petroleros vinculada a la empresa Comarsa fue elevada a juicio. La decisión fue resuelta por el juez de garantías Juan Manuel Kees, quien determinó que los tres imputados sean juzgados por un tribunal colegiado.

Además, el magistrado rechazó los pedidos de sobreseimiento presentados por las defensas de dos de los acusados.

La decisión fue adoptada luego de las jornadas correspondientes a la audiencia de control de la acusación. Ahora, el expediente avanzará hacia el debate oral, que tendrá aproximadamente 150 testigos y peritos que serán convocados durante el juicio.

La Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales Sociedad Anónima (Comarsa) es una firma dedicada al tratamiento de residuos peligrosos provenientes, entre otras actividades, de la industria petrolera.

Claudio Espinoza

De qué acusan a las autoridades de Comarsa

La acusación está centrada en el presunto acopio de grandes cantidades de material contaminado sin tratamiento, tanto dentro del predio de la empresa como en terrenos lindantes que no eran de su propiedad.

Comarsa fue habilitada a mediados de 2011 para realizar el tratamiento de suelos contaminados con hidrocarburos, mediante la utilización de hornos especialmente diseñados para ese proceso. El procedimiento permite eliminar mediante calor las sustancias químicas peligrosas presentes en suelos y lodos contaminados con residuos provenientes de la actividad hidrocarburífera.

Sin embargo, la fiscalía sostiene que tres autoridades de la compañía habrían desarrollado una maniobra mediante la cual acumulaban material contaminante sin realizar el correspondiente tratamiento.

Según la acusación, los residuos no solo fueron almacenados dentro del predio de Comarsa, sino que también se habrían depositado importantes cantidades de desechos tóxicos en terrenos lindantes que no pertenecían a la empresa.

La hipótesis de la fiscalía sostiene además que, para poder continuar recibiendo residuos, se entregaban certificados que indicaban que determinadas tierras habían sido tratadas cuando la descontaminación en realidad no se había realizado.

De esa manera, según plantea la acusación que deberá discutirse durante el juicio, la empresa podía continuar incorporando nuevos residuos para su tratamiento pese a mantener material contaminado acumulado.

El juez rechazó el sobreseimiento de dos acusados

Durante la audiencia de control de la acusación, las defensas de dos de los tres imputados solicitaron que fueran sobreseídos por el delito de contaminación ambiental.

Uno de los planteos estuvo basado en que el acusado figuraba como gerente suplente, mientras que la otra defensa sostuvo que su representado no tenía injerencia dentro del directorio de la compañía.

El juez Juan Manuel Kees rechazó ambos pedidos y consideró que la eventual responsabilidad de cada uno de los acusados no puede determinarse únicamente a partir del cargo formal que ocupaban dentro de Comarsa

Según fundamentó, será durante el juicio donde deberá establecerse concretamente cuál fue el grado de intervención que tuvo cada uno de los imputados en los hechos investigados.

“Podría ocurrir que luego del juicio se establezca que uno de ellos no es coautor, sino partícipe primario”, sostuvo Kees a modo de ejemplo al explicar su decisión. “Podría ocurrir que luego del juicio se establezca que uno de ellos no es coautor, sino partícipe primario”, sostuvo Kees a modo de ejemplo al explicar su decisión.

Con este criterio, los tres acusados continuarán vinculados al expediente y deberán afrontar el debate oral.

Claudio Espinoza

Por qué la causa no tendrá un jurado popular

Otro de los puntos discutidos durante la audiencia fue qué tipo de tribunal debía intervenir en el juicio por contaminación ambiental.

La fiscalía y las querellas que representan a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y a la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén y Río Negro habían solicitado que los hechos fueran juzgados mediante un jurado popular. Kees rechazó ese planteo y determinó que el proceso quede en manos de un tribunal colegiado.

El magistrado fundamentó su resolución en los requisitos establecidos para la intervención de jurados populares. Explicó que este mecanismo corresponde exclusivamente a determinados delitos de abuso sexual o hechos contra la integridad de las personas que hayan provocado la muerte o lesiones gravísimas, siempre que además exista una pretensión punitiva superior a los 15 años de prisión.

En consecuencia, consideró que la acusación por contaminación ambiental contra las autoridades de Comarsa no reúne las condiciones legales necesarias para ser sometida a un jurado popular.

La preparación del debate tendrá además una dimensión significativa por la cantidad de prueba prevista. Alrededor de 150 testigos y peritos fueron propuestos para intervenir durante el juicio.

El juez rechazó únicamente a algunos de los testigos ofrecidos por las partes. La decisión estuvo fundada en que sus declaraciones estaban destinadas a acreditar hechos públicos y notorios que no se encontraban controvertidos, o porque esas personas habían desempeñado funciones fuera del período comprendido por la acusación.