Corrupción, desidia y tres muertes: inicia el juicio por la explosión en la escuela de Aguada San Roque
La Fiscalía y las querellas buscan comprobar los hechos de corrupción que derivaron en la tragedia de 2021, que se cobró las vidas de Mónica Jara, Nicolás Francés y Mariano Spinedi.
La docente Mónica Jara y los operarios Nicolás Francés y Mariano Spinedi murieron mientras trabajaban en la Escuela 144 de Aguada San Roque, donde se produjo una explosión el 29 de junio de 2021. Se trató de una tragedia evitable por la que, desde este lunes, seis personas serán sometidas a juicio durante más de dos semanas, hasta el 28 de agosto. Los acusados son cuatro funcionarios de Obras Públicas y dos profesionales de la empresa Arte Construcciones. El gremio ATEN inicia la semana con paro y convocó a presenciar el inicio del juicio en las puertas del Poder Judicial.
A mediados del 2021, el establecimiento educativo estaba en obra y en el lugar había filtraciones de gas que nadie advirtió. Pero las clases habían iniciado (el día de la explosión había sido el primer día de clases de Mónica): en marzo de ese año, los funcionarios emitieron un certificado de finalización de obra y la incluyeron en las escuelas que podían iniciar el ciclo lectivo. También se firmaron documentos que constataban inspecciones in situ, aunque nunca nadie de Neuquén capital recorrió los casi 160 kilómetros que distan para llegar. Al menos eso es parte de lo que busca ser probado.
En líneas generales, las defensas de los imputados buscarán poner el foco de la responsabilidad en una de las víctimas fatales, Francés, al entender que hubo negligencia en su accionar como gasista. También se espera que apunten contra la directora del establecimiento, quien no está imputada en la causa.
Los acusados son Roberto Deza (subsecretario de Obras Públicas), Raúl Capdevila (director provincial de Obras Públicas), Carlos Córdoba (director de Obras Públicas), Sergio Percat (director de Obras Contratadas), Diego Bulgheroni (representante técnico de la empresa Arte Construcciones) y Héctor Villanueva (socio gerente de la empresa Arte Construcciones).
La Fiscalía y las querellas, en tanto, apuntan a “mirar la película completa”, es decir, más allá del 29 de junio de 2021. ¿Por qué y quién permitió el inicio de las clases en una escuela que estaba en obra? ¿Por qué y quién firmó certificados de inspecciones nunca realizadas? ¿Por qué había personas contratadas para la obra cuyos nombres ni siquiera aparecen en la documentación oficial? ¿Por qué se concretó el pago de la obra finalizada a la empresa, cuando esto no había ocurrido? Las respuestas a esos interrogantes buscarán ser probadas durante las jornadas como hechos de corrupción por parte de los funcionarios. Por ello se requirió el análisis de cientos de documentos, comunicaciones telefónicas y pericias contables, así como se esperan las declaraciones de cientos de testigos y expertos.
La causa está en manos del fiscal jefe de Cutral Co, Gastón Liotard y la fiscal Gabriela Macaya. La querella del gremio docente ATEN representa a las familias de Jara y Spinedi, y está a cargo de los abogados Darío Kosovsky y Emanuel Roa Moreno; mientras que Federico Egea representa a la familia de Francés.
La “película completa” también incluye “el compromiso estatal de llevar adelante tareas y una obra pública de una determinada manera que, en la realidad, era un desastre absoluto. Y ese desastre obedecía a los múltiples incumplimientos de los funcionarios en la planificación, ejecución y supervisión de la obra”, planteó Kosovsky, en diálogo con LMNeuquén. “Se dejaba constancia de la existencia de controles que no se llevaban adelante, supervisiones que no se ejecutaban, tareas y labores sobre el gas que no se desarrollaban, entonces los compromisos que se asume como funcionarios fueron incumplidos”, enumeró.
Además de la desidia en sus responsabilidades como funcionarios públicos, Kosovsky puntualizó en la afectación económica de los recursos del Estado. “Se destruyó el edificio, se perdió el dinero invertido y se volvió a pagar. Y lo que es más dramático es que este tipo de obras tienen seguro y los seguros no se ejecutaron, no se pidió que pagaran los daños”, agregó.
Aguada San Roque: ¿otros certificados truchos?
En una nueva era de gobierno sin el sello del MPN, la gestión de Rolando Figueroa da señales de querer cambiar prácticas normalizadas "históricamente". En materia educativa, puso foco en los ausentismos docentes con dos medidas fuertes: la aplicación del plus salarial con hasta tres inasistencias por trimestre y la detección de certificados médicos y psicológicos emitidos de forma masiva y en poco tiempo.
No pasó lo mismo en relación con la infraestructura escolar. Aún con el grave antecedente de Aguada San Roque, el actual gobierno no tomó medidas contundentes. Nadie lo dice oficialmente, pero las firmas de certificaciones sin constatación real -entre otras acciones y omisiones- no parecen haber sido solo una excepción del caso de la Escuela 144.
El gobierno (de ninguna gestión) no inició sumarios a los funcionarios ni hubo separaciones de los cargos. Al contrario, algunos continúan en funciones. “A estas personas les explotó una escuela frente a sus ojos y nadie decidió iniciar un sumario. Se abroquelaron en defenderse a muerte y desde los superiores jerárquicos. ¿Por qué se dio la orden de pago con posterioridad a la explosión? No hubo un gesto de frenar e investigar”, señaló Kosovsky.
El abogado querellante marcó que los funcionarios involucrados debieron ser puestos “en situación de sospecha, no de defensa” y subrayó: “Es una cultura institucional de desidia, que está tolerada y aceptada porque nadie los controla”.
El hecho
El 29 de junio, Francés y su sobrino Spinedi llegaron a la escuela para realizar tareas vinculadas a la instalación de gas y la verificación del funcionamiento de calefactores. Alrededor de las 13.50, ambos -junto a la docente Jara- fueron hacia un ambiente destinado al albergue de niñas. Apenas ingresaron se produjo una deflagración y posterior incendio.
Francés y Spinedi sufrieron quemaduras y fallecieron en forma inmediata. En el caso de Jara, logró salir por una ventana y sufrió graves quemaduras. Inicialmente, fue asistida y trasladada al hospital Casto Rendón. Luego fue derivada al hospital Lagomaggiore de Mendoza, donde falleció el 12 de julio de 2021.
Los acusados y los delitos
- Diego Bulgheroni. Representante técnico de la empresa Arte Construcciones. Acusado por Estrago culposo agravado en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
- Héctor Villanueva. Socio gerente de la empresa Arte Construcciones. Acusado por Estrago culposo agravado por su resultado muerte en concurso real con administración fraudulenta.
- Roberto Deza. Subsecretario de Obras Públicas. Acusado por Administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
- Raúl Capdevila. Director provincial de Obras Públicas. Acusado por Estrago culposo agravado en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
- Carlos Córdoba. Director de Obras Públicas. Acusado por Estrago culposo agravado en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
- Sergio Percat. Director de Obras Contratadas. Acusado por Estrago culposo agravado en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real concurso real con falsificación ideológica de documento público.
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