Docente monotributista cobraba los créditos del Procrear y no les terminaba la casa: la denuncia de una pareja de Neuquén

El sueño de la casa propia financiada con crédito Procrear terminó en una estructura abandonada y un juicio que pone el foco en una presunta “empresa fantasma”, por parte de un docente que facturaba como monotributista en Neuquén.

Una joven pareja demandó por incumplimiento contractual y daños y perjuicios a un constructor que se presentaba bajo el nombre comercial “RHINO Diseño y Construcción”, pero que en los hechos operaría como monotributista y sin una sociedad formal constituida. El hombre, además, es docente de una escuela técnica de Centenario.

La obra debía entregarse en modalidad “llave en mano” en un plazo de seis a ocho meses. El contrato -de la vivienda modelo “AIME” del programa Procrear- fue firmado el 11 de junio de 2022. Casi dos años después, el avance real no supera el 30% y en medio hubo mediaciones que fracasaron.

Casa Procrear

Según relató Zaira Riera, una de las damnificados, el acuerdo inicial era por una vivienda de 60 metros cuadrados en el Distrito VII de Neuquén. Sin embargo, en el contrato definitivo la superficie figura como de 120 metros cuadrados, con una enmienda que modificó el metraje y el cálculo total de la obra.

Procrear: ¿un contrato "adulterado"?

“Son 60 metros cuadrados. Después aparecieron 120 metros en el contrato y de ahí estaba mal, incluso en la demanda inicial que se presentó", explicó.

El valor pactado en su momento con el constructor fue de 5.500.000 pesos, calculado a razón de 78.600 pesos por metro cuadrado. Del total, la pareja abonó 4.555.000 pesos, es decir el 97% del contrato.

El financiamiento provenía del crédito Procrear a través del Banco Hipotecario, que liberó 4.300.000 pesos y retuvo el 5% final sujeto a certificación de avance de obra. Como la vivienda no se terminó en plazo, ese porcentaje nunca fue liberado y se notificaron penalidades por incumplimiento.

procrear

Hoy la construcción presenta únicamente paredes y encadenado. No hay contrapiso, no hay losa, no hay instalaciones eléctricas, sanitarias ni de gas. Tampoco aberturas, revoques ni terminaciones.

“Estuvo un año y medio y nunca la terminó. Siempre tenía problemas con los albañiles. Después dejaron de ir y empezaron a robarse las cosas del patio”, relató Saida, que tenía 23 años cuando firmaron el contrato.

La pareja conoció al constructor a través de un familiar. Lo eligieron porque estaba trabajando con viviendas Procrear en la zona y mostraba obras en ejecución. “No conocíamos a nadie más. Trabajábamos todo el día y necesitábamos que alguien nos hiciera la casa completa”, explicó.

La tarjeta del Procrear y los pagos en mano

Un punto llamativo del caso es la modalidad de pago. Según los denunciantes, el constructor solicitaba adelantos constantes y en algunos casos pedía que le entregaran las tarjetas vinculadas al crédito Procrear para realizar compras de materiales con supuestos descuentos.

Otros pagos se realizaban en efectivo o mediante transferencias directas. “Le hacíamos los pagos en mano, afuera de la EPET o en Centenario. Decía que con la tarjeta le hacían más descuento y era mucha plata”, contó ZAira, quien dijo eque en principoio el docente se presentaba como "arquitecto", pero que después conocieron que era maestro Mayor de Obras.

La demanda sostiene que la firma comercial con la que operaba no tendría respaldo societario ni inscripción formal, lo que podría configurar una maniobra engañosa si se comprueba que captaba clientes bajo la apariencia de una empresa estructurada que en realidad no existía.

Casa Procrear Distrito VII

Además, los damnificados aseguran que habría al menos otras dos familias en condiciones similares.

Antes de judicializar el conflicto, la pareja intentó llegar a un acuerdo. Hubo tres mediaciones. Según su versión, la propuesta fue devolver un millón de pesos cuando solo la losa tendría un costo cercano a los cuatro millones. “No quiso dar el brazo a torcer”, sostuvieron.

La demanda reclama 30 millones de pesos en concepto de daño material para poder terminar la vivienda, 5 millones por daño moral, 5 millones por daño psicológico y 8 millones por lucro cesante -incluyendo alquileres, servicios y multas bancarias-, lo que totaliza 48 millones de pesos. También se solicitó un embargo preventivo por 10 millones ante el riesgo de insolvencia.

El otro conflicto: casi pierden el juicio

El caso tuvo un giro inesperado cuando los damnificados descubrieron que la primera abogada que contrataron habría presentado mal la demanda y dejado vencer plazos procesales. “La demanda la metió mal. Puso 120 metros cuadrados cuando no eran. No movía el expediente. Nos avisaron que nos quedaban dos semanas y casi perdemos el caso”, relató Zaira.

Según su testimonio, la profesional tendría vínculo previo con la abogada de la contraparte. Tras cambiar de representación legal, lograron reencauzar el proceso.

El caso abre interrogantes sobre los controles en la ejecución de obras financiadas con créditos estatales cuando el vínculo contractual queda exclusivamente en manos privadas.

El expediente avanza en el fuero civil y no se descartan acciones penales. En el Distrito VII solo quedaron paredes levantadas.

El sueño de la casa propia, por ahora, es apenas una estructura a medio hacer y una causa judicial que busca determinar si hubo simple incumplimiento o algo más.