El día que Neuquén era un infierno se armó el desvío a Viento Sur: una fecha clave y el nexo con Ricardo Soiza

Detrás de la investigación a la Cooperativa Viento Sur hay un nexo directo con la causa planes sociales, defraudación por la cual 19 personas van a juicio, entre ellos funcionarios de alto rango del gobierno de Omar Gutiérrez, por desviar más de 153 millones de pesos durante dos años.

La piedra filosofal entre ambos casos es Ricardo Soiza, quien estuvo a cargo de la Dirección Provincial de Planes Sociales y está imputado por ser uno de los cabecillas de la organización criminal que estafó al Estado desviando fondos que estaban destinados a personas sin trabajo.

Pero para que entiendan debemos rebobinar, como lo ha hecho la fiscalía de Delitos Económicos que sigue avanzando en ambas causas.

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Omar Novoa

Neuquén era un infierno

A principios de agosto de 2022 salió a la luz que se investigaba una causa por presunta estafa en el manejo de planes sociales. El 17 de agosto, LMNeuquén reveló que la maniobra incluía punteros políticos, tarjetas de planes sociales y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. Ricardo Soiza leyó la nota e intuyó que estaba complicado.

Al día siguiente, Neuquén era un infierno. Las organizaciones sociales copaban las calles céntricas realizando acampes y solicitando puestos de trabajo, planes y más fondos para asistencia alimentaria.

En paralelo, el fiscal de Delitos Económicos Juan Manuel Narváez, junto con personal del departamento de Delitos Económicos de la Policía, concretó un allanamiento en Rivadavia 42, en pleno centro neuquino, y se dirigió al sexto piso donde funciona la Dirección de Planes Sociales.

Si Neuquén era un infierno, Soiza estaba en el noveno círculo que es un lugar desolado destinado a los traidores, según contó Dante en la Divina Comedia. Pero Soiza sabía manejarse en aguas turbulentas y supo qué hacer. Esto es lo que sospechan los investigadores que han repasado toda la causa planes sociales y ahora trabajan sobre el expediente de Viento Sur.

Ricardo Soiza audiencia planes sociales

Claudio Espinoza

El desvío de Soiza

Como dijimos, Ricardo Soiza no es un improvisado en materia de emergencias. Cuando intuyó que “planes sociales” se habían complicado, supo que la investigación judicial y las auditorias obligarían a cerrar el grifo, por lo que aprovechó la coyuntura para generar un plan B.

Ese mismo 17 de agosto, cuando ardía la calle y la Dirección de Planes Sociales, se arregló con la Cooperativa Viento Sur, cuyo líder es Diego Mauro, un plan de capacitación por 1.100 millones de pesos. La fecha figura en la documentación del expediente que investiga la fiscalía de Delitos Económicos donde están los convenios que se firmaron.

“Taparon una boca de expendio y abrieron otra diez veces más grande. ¿Qué capacitaron, astronautas?”, confió una fuente a LMNeuquén en estos días.

A nivel de números, nuestro informante da un dato muy preciso porque la causa “planes sociales” asciende a poco más de 153 millones de pesos y las capacitaciones de Viento Sur supera los 1.100 millones de pesos de acuerdo con los últimos guarismos confirmados a principios de semana.

La cuenta es así: el monto denunciado es por el periodo que va de enero a diciembre de 2023, pero ahora se descubrió que los fondos se comenzaron a aportar a partir de septiembre de 2022, por lo que se estima una cifra superior a los 1.200 millones de pesos.

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La fiscalía de Delitos Económicos está a cargo de la invetigación de los manejos de la Cooperativa Viento Sur y otras organizaciones sociales.

Viento Sur y el Santo Grial

Siempre con datos confirmados en la mano, LMNeuquén supo que la nómina que presentaba cada mes Viento Sur para cobrar el dinero que les entregaba el Gobierno era de unas 300 personas.

“Los que cobraban eran casi siempre los mismos, por ahí iban variando la nómina con gente que se le daba de baja y otra de alta. Comenzaron cobrando en promedio unos 80 mil pesos y terminaron, al momento de la denuncia, en 170 mil pesos”, reveló la fuente.

Dentro de ese esquema no todos cobraban lo mismo, había algunos que recibían más por hacer la parte administrativa, otros que eran mano de obra cobraban un poco menos y los más cercanos cobraban más que el resto.

Lo que nunca acreditó la cooperativa fue las capacitaciones que se debían dictar. Nadie del Gobierno de Omar Gutiérrez controló las capacitaciones. Nadie les pidió que demostraran que se dictaba un curso de tal o cual tema y que había un disertante.

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Sebastián Fariña Petersen

De hecho, Germán Chapino, quien sucedió en el cargo al ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca, que se retiró antes de que lo acusaran por asociación ilícita y defraudación al Estado, supo decir que se controló que la gente no recibiera un plan social por otro lado. Por lo dicho, nunca averiguaron más allá o ya sabían lo que había y por eso avanzaron. Todo es materia de sospecha.

La hipótesis central de la fiscalía es que las capacitaciones eran un bluf y se les pagaba a los integrantes una suerte de plan social de acuerdo con el rol que tenían dentro de la organización, las tareas que cumplían y la participación en eventos.

Inclusive, con esos fondos sin control, se habrían comprado vehículos, terrenos, y construido supuestas sedes.

Todo esto debería estar en la contabilidad de la Cooperativa Viento Sur, que en la actualidad es el Santo Grial de la organización. Ni una intimación de la fiscalía de Estado sirvió para que la cooperativa entregara la información que hoy se busca mediante sendos allanamientos.