Explosión en Aguada San Roque: dos días de tensión en los alegatos finales

Terminó el juicio: en cinco días los jueces darán el veredicto

El juicio por la explosión y muerte en la Escuela de Aguada San Roque terminó, luego de 11 días de audiencias y dos de alegatos.

Culminó cerca de las 13 en Cutral Co y en cinco días, el próximo martes a las 12, el tribunal compuesto por los jueces Maximiliano Bagnat, Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo, tomarán una decisión sobre la responsabilidad de los imputados.

“Tomaremos cinco días para dar el veredicto, se va a dar la audiencia por Zoom. Es una comunicación en la virtualidad”, sostuvo el juez Bagnat.

Anticipó además que tras el veredicto, habrá 10 días de argumentaciones, por lo que luego se conocerá si hay o no pena para los acusados.

La defensa de un alto funcionario: "Había confianza en el equipo"

Martín Segovia, abogado del exsubsecretario de Obras Públicas, Roberto Deza, tuvo su tiempo de alegato y desprendió a su defendido de la trama de la explosión. Sostuvo que no hay pruebas y que su equipo de trabajo "se basa en un principio de confianza".

“Se habla de la corrupción mata, que esto y aquello, pero no informaron qué hecho quedó probado ni con qué prueba. Sobre este hecho hay una austeridad absoluta y no quiero entrar en repeticiones”, dijo.

Juicio por explosion escuela Aguada San Roque

Martín Segovia, abogado del exsubsecretario de Obras Públicas, Roberto Deza.

Sebastián Fariña Petersen

Y acotó: “Descargar la responsabilidad propia de la función de Deza sobre el resto del equipo, existe el principio de confianza, en esta miniestructura que pude organizar, esta es el orden jerárquico, está en la punta de la pirámide y controlado por dos entes”.

Segovia dijo que “si Deza habla que su grupo de gente trabajan juntos hace 20 años y que no han tenido ninguna dificultad ni algo que le llama la atención, porque debía desconfiar de su equipo de trabajo”.

“El límite del principio de confianza es que alguien se está manejando por fuera de la ley”, concluyó.

Filosa abogada: la directora y la muerte de Mónica Jara

Melina Pozzer, la defensora del arquitecto y representante técnico de Arte Construcciones, Diego Bulgheroni, cargó contra la directora de la Escuela 144, Martha Báez, como la responsable de no haber cortado las clases el día de la explosión.

“La escuela estaba en obra y esto Martha lo sabía”, dijo, y agregó que su testimonio tuvo el objetivo de “sensibilizar al tribunal”, con una historia personal, sobre su derrotero educativo.

“No se puede negar que Martha Báez conocía que la escuela estaba en obra, no era una obra de mantenimiento, recorrió con funcionarios las instalaciones”, apuntó la abogada.

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La abogada Melina Pozzer, defensora del arquitecto Diego Bulghueroni.

Claudio Espinoza

Sostuvo que la directora tuvo la visita de Gabriel Potas de Infraestructura del Ministerio de Educación, y que le aclaró que “la escuela estaba en obra, que estaban trabajando y que cuando se entregue la escuela le iban a comunicar”.

Pozzer apuntó contra la directora, al haber firmado un documento junto con el gasista Francés, para que se entregue la escuela, e indicó que ella no tenía facultades para hacerlo.

“Sabía la magnitud de la obra y que se necesitaba saber la entrega de la obra, la autorización por las autoridades correspondientes para reanudar las clases en ese edificio”, sentenció.

La abogada resaltó la responsabilidad que tuvo la directora, de haber hecho una reunión por Zoom una semana antes a la explosión, para comunicarle el regreso a clases. Solo tres docentes aceptaron la presencialidad, y otros, quedaron de medidas de fuerza de ATEN, por el estado de los edificios.

“No se explicó esta manifestación de Martha Báez, que le habría dicho a los docentes sobre la vuelta a la presencialidad y en esa reunión por Zoom no participó la empresa. Tampoco personal del consejo personal de Educación”, indicó.

“Esa decisión que tomó Martha Baez de la vuelta a la presencialidad, la tomó en soledad”, sentenció Pozzer.

La abogada dijo que la directora sabía que las casas de las docentes en la escuela no estaba terminada, y era el lugar donde tendría que haber pasado la noche la docente fallecida, Mónica Jara.

“Sabía que las casas de las docentes no estaban terminadas y no lo comunicó. Tuvo que ubicar a la docente Mónica Jara en el albergue de niñas porque no había camas en la dirección y no pudieron trasladar una cama. No había personal masculino para trasladar la cama, tuvo que ubicarse en ese sector”, indicó.

Pozzer pidió la no responsabilidad penal de Bulgheroni, en el final de su disertación.

“Lamentamos el hechos de que tres personas hayan fallecido en estas circunstancia, y esto tiene que ser una enseñanza para todo, de cómo se hacen las cosas, pero no amparados en esa necesidad hay que declarar culpables a estar personas”, expresó.

Y acotó: “Esta defensa cree que las partes acusadores no superaron los estándares civiles para los hechos. Por eso pedimos la no responsabilidad penal”.

Buscan despegar al empresario de la imputación penal

Iván Chelia, defensor del sociogerente de Arte Construcciones, SRL Héctor Villanueva, la empresa que hizo la ampliación de la Escuela 144 de Aguada San Roque.

El abogado despegó el empresario de la casual de la explosión y muerte de Mónica Jara, el gasista Francés y su sobrino, Marino Spinedi.

Argumentó que dentro del juicio penal hay temas meramente administrativos, de daño, y que a la empresa no le cabe el delito de estrago culposo.

“Existieron irregularidades en la ejecución de la obra, esto no se puede negar, pero esto no impactó en el hecho consumado de la explosión, pese a la responsabilidad que tiene la empresa”, dijo Chelia.

Y acotó: “Son resortes que tienen que canalizarse por vías laborales, y la responsabilidad penal no es objetiva, por eso entiendo que es incorrecta la apreciación”.

Sostuvo además que la contratación de Eduardo Afione “no es prohibida”, pese a las irregularidades si fue autorizada.

En ese sentido, sostuvo que las cuadrillas de Afione no hicieron la obra de gas, sino que ayudaron a temas de mampostería.

“Las sanciones son de carácter administrativo y económicas y no de carácter penal”, concluyó.

Un defensor apuntó contra el gasista: "Él creó el riesgo el día de la explosión"

El defensor Gonzalo Rodríguez abrió la segunda jornada de alegados, con una fuerte defensa al inspector Diego Percat, quien está acusado de “falsedad ideológica”, por la emisión de un certificado de obra final de la Escuela de Aguada San Roque. Pidió la no culpabilidad del imputado.

“No es cierto lo que dice la querella, un certificado es provisional y todos los errores u omisiones se pueden subsanar. El certificado al 100% es un escalón, que después hay nuevas mediciones, es un certificado provisional, según el artículo 64 de la Ley 687 (de Obras Públicas).

“Si el certificado del 100% de obra no es falso, ergo la obra tenía que pagarse. No se puede detener el pago, eso solo es posible con la orden de un juez”, sostuvo, respecto al otro delito que se le imputa, por administración fraudulenta.

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El abogado Gonzalo Rodríguez, defensor del inspector Percat dio los argumentos de la defensa.

Claudio Espinoza

El abogado Rodríguez también se refirió porqué Percat no puede estar dentro del delito de “estrado culposo”, ya que no se sabe cuál fue la causal del incendio ese día. En todo caso, responsabilizó al fallecido gasita Nicolás Francés de haber “creado el riesgo” y no haberlo incrementado.

“Al conectar la línea nueva (de gas)con la vieja, muy probablemente el gasista no sabía que había una boca sin taponar, empezó a fugar, por el trabajo que hicieron el 29 de junio (el día de la explosión), no por otras conductas”, dijo Rodríguez.

Y acotó: “El gasista era una persona idónea en lo teórico, pero en los hechos, ese 29 de junio no se vio la idoneidad que terminó en los papeles”.

Indicó que Francés no actuó cuando le dijeron que se sentía olor a gas, y que prefirió ir al almorzar, sabiendo el riego como matriculado, que ello implica.

La escuela de Aguada San Roque está conectada a gas propano (GLP) y para ser explosivo, según las disertaciones de los peritos, necesita entre 3 y 9 por ciento de concentración de gas en el oxígeno.

“Esa concentración explosiva de gas se pudo concentrar ante la desestimación de esa advertencia. Es contrafáctico, pero si hubiera actuado cuanto antes, no se habría alcanzado esa concentración de gas. Mientras almorzaba permitió esa concentración. Este es un vicio que la acusación viene pasando de largo y la conducta del gasita brilla por su ausencia”, explicó.

Enumeró que “omitió cerrar la llave de gas, ventilar el ambiente y actuó con conducta temeraria que terminó ocasionando este estrago”.

Rodríguez dijo que “en el día de ayer hemos visto un verdadero contorsionismo argumentativo, porque nos hablan de las infracciones del deber de cuidado, y se saltean el paso previo que es cuál fue la causa”.

Y acotó: “No nos hablan del rol que ocupaba el gasista ese día en la obra. Él es el profesional y tenía que haber atendido la cuestión, por más jerárquico que sea, si hubiesen estado todas esas personas ese día en la obra, solo el gasita habría podido actuar”.

Rodríguez sostuvo que el gasista no incrementó el riesgo (como aseguró la querella), sino que “lo creó al conectar el día anterior una línea de gas vieja con la nueva y no haber tapado una boca”.

Segundo día de alegatos

Este martes desde las 9.30 se retomarán los alegatos de cierre con las exposiciones de los cuatro abogados defensores restantes. El gremio docente ATEN inició un paro de 72 horas, que incluye la presencia en las puertas de Ciudad Judicial en Cutral Co.

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ATEN Provincial

Cuarto intermedio hasta el martes

Las conclusiones de las defensas de los distintos acusados continuará este martes por la mañana. Así lo resolvió el tribunal, luego de decidir un cuarto intermedio hasta el martes a las 9:30 de la mañana.

Se espera escuchar las conclusiones de los abogados defensores de Roberto Deza (subsecretario de Obras Públicas), Sergio Percat (director de Obras Contratadas), Diego Bulgheroni (representante técnico de la empresa Arte Construcciones) y Héctor Villanueva (socio gerente de la empresa Arte Construcciones).

Coto pidió la no culpabilidad de los exfuncionarios: las razones

El defensor Juan Manuel Coto pidió la no culpabilidad de los imputados en la causa, el director de Obras Públicas, Carlos Córdoba, y el director provincial de esa cartera, Raúl Capdevila, funcionarios provinciales cuando se produjo la explosión y muerte en la Escuela 144 de Aguada San Roque.

La audiencia pasó a un cuarto intermedio para este martes a las 9, donde se espera que complete la ronda de defensores, al resto de los funcionarios y los empresarios de Arte Construcciones SRL.

Respecto a la acusación sobre estrago culposo, el abogado hizo hincapié en que quien manejaba la fuente de riesgo y peligro de la obra era el mismo gasista Nicolás Francés; el mismo día de la explosión realizó una conexión clandestina en una termotanque.

También se refirió a que el inicio de la explosión, de acuerdo con la interpretación sobre el lugar de la explosión ese día, no fue en el entretecho, sino en la zona baja de las habitaciones. De manera directa asoció el accionar del gasista fallecido con la deflagración.

“Sostuvo que “no hay una definición de las obligaciones de los imputados, por lo cual menos puede haber una imputación objetiva de sus omisiones”.

Además, resaltó que “la conexión del termotanque fue realizada por el gasista de forma clandestina, por lo cual nadie conocía de ella”. Y acotó: “la fuga se produjo cuando conectó el termotanque a la red antigua, el mismo día de la explosión”.

“El gasista matriculado tuvo control de la fuente de riesgo sin haberse conducido conforme a reglas de prudencia en el caso de pérdidas de gas”, sostuvo.

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Sebastián Fariña Petersen

Expresó además que “la ignición no pudo producirse por una falla eléctrica en el cieloraso, debiendo considerarse probable que se haya producido en una de las piezas de los calefactores”.

Respecto a las acusaciones de los funcionarios por administración fraudulenta, Coto dijo que “se atribuyen hechos de naturaleza culposa, pretendiendo una condena por un hecho doloso”.

En su tramo final de la disertación explicó que “el hecho que se les atribuye presupone la existencia de un hecho previo de carácter delictivo”.

Además, cuestionó la acusación sobre el certificado final de la obra de la Escuela 144, que daba oficialmente que el 12 de marzo de 2021 estaba terminada.

“El cien por ciento de avance financiero no es el final de la obra ni presupone la entrega de la misma. Las multas no correspondía que se apliquen y, en su caso, se pueden retener o ejecutar”, explicó.

Y acotó: “Opera en el caso de los acusados el principio de confianza respecto de sus dos dependientes”

Arrancó la defensa: dura crítica a la directora y ATEN

La defensa de los seis imputados por la explosión y muerte en la Escuela 144 de Aguada San Roque comenzó con una dura acusación del abogado de dos funcionarios, Juan Manuel Coto, contra quienes cree que son los responsables: la directora Martha Báez y el gasista Nicolás Francés, este último, fallecido durante la explosión.

“Cómo es la negación, como la mente humana, niega hechos, para la provincia, incluso para los seres queridos”, dijo Coto, que patrocina a Carlos Córdoba, director de Obras Públicas, y Raúl Capdevilla quien estaba en la dirección provincial de ese sector del Estado.

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El abogado Juan Manuel Coto hablando con sus dos defendidos.

Sebastián Fariña Petersen

Y acotó: “Incluso en los medios de comunicación no cuentan toda la historia, pero la acusación invisibilizó una serie de hechos que son innegables, algo que el gasista matriculado estaba trabajado en la fuente de riesgo (un calefactor)”.

“Esto es un hecho y se tenía que explicar y Mariano Spinedi (víctima de la explosión) era familiar del gasista, estaba ahí por otra razón totalmente distinta. Y Mónica Jara estaba (en la habitación de las niñas) por una decisión de la directora”, sostuvo Coto.

Dijo que la directora Báez “en definitiva, no estaba en sus funciones la obra de gas y firmó esa nota (de la autorización para dar clases).

“Nos parece llamativo, la conducta de una de las partes y ATEN, que lo cierto es que la señora Fanny Mansilla que dijo que para la época de pandemia tenían relevadas todas las escuelas de la provincia, y en este informe no está registrado”, explicó.

Recordó además cómo fue el manejo de la pandemia, que derivó en normas y medidas en la provincia de Neuquén. "La dureza con la que empezó la pandemia y lo que terminó desdibujándose y eso terminó repercutiendo en normas locales. "Ahora el gobierno de Alberto Fernández es recordado por otra cosa”, señaló.

"Tenemos que recordar que para cuando se comenzaba el ciclo lectivo el 18 de marzo se dispone un ASPO (cuarentena estricta), esta señora antes de eso tomó la decisión de no dar clases".

"No voy a culpar a la directora, pero interpretó mal una serie de normas y a nuestro criterio, de manera equivocada", indicó, respecto al aval que dio el 23 de junio, antes de la explosión, dando el consentimiento de que la obra estaba concluida.

"Firmó tres y ninguno tenía la firma de la empresa y ella conociendo esto no cambia de decisión", indicó.

Roa Moreno: "Sabían lo que hacían, era un desastre evitable"

El abogado querellante Emanuel Roa Moreno dio una detallada exposición sobre las omisiones técnicas y de los que “infringieron su propio deber” en la obra de la Escuela 144 de Aguada San Roque. En el marco del presunto delito de “estrago culposo.”

Se refirió puntualmente a qué rol cumplía cada uno de los funcionarios y la empresa, para garantizar el “deber de cuidado” en la obra.

“Este desastre era completamente evitable para cada una de las víctimas. No cumplieron y el resultado del estrago se dio, y es el estrago de la explosión y con el resultado de muerte”, explicó.

Dijo que querer exonerarse de la responsabilidad atribuyendo la culpa al gasista Nicolás Francés no es válido y tampoco conocer dónde comenzó la chispa del incendio.

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“La desidia es que lo que tuvieron que hacer no lo hicieron, es por eso que sumando a lo ya argumentado por mis colegas, a lo que respecta al estrago culposo, vamos a pedir la declaración de responsabilidad”, expresó el querellante.

Respecto al delito de fraude contra la administración pública, por el que se acusan a los exfuncionarios provinciales, sostuvo que “es doloso”, ya que “sabían lo que hacían”.

“El ingeniero Percat (inspector) firma el acta junto al ingeniero Bulgheroni (arquitecto de Arte Construcciones) que afirma que eso fue así. El 23 de marzo el ingeniero Percat baja el parquímetro y dice que la obra está al cien por ciento, pero después hay actas de marzo y de abril”, detallo Roa Moreno.

Sostuvo que en la causa se ventiló un audio de una mujer, que ocupaba un órgano de contralor, a modo de explicación hacia el director provincial de Obras Públicas, Raúl Capdevila.

“Hay que ser bien claros en las actas. Porque después tenemos estos problemas también con la redeterminación (de precios) y todo. Y queda evidente. Quedan desprolijas las cosas. Ya lo hemos hablado. Por favor, chicos, por favor. Si no, yo voy a empezar a devolver actas con informe”, decía el audio.

Federico Egea: "La corrupción mata, señores jueces"

El abogado querellante Federico Egea fue duro al final de su disertación en el alegato, después de este mediodía, y habló del “consentimiento de tareas” que se hicieron en la obra de la Escuela de Aguda San Roque, que terminaron en la tragedia.

“No se puede dar una carta blanca para hacer lo que quieras, es una escuela, no estamos hablando de que es la casa tuya, hay chicos, docentes, auxiliares”, dijo.

El abogado concluyó con una frase que se extiende en el juicio por parte de ATEN, con una pancarta que fue colgada en la fachada de Ciudad Judicial: “La corrupción mata, señores jueces”.

"No pensemos solo la corrupción en sinónimos de dinero", dijo respecto a los incumplimientos y las omisiones durante la obra.

Una obra "en negro" para abaratar costos

Luego de un cuarto intermedio, el alegato siguió con la querella que representa a ATEN, por pare del abogado Federico Egea, quien puso el foco en las irregularidades que tuvo Arte Construcciones SRL, en subcontratar a Eduardo “Huevo” Afione.

“La empresa abarata costos subcontratando y a la vez pone operarios que la desarrollaron en negro. ¿Para qué?, para hacer una obra de menor costo”, sostuvo el abogado querellante.

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El abogado querellante Federico Egea putualizó en el rol de garante de los exfuncionarios y detalles de las irregularidades de la subcontratacón de la obra de Aguada San Roque.

Sebastián Fariña Petersen

Egea indicó que “los funcionarios de Obra Públicas eran consientes de esto porque forman parte de una red, donde ya prevén la subcontratación como una excepción”.

El abogado puso el foco en el entramado que hay detrás de la obra pública, donde los funcionarios no garantizan el cumplimiento de los pliegos “para después salir a subcontratar a Juan de los Palotes”.

Nos cumplen con el contrato ni con el deber legal de controlar. El plano conforme a obra no se hizo nunca, el plano no representaba la instalaciones existente y no pudo ser aprobado. Iniciamos una obra sin saber dónde estaba el caño”, indicó.

Sostuvo que no se realizaron las inspecciones, conforme con lo que indica el pliego de la obra. Se necesita una inspección y prueba de hermeticidad antes de tapar la cañería, algo que no se hizo en la obra de la Escuela 144 de Aguada San Roque. Y el mismo día de inicio de clases, el colegió explotó.

Sotuvo que los excuncionarios sos garantes para evitar que se incremente el riesgo de peligro. Y en este caso no lo hicieron, por las omisiones, en ls controles, irregulariddes en la presentación de planos y obligacones de inspección por el pliego.

Exfuncionarios: autorizaron el pago de la obra tras las muertes

El fiscal Liotard avanzó en su alegatos sobre la responsabilidad de los exfuncionarios provinciales de Obras Públicas y los empresarios de Arte Construcciones SRL, responsables fácticos de ejecutar la obra de la escuela y cumplir el pliego.

“Fue un concreto de negligencias y es insostenible que quieran cargar de la responsabilidad a la directora Martha Baez o al gasista Nicolás Francés, dijo el fiscal en una parte de su alegato.

A los imputados se los acusa de estrago culposo, administración fraudulenta y falsedad ideológica, sobre todo por haber introducido un “documento falso” en el expediente de la obra de la escuela, para que la empresa pudiera cobrar el final de los trabajos, sin que el establecimiento esté terminado.

La postal aérea tomada ayer demuestra el estado en el que permanece la Escuela 144 de Aguada San Roque a un año de la explosión que todavía investiga a fuego lento la Justicia.

La postal aérea de junio 2022 mostraba el estado de la Escuela 144 de Aguada San Roque a un año de la explosión.

Se los acusa de haber emitido el 12 de marzo de 2021, un certificado al 100% de la obra pública, “sabiendo que Percat (Sergio, director de Obras Contratadas) no había sido inspeccionada, y que dijo que haber estado de manera presencial en la inspección, cuando en realidad estuvo en Neuquén”.

Y acotó: “Estos hechos se dieron cuando a esa fecha, los operarios aún estaba trabajando”.

Según el fiscal, la empresas cobró el final de obra, incluso cuando la escuela ya había tenido el incidente de la explosión con las tres muertes.

A Héctor Villanueva, socio gerente de Arte Construcciones SRL, el fiscal comprobó la relación que tuvo con los exfuncionarios provinciales. A Raúl Capdevilla, exdirector provincial de Obras Públicas se lo acusa de “no haber verificado el final de obra, que se midió el 12 de marzo, y no haber controlado a Percat, designado como inspector de obra en la escuela”.

Liotard deslizó que tampoco “presenció las tareas de inspección, de pruebas de hermeticidad de gas, y exigido planos, conforme a obras, ni verificó que los planos se correspondieran con la realidad”.

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Alvaro Nanton

En este sentido, su descripción de las omisiones fue contundente: “Estas conductas derivaron en la explosión, el incendio, la muerte de las tres víctimas y el incendio del colegio”.

Al director general de Obras Públicas, Carlos Córdoba también se le atribuye “no haber realizado diligentemente las tareas de inspección y controlar el material de la obra”, entre muchos aspectos.

Roberto Deza era subsecretario de Obras Públicas al momento de la explosión de la escuela de Aguada San Roque, y se le atribuye haber certificado “falsamente” el 100% de la obra del colegio, que también fue medida el 12 de marzo, para que la compañía pudiera cobrar, en uno de los certificados, 533.217 pesos. “La certificación era falsa”, dijo Liotard.

“Ya tenemos el rol que le cupo a cada uno, y pruebas que no merecen ni siquiera ataque, y en definitiva todos omitieron las acciones necesarias por el peligro existente de explosión de la escuela”, dijo.

Y acotó: “Estaban obligados a supervisar una situación de peligro”.

Liotard también tuvo un duro mensaje contra quienes se excluyeron de la responsabilidad, habiendo sido funcionarios en ese momento, como el Vocal de Nivel Inicial, Primaria y Especial por del Consejo Provincial de Educación (CPE), Danilo Casanova, quien sostuvo que las escuelas rurales volvieron a la presencialidad por la resolución 440/21.

“El argumento de Cananova, es falaz. Señor Casanova... ¿usted dónde trabajaba, en Mercado Pago? Es insostenible esa exclusión de responsabilidad.

Fiscal Liotard: "Generaron un estado de peligro para la vida"

Luego de un cuarto intermedio, la fiscal del caso, Gabriela Macaya, leyó las 25 convenciones probatorias de la causa, con los allanamientos, datos y distintos procedimientos que se realizaron en estos años, sobre todo después del 29 de junio de 2021, el día de la explosión.

Se leyeron los allanamientos en la Escuela 144, las oficinas de Obras Públicas, la casa del subcontratista de la obra, y el Consejo Provincial de Educación, la dirección de Infraestructura y la incautación de los celulares de los imputados, entre otras diligencias.

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El fiscal jefe Gastón Liotard.

Claudio Espinoza

El fiscal jefe, Gastón Liotard, justificó porqué pide una condena de “estrago culposo”, que son “daños de grandes proporciones que afecten a las cosas o personas”.

Liotard apeló a una metáfora filosófica para graficar el rol del estado en el “estrago culposo” y el riesgo al que pusieron a la comunidad educativa.

“La frase se le atribuye a Platón, pero es de Juvenal y es ‘quien custodia a los custodios’. Que hacían ni más ni menos una crítica a los estados de esa época”.

“A quién le damos nosotros poder para custodiar la sociedad, porque los bienes que deben custodiar los custodios no son materiales, sino inmateriales como la salud, la educación y la vida”, indicó.

El fiscal dijo que “las pruebas han tenido suma contundencia, mucho de lo fáctico no hay para discutir”. Y acotó: “Creemos que todo se reduce, a si cometieron o no cometieron estrago”.

Sostuvo que con las conductas de los imputados, “se provocó un estado de peligro que afectó la salud y la vida”.

“Afione (Eduardo, subcontratista de Arte Construcciones SRL) nunca pudo ser contratado, eso lo determinaba el pliego, y tampoco hay dudas que la obra no estaba terminada. Hay un juego perverso con el juego tratado con las obras adicionales, y oscuro, porque nada preveía lo que estaba haciendo Francés (el gasista), que son un comodín para intentar probar cosas que no se pudieron probar”, indicó.

Alegatos, transmisión en vivo

Expectativa de la Fiscalía

El fiscal Gastón Liotard espera que el tribunal declare culpables a exfuncionarios del gobierno provincial, que estaban en lugares clave de Obras Públicas, y a los representantes de Arte Construcciones, la empresa encargada de la ampliación de la escuela albergue, donde fallecieron la docente Mónica Jara, el gasista Nicolás Francés y su sobrino, Mariano Spinedi.

"En lo que hace a la evidencia que fuimos recolectando, creemos que el caso va a estar suficientemente probado para pedir la responsabilidad de los imputados", dijo Liotard, que trabajó junto a la fiscal del caso, Gabriela Macaya.

Juicio fiscalia por explosion escuela Aguada San Roque

Sebastián Fariña Petersen

Dos semanas de testimonios

Fueron diez audiencias realizadas en la Sala 12 de la Oficina Penal de Ciudad Judicial de Neuquén, donde inicialmente eran 108 testigos, pero que no declararon más de 40, por las convenciones probatorias, en acuerdos entre los jueces y abogados.

Los acusados son Roberto Deza (subsecretario de Obras Públicas), Raúl Capdevila (director provincial de Obras Públicas), Carlos Córdoba (director de Obras Públicas), Sergio Percat (director de Obras Contratadas), Diego Bulgheroni (representante técnico de la empresa Arte Construcciones) y Héctor Villanueva (socio gerente de la empresa Arte Construcciones). Los abogados defensores son Juan Manuel Coto, Gonzalo Rodríguez, Martín Segovia, Iván Chelia y Melina Pozzer.

La querella del gremio docente ATEN representa a las familias de Jara y Spinedi, y está a cargo de los abogados Darío Kosovsky y Emanuel Roa Moreno; mientras que Federico Egea representa a la familia de Francés.

El tribual está compuesto por los jueces Maximiliano Bagnat, Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo.