La alumna sufría hostigamiento reiterado por parte de compañeros. La jueza dispuso la intervención del Ministerio de Educación y del sistema de salud.
La problemática del Bullying sigue siendo materia de preocupación.
Un caso de hostigamiento escolar que afectaba a una nena de 11 años derivó en una grave crisis emocional y terminó con la niña internada por conductas autolesivas. Ante ese escenario, la Justicia ordenó la intervención urgente del Ministerio de Educación y dispuso una serie de medidas para garantizar su protección dentro del ámbito escolar.
La resolución fue dictada por la jueza de Familia de la IV Circunscripción, Eliana Fortbetil, luego de analizar la situación que atravesaba la estudiante, quien debió ser hospitalizada de manera involuntaria tras presentar autolesiones severas y pensamientos suicidas.
Según se desprende del fallo judicial, la niña venía siendo víctima de burlas y agresiones verbales reiteradas por parte de compañeros de la escuela a la que asiste. Los ataques estaban dirigidos principalmente a su apariencia física y se habrían sostenido durante un tiempo prolongado, generando un fuerte impacto emocional.
El cuadro que presentaba la menor fue descrito por los profesionales de salud como preocupante. Durante la internación se detectaron signos de angustia profunda, retraimiento, falta de motivación y un deterioro emocional persistente.
De acuerdo con los especialistas que intervinieron, la internación fue la única alternativa terapéutica posible en ese momento, debido al riesgo cierto que representaban las conductas autolesivas y la ideación suicida.
A partir de esa situación, la jueza resolvió ordenar la intervención de distintos organismos para atender de manera integral el caso.
El rol de la escuela y equipos especializados
En su resolución, la magistrada también puso el foco en la respuesta del ámbito educativo frente a lo ocurrido. En el fallo se advierte que la intervención institucional habría sido insuficiente frente a los episodios de violencia escolar que sufría la niña.
Por ese motivo, la escuela deberá presentar un informe detallando qué acciones se tomaron hasta ahora y qué medidas concretas se implementarán para abordar la situación. Además, la institución tendrá que elaborar un plan de trabajo destinado a mejorar la convivencia escolar y prevenir nuevos hechos de hostigamiento entre estudiantes.
La Justicia también solicitó que intervengan equipos técnicos especializados en convivencia escolar para acompañar el proceso dentro de la institución educativa. El objetivo es analizar las dinámicas que se generaron entre los estudiantes y aplicar herramientas que permitan reconstruir el clima escolar, evitando que situaciones similares vuelvan a repetirse.
Dentro de las acciones previstas, también se incluye la implementación de prácticas restaurativas con los alumnos involucrados en los episodios de hostigamiento.
Estas instancias, que deberán desarrollarse con la participación de profesionales, apuntan a visibilizar el daño causado, promover la responsabilidad de quienes participaron en las agresiones y generar espacios de reparación.
Evaluación psiquiátrica
En paralelo, la jueza solicitó la intervención del Ministerio de Salud provincial para que un especialista en psiquiatría infantojuvenil realice una evaluación integral de la niña. La intención es garantizar el acompañamiento profesional necesario para abordar las consecuencias emocionales que dejó la situación vivida dentro del ámbito escolar.
Otro punto señalado en la resolución tiene que ver con una solicitud que la familia había presentado ante la escuela: el cambio de turno de la alumna. Según se indicó en el fallo, ese pedido no había tenido respuesta institucional, por lo que la jueza ordenó que se dé una respuesta inmediata a esa solicitud.
En su análisis, la magistrada también expresó preocupación por la naturalización de ciertas conductas autolesivas entre adolescentes y por los riesgos que pueden generarse cuando estos comportamientos circulan dentro de los grupos de pares.
Según sostuvo, los indicadores relevados en este caso muestran un escenario de extrema vulnerabilidad que exige una intervención rápida y coordinada entre el sistema educativo y el sistema de salud.
Finalmente, la jueza recordó que el derecho a la vida, a la salud mental y al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes está garantizado por la Convención sobre los Derechos del Niño y por la Ley Nacional 26.061.
En ese marco, subrayó que las instituciones educativas tienen una responsabilidad central en la detección temprana y el abordaje de situaciones de violencia escolar, para evitar que conflictos entre estudiantes escalen hasta poner en riesgo la salud y la integridad de quienes los padecen.
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