Las pistas del cobro de cuotas de las organizaciones sociales de Neuquén a beneficiarios
La Fiscalía avanza en la investigación de las denuncias por presuntos descuentos de los dirigentes de las entidades a los destinatarios de ayuda social.
En el entramado de la investigación contra el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Libres del Sur por el manejo de fondos públicos se mezclaron testimonios de beneficiarios de planes sociales o bolsones de comida que dijeron haberse sometido al descuento de una cuota y ser parte de manifestaciones de protesta a cambio de la asistencia. La Fiscalía busca avanzar en esa línea, mientras espera nuevos testigos.
El caso saltó a la superficie con la concreción de una serie de allanamientos el pasado viernes 12 de julio en domicilios de las organizaciones y de algunos de sus dirigentes. El fiscal Pablo Vignaroli encabezó las actuaciones y decidió con los elementos recolectados avanzar en la recaudación de pruebas sobre dos delitos: el desvío de fondos públicos a fines particulares y el cobro de cuota a los beneficiarios planes.
Trascendió de fuentes judiciales que en la causa hay indicios claros para suponer un modus operandi similar en el interior de las dos organizaciones respecto al montaje de un presunto sistema de recaudación en base a la quita de parte de los beneficios a los destinatarios para quienes los gestionaban.
La causa se tramita bajo el supuesto de la comisión de los delitos administración fraudulenta y fraude. Empezó con una denuncia por manejos irregulares de un stock de pollos para las familias desfavorecidas, pero la magnitud del operativo coordinado para allanar más de diez locaciones al mismo tiempo describe un caso mayor detrás de las sospechas del Ministerio Público.
Las sospechas del caso en Neuquén
El exministro de Desarrollo Social, Germán Chapino, no está exento de la investigación. Como los dirigentes de las organizaciones investigadas, el ex funcionario se despegó del caso asegurando que todos los fondos sociales que se canalizaron por el FOL y Libres del Sur fueron sometidos a todos los controles previstos por las leyes.
Diego Mauro, del FOL, y Gladys Aballay, de Libres del Sur, son quienes se ubican más alto en la pirámide de sus organizaciones entre los apuntados en principio como presuntos involucrados en maniobras para quedarse con plata de los planes sociales.
Un método de las organizaciones sociales en la mira
Vignaroli había señalado que en Libres del Sur "se les cobraba todos los meses una cuota a los beneficiarios, quienes debían concretarlo con una persona de la organización, que a su vez rendía cuentas a un supervisor que estaba por encima en la escala jerárquica de la organización", además de que los beneficiarios "eran obligados a concurrir a manifestaciones en las que les tomaban asistencia en el comienzo y el final".
El fiscal se basa en declaraciones de testigos que dijeron haber tenido descuentos en los beneficios del orden de los 1500 y 3000 pesos por mes y la obligación de ir a una determinada cantidad de marchas y actos. La presencialidad en actos políticos tenía premio en bolsones de comida, según trascendió de las testimoniales obrantes en el expediente.
En el caso del FOL, la sospecha es que la exigencia a quienes recibieron planes, además del diez por ciento del monto total, era la presencia en tres manifestaciones. El FOL es una de las organizaciones con más despliegue de protestas en las calles en los últimos años. La Fiscalía investiga si tiene que ver con la exigencia de presencialidad a los beneficiarios de su intermediación.
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