Todos los fondos del Estado a disposición de la campaña
El ministro Massa lanzó una nueva edición del "Plan Platita" para intentar llegar a las elecciones de octubre con alguna chance. Sin respaldo genuino, las medidas acelerarán el proceso inflacionario. Desde Nueva York salió la sentencia por YPF: el Gobierno terminará pagando 10 veces más el valor del 51% de las acciones expropiadas. Negocio ruinoso.
Argentina, en ciertos momentos, se vuelve incierta, incomprensible. Un día nos encontramos con un Gobierno que anuncia una huelga a la oposición. “Hoy hicimos en todo el país un paro activo de 30 minutos con asambleas en defensa de la obra pública, para cuidar el laburo de los trabajadores y trabajadoras de la construcción”, revelaba en las redes sociales el ministro del área, Gabriel Katopodis, a través de un video en donde se lo veía intentando convencer a unos obreros para que voten al Gobierno, quienes atónitos escuchaban la propuesta del funcionario, al lado de una zanja, pala en mano, en una de las calles del conurbano bonaerense.
Dos preguntas surgen de este singular y único momento. La primera: ¿Cómo un ministro, al que todos los argentinos le pagamos un sueldo, toma la decisión partidista de hacer un paro sobre algo que probablemente no ocurrirá? Como mínimo, extraño. La segunda: ¿Cómo es posible que un funcionario utilice el tiempo y la estructura de su ministerio público, que todos los argentinos sostenemos con nuestros impuestos, para hacer campaña política?
El cuestionamiento es moral y jurídico. Moral porque Katopodis debería estar trabajando para el conjunto de los 45 millones de argentinos y no solo para los que lo votaron o posiblemente lo quieran votar. Jurídico, porque está utilizando los fondos públicos de su ministerio para hacer campaña política a semanas de las elecciones, algo que está totalmente vedado en nuestra Constitución.
Pero esto no termina aquí para un ciudadano común. Al otro día, escuchamos a un Gobierno que no para de festejar sus derrotas. Con mensajes contradictorios, y cierto grado de esquizofrenia, intenta complacer a la sociedad con medidas que den algún alivio para el crítico presente, pero con la contracara -y perversidad- de estar a sabiendas hipotecando su futuro. El candidato a presidente del oficialismo, abogado, y hoy ministro de Economía, asegura que si asume a la primera magistratura, el tema de la inflación se solucionará. Tras cartón, y sólo 24 horas después de este mensaje, el INDEC informa que el IPC de agosto supero el techo del 12% mensual; el nivel más alto de los últimos treinta año. Insólito y, más aún, cuando uno computa que todos estos acontecimientos mencionados ocurrieron en menos de 72 horas.
El daño que el actual Gobierno generó en estos últimos cuatro años a la sociedad ha sido enorme y los recientes anuncios solo generan algo de alivio para lo duro que vendrá.
Hace justo un año atrás, el Presupuesto 2023 -herramienta clave para el desarrollo de un país- preveía un dólar de 269 pesos para el cierre del año y una inflación del 60%. La proyección del crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) la estimaban en 2%. Todos los argentinos sabemos en cuanto va a terminar cada una de estas variables al finalizar el año en curso: dólar oficial a 630 pesos (Futuro del Matba), inflación arriba del 140% y caída del PBI superior al 2%.
Pero los “errores” no se corrigen. El Presupuesto 2024 enviado al Congreso estos días por el ministro Massa prevé, una inflación anual para el año próximo del 70%, dólar a 600 pesos al finalizar diciembre 2024 y crecimiento del 2,5%. Toda sarasa, tal como lo había anticipado el exministro Martín Guzmán, en su presentación del Presupuesto 2021 ante el Congreso hace exactamente tres años atrás. Para que entendamos; sarasa se define como “palabras sin sentido o que carecen de correlato o conexión con la realidad; argumentación vacua, discurso inconsistente o incomprensible”. Esto, en definitiva, vuelve a reflejar cuanto hay de relato por parte del Gobierno y cuanto de realidad es la que debe soportar la sociedad.
Quemando las naves
Semanas atrás mencionábamos, en esta misma columna, la decisión del Gobierno de dinamitar la economía con tal de llegar, con alguna posibilidad al balotaje tras las elecciones de octubre.
Hace un par de días se profundizó el proceso, quemando todas las naves. Miguel Ángel Broda, uno de los economistas más escuchados por el empresario local y extranjero, consideró que “el programa está descarrilado", y advirtió por la falta de cumplimiento con lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Participando del Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), Broda calificó de “piromaniáco” a Massa y sostuvo que “viene haciendo todo a la inversa de lo que se comprometió a hacer” con el FMI al lanzar las últimas medidas para poner pesos en los bolsillos de trabajadores y jubilados. “El programa económico está descarrilado y el ministro candidato optó por echar más leña al fuego, agravando la herencia para el próximo gobierno”, dijo Broda. Para el economista, los últimos anuncios hacen “más difícil cumplir con la meta comprometida con el Fondo, que ya era casi imposible”. De cara a lo que viene, el economista proyectó una inflación anual de 180%, y que podría continuar en alza. Asimismo, pronosticó una caída superior al 3% del PBI por menor actividad, según consigo en una entrevista al diario La Nación.
El nuevo “Plan Platita” lanzado por el Gobierno, que representa poco más del 1% del PBI, espiralizará la inflación, ya que todos los beneficios anunciados no tienen ningún tipo de respaldo del Tesoro; la mayor parte de esos fondos se pagarán con más emisión. Pero, pareciera que nada importa a esta altura de la carrera presidencial. La orden es que todos los fondos deben estar a disposición para el candidato, sin tener cuenta las consecuencias que esto pueda traer.
El Fondo, inquieto
Durante la semana que pasó, el subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales de Estados Unidos, Jay Shambaugh, le pidió al Fondo Monetario Internacional (FMI) que no financie a los países que no adoptan medidas para mejorar su situación económica. El segundo de Janet Yellen indicó en un discurso: “El FMI debe estar dispuesto a retirarse si un país no toma las medidas necesarias”. Toda esta ofensiva se dio a días del anuncio del “Plan Platita” dado a conocer por el ministro de Economía y candidato a presidente del oficialismo, Sergio Massa.
Las palabras de la autoridad financiera de los Estados Unidos se hicieron sentir en el mercado tras el último desembolso de 7.500 millones de dólares del FMI en agosto. Las medidas aplicadas por Sergio Massa, alejan aún más las metas comprometidas con el FMI para fines de 2023, vía la expansión del gasto público o resignación de recaudación.
El secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, dijo en entrevista telefónica con Bloomberg News que siguen comprometidos con el cumplimiento de las metas del FMI. “Cada baja de impuestos fue compensada con un aumento de otros impuestos”, afirmó. Mientras el techo de déficit primario acordado con el FMI es de 1,9% del PBI, sólo en los primeros siete meses del año ya acumuló 1,27%. Con los últimos anuncios electoralistas, cumplir ese objetivo es imposible. "Si ganamos las elecciones te puedo asegurar que a nadie la importará si cumplimos o no la meta fiscal", aseguraron desde los pasillos del ministerio de Economía.
Lo cierto para Massa es que el FMI ya desembolso el mes pasado 7.500 millones de dólares de los 10.500 aprobados. Ese era su objetivo. Y lo logró. Los 3.500 millones restantes llegarán en la última semana de noviembre, con un nuevo presidente ya electo. Poco ya servirán esos dólares para el ministro y candidato en esa fecha. Siempre los tiempos políticos estuvieron a contramano de todo. Porque pensar que esta podía ser la excepción.
YPF, pasó lo peor
Otra de las grande novedades de la semana fue la decisión de la jueza Loretta Preska, que fijó el valor de su sentencia contra la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF en 16.099 millones de dólares. Una suma ruinosa para nuestro país. Argentina podría apelar el fallo o pedir su suspensión hasta que asuma el nuevo gobierno, pero Preska cerró la demanda en su tribunal. Todos los argentinos recibimos la noticia como un balde de agua fría. Por el 51% de YPF el Gobierno Nacional terminará pagando poco más de 21.000 millones de dólares (16.099 millones por el juicio más los 5.000 millones de dólares ya abonados a Repsol) ; casi 10 veces más del valor de ese porcentaje de la empresa que cotiza en Nueva York.
Remontándonos en el tiempo y recordando aquel 16 de abril de 2012, cuando la entonces presidente Cristina Fernández anunciaba la expropiación de las acciones, todo era algarabía. El relato nos aseguraba que podíamos enfrentar a quienes quisiéramos sin tener en cuenta las consecuencias. La mayor parte de la gente, que seguía al Gobierno, creyó en el relato y salió a festejar. Pero nadie le anticipó lo que podía pasar. En el razonamiento de Cristina Fernández “eso quedaría para más adelante”. Lo importante, en ese momento, era volver a contagiar a la militancia con la épica del relato. Algo similar a los sucesos de aquel 23 de diciembre de 2001, cuando al tomar posesión de su cargo a presidente y frente a la Asamblea Legislativa, en el Congreso, Adolfo Rodríguez Saá anunció la suspensión del pago de la deuda. Ese día todo también fue algarabía, una felicidad que nos terminó condenando a quedarnos totalmente fuera del mundo; con costos sociales altísimos.
Es difícil entender a nuestra Argentina. Periódicamente caemos en ilusiones que, luego de un tiempo, nos terminan costando caras en términos económicos y sociales. Pero más penoso aún, es ver todavía en puestos clave del Gobierno a los funcionarios que tomaron hace años estas ruinosas decisiones. Y muchos de ellos, presentándose a estas elecciones para continuar en cargos públicos.
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