Obama considera que mantener abierta la prisión de Guantánamo es "contraproducente" para la lucha antiterrorista, "socava" la seguridad nacional de Estados Unidos, "mina" la imagen del país en el mundo, es "contrario" a los valores estadounidenses y es más caro que cerrar ese centro de detención.
El plan prevé el envío de aquí al verano (boreal) a terceros países de 35 presos cuyos traslados han sido recomendados si se cumplen las condiciones de seguridad en el país que los acoja. Además, se prevé el traslado de entre 30 y 60 de los detenidos a 13 cárceles estadounidenses, aunque no han especificado a cuáles.
Obama recordó que el ex presidente George W. Bush expresó su deseo de cerrar Guantánamo y que él lo lleva intentando desde que llegó a la Casa Blanca. "No quiero pasar este problema al próximo presidente, sea quien sea", dijo Obama, acompañado del vicepresidente Joseph Biden y del secretario de Defensa Ashton Carter.
Pero Obama no lo tendrá fácil para llevar a cabo su plan. El Congreso, dominado por los republicanos, se ha opuesto hasta ahora a trasladar a los presos de Guantánamo a suelo estadounidense, al considerar que pondrán en peligro la seguridad nacional.
Un ex preso en problemas
Un segundo ex preso de Guantánamo refugiado en Uruguay deberá usar tobillera electrónica por orden judicial, tras ser denunciado por su esposa por violencia doméstica, informaron ayer un medio local y fuentes policiales.
La orden judicial de localización satelital (conocida como tobillera electrónica) para el sirio Abd Hadi Mahmoud rige por 120 días e incluye la obligación de mantenerse alejado a por lo menos 500 metros de su esposa uruguaya, que lo denunció, según el diario El Observador, lo que fue confirmado a la AFP por fuentes policiales.
Mahmoud es el segundo de los seis expresos de Guantánamo refugiados en Uruguay desde 2014 al que la Justicia uruguaya aplica esta medida en menos de una semana.
El viernes, una jueza ordenó la colocación de una tobillera electrónica al tunecino Adel Bin Muhammad, también por 120 días y por denuncias de su cónyuge por violencia doméstica.
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