El cambio de ARCA que afectará a miles de contribuyentes: de qué se trata el nuevo mecanismo

Buscando evitar inconsistencias por parte de los contribuyentes, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso un nuevo procedimiento completamente digital para modificar el domicilio fiscal de personas humanas y empresas. La medida fue oficializada mediante la Resolución General 5809/2026 publicada en el Boletín Oficial y entrará en vigencia el 2 de marzo de 2026.

A partir de esa fecha, los cambios de domicilio deberán realizarse exclusivamente de manera digital y dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles administrativos desde que se produzca la novedad. Según la normativa vigente, no cumplir con la actualización en tiempo y forma puede derivar en sanciones previstas en el artículo 39 de la Ley 11.683, cuyos montos fueron elevados a un rango que va desde $150.000 hasta $35.000.000. El sistema ahora permite elegir domicilios previamente verificados sin necesidad de volver a presentar documentación que lo respalde.

El domicilio fiscal es básicamente el lugar donde el organismo recaudador considera que el contribuyente está ubicado legalmente para fiscalizar y enviar notificaciones, intimaciones y comunicaciones formales. Actualmente, se divide en dos: en el caso de las personas humanas es el lugar de “actividad efectiva”, es decir donde trabaja o tiene el local, y en las personas jurídicas (empresas) es donde está la administración principal, conocida popularmente como oficina central.

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Cómo hacer el cambio de domicilio fiscal en ARCA

Desde la entrada en vigencia, los contribuyentes deberán realizar la actualización de esa información exclusivamente a través del Sistema Registral, eliminando la necesidad de trámites presenciales y el uso del correo postal. El acceso al servicio requerirá Clave Fiscal nivel 3 o superior y se deben seguir los siguientes pasos:

• Ir al servicio web "Sistema Registral".
• Entrar al "Registro Único Tributario".
• Después a la tarjeta "Domicilios" y elegir la opción "Modificar".
• Completar el formulario electrónico de declaración jurada N° 420/D.

El sistema permitirá seleccionar domicilios que ya hayan sido previamente verificados por ARCA u otros organismos. En esos casos, el domicilio quedará automáticamente en estado “Confirmado” y se emitirá la constancia correspondiente.

Cuando el domicilio no figure entre los previamente verificados, el contribuyente deberá cargarlo manualmente y adjuntar documentación respaldatoria, como facturas de servicios, extractos bancarios o pólizas de seguro. En ese caso, el domicilio quedará en estado “Declarado por Internet” y será revisado por ARCA, que tendrá hasta siete días hábiles para aceptarlo o rechazarlo. Si es observado, se otorgará un plazo de 30 días corridos para subsanar inconsistencias. De no hacerlo, el domicilio podrá ser calificado como “Inexistente-Desconocido”.

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Qué busca la nueva normativa de ARCA y qué pasa con los contribuyentes que no cumplan

Con este ajuste, el organismo recaudador apunta a agilizar la carga y validación de direcciones, reducir errores frecuentes y aliviar el peso administrativo que recaía sobre personas y empresas. El trámite digital unifica los criterios para la notificación y modificación del domicilio fiscal. Antes de la reforma, el proceso incluía la validación mediante el envío postal de un código de confirmación, pero con la nueva normativa, la gestión será completamente electrónica.

Mantener el domicilio fiscal actualizado es fundamental, ya que las inconsistencias o los datos desactualizados pueden derivar en sanciones que, según la normativa vigente, alcanzan cifras millonarias. En cuanto al régimen sancionatorio, la Ley 27.779, conocida como “de Inocencia Fiscal”, establece un plazo de 10 días hábiles administrativos para informar el cambio de domicilio fiscal. Si el contribuyente no cumple con este plazo, la infracción puede derivar en multas que van desde $150.000 hasta $35.000.000.

Antes de la reforma, las sanciones por este tipo de incumplimiento oscilaban entre $150 y $45.000. Este incremento en los montos busca reforzar la obligación de mantener actualizados los datos ante la administración.