El Presupuesto 2025 camino a sesiones extraordinarias en el Congreso

Con la inminente llegada de la feria legislativa, el Gobierno Nacional se enfrenta a un desafío: tratar el Presupuesto 2025 antes de que se termine el año. Las principales opciones son dos: extender el período legislativo o convocar a sesiones extraordinarias.

Las sesiones para tratar el Presupuesto, además de otros proyectos de la oposición como la reforma de la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), se pospusieron al menos una semana porque por lo menos 14 diputados y senadores del PRO, la Unión Cívica Radical y La Libertad Avanza viajaron a Estados Unidos para ser veedores de las elecciones nacionales que se realizan esta semana.

“Pasamos todas las negociaciones para la semana que viene”, explicó una fuente parlamentaria que actualmente se encuentra en los EE. UU. a la espera de las elecciones que definirán quién será el próximo o la próxima presidente del país del norte del continente.

Aunque no se buscará dictaminar, el bloque de La Libertad Avanza no quiere moverse ni un centímetro de la hoja de ruta que planeó, por lo que este jueves asistirá a la Comisión de Presupuesto el ministro de Salud de la Nación, Mario Iván Lugones.

El oficialismo y la oposición dialoguista están considerando emitir un dictamen el 19 de noviembre, un día antes del cierre de las sesiones ordinarias. Sin embargo, no darían los tiempos para que se trate en el Senado, ya que se requieren dos semanas para el tratamiento en comisiones antes del debate en el Recinto.

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El ministro de Salud, Mario Lugones.

Las opciones que considera el Gobierno para tratar el Presupuesto 2025

Una alternativa que el Gobierno podría considerar es extender el período de sesiones ordinarias hasta el 20 de diciembre. No obstante, esta opción conlleva el riesgo de que la oposición introduzca sus propios proyectos de ley en el debate, como la modificación de la ley de Decreto de Necesidad y Urgencia, que la oposición ya ha dictaminado y que el oficialismo busca detener.

Este proyecto limita el accionar del Poder Ejecutivo respecto del uso de los DNU, ya que establece que con el rechazo de una de las dos cámaras —hoy se requieren ambas— el decreto queda sin efecto, al igual que los plazos. Actualmente, el Congreso no tiene un plazo para debatir un DNU; el proyecto de ley establece un período de 90 días “corridos”, si en ese lapso no es tratado, automáticamente pierde validez.

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Otra posibilidad —y la que representa mayores seguridades para el oficialismo— es convocar a sesiones extraordinarias, en las cuales el temario a tratar sería determinado exclusivamente por el Poder Ejecutivo.

En este escenario, si la oposición no logra aprobar el cambio en ambas cámaras antes del 20 de noviembre, tendría que esperar hasta el 1 de marzo de 2025, cuando comienzan las sesiones ordinarias, para llevar el proyecto al pleno de la Cámara de Diputados. Esto le otorgaría al Gobierno un período de tres meses sin conflictos sobre el tema.

Además, durante las sesiones extraordinarias, el Ejecutivo podría avanzar no solo con el Presupuesto, sino también con otros proyectos como la privatización de Aerolíneas Argentinas y la Ley Hojarasca. Estas medidas forman parte de la agenda que el Gobierno busca impulsar en el contexto actual.