Para defensora, los represores no tenían conciencia del plan criminal de la dictadura

“Se limitó a cumplir órdenes superiores y no tenía conciencia del plan criminal de la dictadura y de la ilicitud de esos hechos”, afirmó Celia Delgado, defensora pública del ex jefe de Inteligencia y miembro del Comando de la VI Brigada de Neuquén, Oscar Lorenzo Reinhold, durante su alegato en el séptimo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura militar.

De esta manera, Delgado intentó exculpar a Reinhold, uno de los 15 imputados que están acusados de graves violaciones a los derechos humanos en perjuicio de veinte victimas, nueve de las cuales se encuentran desaparecidas. La abogada desarrolló el alegato junto a su colega Gabriela Labat en representación de nueve de los 15 imputados, entre los que se encuentran ex jefes militares y de fuerzas de seguridad nacional y provincial.

Al analizar la situación de su defendido, Delgado aclaró que sobre Reinhold pesan cuatro condenas anteriores por delitos de lesa humanidad, que "no desconozco la dimensión humana de las víctimas desaparecidas en este proceso cuando argumentamos sobre el tema de la responsabilidad por los homicidios".

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En su alegato, Celia Delgado dijo que su defendido “se limitó a cumplir órdenes superiores y no tenía conciencia del plan criminal de la dictadura y de la ilicitud de esos hechos”.

"Cuando dijimos que no es posible imputar de homicidios a nuestros asistidos, como es el caso de Reinhold, no lo es porque no es posible definir en tiempo, modo y lugar los sucesos que culminaron con las muertes u homicidios de las víctimas desaparecidas en este proceso", explicó la defensora.

Por otra parte sostuvo que la parte acusadora “no se encargó de explicar en qué momento cesaron las desapariciones forzadas y se iniciaron las acciones típicas de homicidio".

Delgado explicó que a excepción de tratos crueles como torturas, vejaciones y tormentos, el resto de las acciones como las detenciones, "es bastante poco probable que en la conciencia jurídica de nuestros asistidos tuvieran conciencia de ilicitud".

Sostuvo que "pensando con la cabeza de un Reinhold, que se formó en el Colegio Militar entrando a los 16 años de edad y ejecutando acciones propias de su posición de mando, es bastante poco probable que pudiera concebir en la conciencia la ilicitud de esas acciones". Agregó que “es posible que para Reinhold proceder a detener a un individuo presuntamente subversivo en esa época fuera una acción legal emergente de un reglamento que lo formó y de una serie de normas que rigió la actividad desde antes de la dictadura militar".

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Por su parte, la defensora Labat desvinculó de las imputaciones sostenidas por la fiscalía a los ex integrantes del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén, Jorge Molina Ezcurra, Jorge Di Pasquale y Adolfo San Martín. Aseguró que la tarea que desempeñaban por ese entonces estaba vinculada al seguimiento de acciones en Chile debido al conflicto limítrofe con el vecino país.

Tanto Delgado como Labat rechazaron y pidieron que el Tribunal declare la inconstitucionalidad de los pedidos de prisión perpetua formulados por el fiscal José Nebbia. Hicieron referencia a la avanzada edad de sus defendidos y las condenas anteriores que pesan sobre ellos y aseguraron que "una nueva condena a prisión perpetua se transformaría en venganza pública".

Por ello solicitaron la absolución de sus asistidos como también que se rechace el pedido para que les sean suspendidos los beneficios previsionales.

Para las defensoras oficiales, Celia Delgado y Gabriela Labat, condenar a prisión perpetua a los imputados, como solicitó el fiscal José Nebbia, "se transformaría en venganza pública".

Orfandad probatoria, contradicciones en declaraciones de testigos víctimas, descalificaciones hacia la prueba documental existente recolectada en el proceso judicial y críticas al alegato del Ministerio Público Fiscal constituyeron los aspectos centrales de la exposición de las defensoras de los imputados en sus respectivos alegatos que iniciaron el viernes pasado y continuó durante esta semana.

En su alegato Labat puso en duda la veracidad de los testimonios de las víctimas y las pruebas recolectadas y juzgó "inconstitucional" la ampliación del delito de abuso sexual y su consideración como crimen de lesa humanidad.

“El pacto de silencio es una ficción creada por el bloque acusador, les encanta hablar de pacto de silencio”, afirmó Labat, en relación a los planteos realizados por Nebbia. Y se preguntó "sobre qué pruebas la fiscalía acusó por homicidio”.

El juicio continuará este jueves a las 8.30 con una nueva audiencia para completar los alegatos de la defensa de los imputados.

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El fiscal pidió perpetua y penas de 10 a 25 años

El Ministerio Público Fiscal había solicitado en su alegato prisión perpetua para 10 de los imputados y cárcel de 25 a 10 años para los cinco restantes.

El fiscal José Nebbia requirió perpetua para los ex miembros del Destacamento de Inteligencia 181 de Bahía Blanca Osvaldo Páez, Walter Tejada, Jorge Granada, Norberto Condal y Carlos Taffarel por los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio agravado en los casos de ocho detenidos desaparecidos y abuso sexual en perjuicio de tres de las víctimas.

También pidió perpetua para el e xjefe de Inteligencia del Comando Militar de Neuquén Oscar Reinhold y los ex integrantes del Destacamento de Inteligencia 182, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín y Jorge Di Pasquale y el ex agente civil de inteligencia Raúl Guglielminetti.

En tanto, solicitó 25 años de prisión para el ex piloto militar Juan José Capella y para el ex segundo jefe de la delegación Neuquén de la Policía Federal Jorge Soza.

El fiscal pidió diez años de cárcel para el ex comisario de la policía de Río Negro Desiderio Penchulef; 9 años para el ex oficial de la Policía Federal Miguel Ángel Cancrini y ocho años para el ex policía rionegrino Enerio Huircaín.

Debido a la gravedad de los hechos ocurridos en 1976, Nebbia requirió la revocatoria de las prisiones domiciliarias de los imputados y la inmediata detención de Capella, Soza, Huircaín y Penchulef.

Asimismo, pidió que las condenas sean cumplidas en cárcel común y que sean dadas de baja las pensiones, jubilaciones y retiros que perciben los acusados.