Crisis carcelaria: habilitaron traslados de presos de comisarías a la U11
Se trata de un número reducido, pero las perspectivas son positivas y se anticipa que, cerca de fin año, quedaría concluida la obra del área de máxima seguridad.
Más allá de los contratiempos que surgieron en el transcurso del año y con posturas firmes de la defensa pública, empezó a destrabarse la crisis carcelaria y se confirmó un traslado de presos de comisarías a la U11. De forma inicial, solo se trata de 11 internos, aunque las perspectivas de finalización de obras son positivas y antes de fin de año se podría analizar otro movimiento destacado de presidiarios.
“En una audiencia de control del habeas corpus presentado en 2022 por la situación carcelaria, la jueza de ejecución Raquel Gass autorizó el traspaso a la U11 de once detenidos que se encuentran actualmente alojados en comisarías en condiciones de hacinamiento”, indicaron desde el Poder Judicial provincial sobre la reciente novedad.
El traslado de presos se demoró más de lo previsto y generó algunas controversias entre la defensa pública y autoridades que deben informar sobre los avances en las obras de la U11. En ese marco, se hicieron varias audiencias en el transcurso de este año y la jueza Gass se encargó de analizar los informes correspondientes.
Respecto de la medida adoptada esta semana, remarcaron que “en este último tiempo se pusieron en condiciones dos pabellones que estaban en reparación, por lo que en una pasada audiencia se había habilitado el ingreso de 30 personas. Con este traspaso vuelve a cerrarse el cupo”.
La mirada puesta en el pabellón de máxima seguridad
En cuanto a lo que se viene en materia de más traslados, deberá aguardarse hasta fin de año. “La jueza destacó que desde que se inició esta medida cautelar, no se ha generado ninguna nueva plaza genuina. Las obras del nuevo pabellón de máxima seguridad estarían finalizadas en diciembre”, manifestaron desde el Poder Judicial.
De esta forma, empieza a desbloquearse una situación que se encontraba empantanada y que generaba mucha preocupación, además de que muchos jueces se veían obligados a barajar otras alternativas a la hora resolver las medidas cautelares en contra de personas en conflicto con la ley.
Las audiencias por el tema cárceles se sucedieron desde los primeros meses del presente año y en un principio, tras una presentación de la fiscalía de Estado, se logró una aprobación del Ministerio Público de la Defensa. La solución propuesta tenía relación directa con un habeas corpus correctivo y colectivo interpuesto por la Defensa Pública.
Múltiples reclamos de la Defensa Pública
Los defensores, en aquel momento, no solo limitaron su reclamo al tema edilicio, sino que “invocaron precarias condiciones de salubridad, falta de atención médica adecuada e insuficiente alimentación, entre otras vulneraciones de derechos que afirman que atentan contra la dignidad humana y contrarían los estándares establecidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la Ley 23.098. Por dichas razones solicitaron la adopción de medidas urgentes que remedien tales circunstancias y eviten su repetición".
También, en la primera parte del año, se acordó conformar una "Mesa de trabajo permanente" entre las partes (MPD, una defensora particular, MPF, Fiscalía de Estado), y un representante del Ministerio de Seguridad de la Provincia.
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