Compromiso para combatir la crisis carcelaria: el primer control se hará en un mes

A un año de declarada la Emergencia Carcelaria, la defensa pública, Fiscalía de Estado y el Ministerio de Seguridad, acordaron una serie de medidas concretas a cumplimentarse en plazos determinados para descomprimir las comisarías de Neuquén y alrededores y comenzar a reubicar a los condenados en los penales provinciales. Se prevé la creación de 80 nuevas plazas en lo que resta de 2025.

Cabe recordar que tras varios días de diálogo entre la defensa pública y la Fiscalía de Estado, el organismo provincial brindó una respuesta al habeas corpus presentado por los defensores para frenar la crisis carcelaria y se establecieron una serie de medidas para trabajar de a poco en una solución.

Esto ocurrió luego de que la defensa pública logró demostrar las condiciones de sobrepoblación y hacinamiento en las comisarías de la I Circunscripción (Neuquén capital y alrededores), que incluían la falta de acceso a la salud (más allá de la falta de higiene, en varias comisarías se relevaron casos de internos con enfermedades crónicas que no están siendo atendidos/llevados a los turnos); una clara "violación al derecho al trato digno" (se observaron espacios sin ventilación, sin luces, sin muebles, colchones junto a letrinas y en ese mismo espacio deben recibir a las visitas); y también la privación del acceso a la educación y el trabajo para los condenados alojados, a quienes les corresponde ese derecho por la Ley de Progresividad. En total, se analizó que al día de hoy, las comisarías presentan más de un 300% de sobrepoblación.

Esto llevó a largas discusiones con la fiscalía para intentar promover la implementación de medidas urgentes para frenar la crisis carcelaria, pero finalmente, se suspendió el debate en audiencias cuando la Fiscalía de Estado dio un paso al frente y se abrió al diálogo con los defensores públicos para trabajar conjuntamente en una solución, sin necesidad de que la Justicia ordene las medidas.

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Sebastián Fariña Petersen

Luego de algunas reuniones, pedidos y concesiones, las partes llegaron a un acuerdo definitivo que fue firmado por el responsable de la Fiscalía, Raúl Gaitán; el abogado del organismo, Gustavo Kohon; Raúl Caferra, Luciana Petraglia y José María Maitini (defensores que presentaron el habeas corpus), además de la abogada particular que adhirió a los planteos, Sol Pérez De León; y el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid. El escrito también fue firmado por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, aunque este no estuvo presente en las audiencias.

El acuerdo definitivo se presentó públicamente el viernes en una audiencia ante el juez Marco Lupica Cristo, quien homologó las medidas, aunque con algunos cuestionamientos que hizo a las partes oportunamente.

La Fiscalía de Estado se comprometió a cumplir con medidas que fueron clasificadas en corto, mediano y largo plazo. Las más inmediatas deberán cumplirse en un plazo de 30 días y la defensa sostuvo que hará un control del progreso a medida que se llegue a cada "vencimiento".

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Las medidas acordadas

En primer lugar, en un plazo de un mes desde la homologación del acuerdo (corto plazo), se comprometieron a garantizar la finalización de las obras sobre uno de los pabellones de la U11; que se analice el criterio de ingreso de detenidos a las casas de pre-egreso en dicha unidad (que pueden alojar hasta 12 personas y hoy se encuentran vacías); y a la reubicación inmediata de las personas que se encuentran detenidas en las comisarías que la defensa denominó "de facto" por no estar construidas para alojar personas por largos períodos (la Comisaría Primera, la Segunda, la Séptima, la 16, la 17 y la 41), "en la medida en que se generen vacantes en el sistema penitenciario".

Tampoco podrán ingresar nuevas personas a las comisarías de facto mencionadas, que incluyen a la Comisaría Cuarta, 10 (Añelo) y 13 (San Patricio del Chañar).

Asimismo, se contratará nuevo personal para la Dirección de Población Judicializada, a los fines de acelerar el proceso de análisis previo (cuyos criterios también serán revisados) que posibilitará egresos transitorios o definitivos de detenidos en la U11, para así generar las vacantes necesarias. Para esto, se generará una mesa de trabajo permanente entre los funcionarios de la defensa pública, las fiscalías penal y de Estado, el Ministerio de Seguridad y la defensora particular Sol Pérez de León.

Las condiciones de hacinamiento detonaron un motín en la U11.

El hacinamiento es uno de los problemas que resalta el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura aunque también menciona que los presos no realizan actividades útiles durante su encierro.

El hacinamiento es uno de los problemas que resalta el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, aunque también menciona que los presos no realizan actividades útiles durante su encierro.

Por otro lado, en un plazo de tres a seis meses (mediano plazo), el organismo provincial se comprometió a la instalación de 20 módulos habitacionales dentro de la U11 que crearán plazas para reubicar a 80 detenidos. Estos módulos deberán cumplir con ciertos estándares: como contar con lugar para el esparcimiento, el acceso a la educación, al trabajo, comedores y duchas.

También se prometió la conclusión e inauguración de las obras del pabellón de máxima seguridad de la U11 y la planificación para la construcción de otras cuatro casas de pre-egreso en la unidad.

En el mismo plazo se prometió la compra de 100 nuevos dispositivos duales y tobilleras electrónicas, claves para monitorear a quienes cumplen prisiones domiciliarias o garantizar la protección de la víctima en causas por violencia de género.

Finalmente, en un plazo superior a seis meses, se promete comenzar la construcción de otros dos pabellones de mediana seguridad para la U11, que permitirán alojar a otras 74 personas y cuya concreción se estima en unos 450 días.

Por último, y aunque la defensa planteó la posibilidad de crear un programa específico para que aquellos detenidos con buena conducta puedan colaborar en la construcción de los módulos, esto fue descartado por la Fiscalía de Estado, aunque se comprometieron a analizarlo para obras futuras.