Crisis carcelaria: la defensa pública quiere fijar un cupo de detenidos en comisarías
Las comisarías contienen actualmente a casi 150 personas detenidas en condiciones deplorables y la defensa pretende frenar la situación.
La defensa pública de Neuquén presentó por escrito un habeas corpus colectivo para fijar un cupo de detenidos en comisarías, que se encuentran rebalsadas de personas que viven en condiciones inhumanas desde el cierre de los penales en la provincia. La crisis carcelaria está al punto del colapso y la falta de medidas concretas a corto plazo preocupa.
El habeas corpus colectivo y correctivo lo presentaron tres miembros del Ministerio Público de la Defensa el lunes: la defensora de Ejecución Luciana Petraglia, el defensor de circunscripción Raúl Caferra y el defensor José María Maitini. No obstante, la acción tiene el respaldo de más defensores y pretende beneficiar a todos los detenidos (o futuros posibles detenidos) en comisarías de la I Circunscripción.
"Ello, en virtud de las flagrantes violaciones a los Derechos Humanos imperantes en todas ellas, producto del hacinamiento y de las indignas condiciones de habitabilidad verificadas por el Grupo de Control del Encierro Preventivo del Ministerio Público de la Defensa y por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura (...) Las circunstancias que van a narrarse a continuación, configuran no sólo un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención, sino que directamente constituyen elementos y circunstancias que ponen en riesgo la integridad física y psíquica de los internos, por lo que corresponde -y deviene obligatorio en función del rol que ejercemos- requerir medidas tendientes a hacer cesar estas circunstancias, en pos de proteger los derechos de las personas que se encuentran afectadas por las mismas", explicaron.
En resumen, lo que se pretende con el habeas corpus es generar el mismo efecto que aquel que presentó Petraglia allá por noviembre de 2022 ante la jueza Raquel Gass y que permitió "cerrar" la U11 y U12 en Neuquén capital: al igual que esas cárceles, las comisarías seguirán en funciones y seguirán recibiendo detenidos en la medida en que algunos recobren la libertad. Es decir, se busca en realidad ponerle un límite a la cantidad de alojados: un cupo definido.
"Transcurrido un año desde la sanción de esa norma (Estado de Emergencia Carcelaria, ley 3426) y dos años desde la resolución en el habeas corpus colectivo (de los penales), las Comisarías de Neuquén vieron incrementado progresiva y considerablemente el ingreso de personas privadas de su libertad, condenadas y en prisión preventiva, que debieron cohabitar sin distinción alguna de su situación procesal y se generó una situación de hacinamiento y deplorables condiciones de habitabilidad, que fundan esta presentación de habeas corpus", explicaron en el escrito presentado esta semana.
Además, basaron el pedido en los datos recolectados mediante el informe 2024 confeccionado por el Grupo de Control de Encierro Preventivo del MPD, que analizó no solo el número de personas alojadas en cada comisaría sino también las condiciones de cada alcaidía y la medida de los espacios con los que cuenta cada una. En este sentido, cabe destacar que se detectó un hacinamiento del 358%, teniendo en cuenta que en total, todas ellas podrían alojar un total de 41 personas, pero hoy contienen a 147. Por esto se determinó la situación como "sobrepoblación crítica o hacinamiento, en los términos utilizados por el ILANUD y el Comité Europeo para los problemas criminales, a saber, aquel superior al 120%".
El cupo de 41 personas (o "cupo comité") fue establecido analizando las recomendaciones del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que establece 6 metros cuadrados iniciales para un detenido en cada celda, sin contar el baño; algo que no se cumple en ninguna alcaidía. Este es el número que busca fijar como límite la defensa pública (a su vez, cada comisaría tiene establecido un cupo en función de su tamaño), aunque queda claro que es un horizonte al que no se llegará fácil y que generará opiniones encontradas en la Justicia, empezando por la postura de la fiscalía.
En tanto, el denominado "cupo oficial" es el determinado por la propia Policía, aunque se podrá observar que incluso esta capacidad se ve superada en casi todos los casos, ya que los internos se siguen acumulando ante la imposibilidad de ser alojados en otro lugar.
Además, mencionaron que se detectaron seis comisarías "de facto", "ya que no reúnen las condiciones de habitabilidad y que únicamente fueron concebidas para la permanencia de contraventores por espacios de pocas horas": estas son la Comisaría 1° (Zona Centro), Comisaría 2° (barrio Belgrano), Comisaría 7° (Plottier), Comisaría 11° (Senilllosa), Comisaría 16° (barrio San Lorenzo) y la Comisaría 17° (barrio La Sirena).
"En lo que respecta a la sobrepoblación carcelaria, que se suma a las deficientes condiciones edilicias de las Comisarías relevadas, la misma no solamente surge de las inspecciones llevadas a cabo en las dependencias policiales, sino que también es fácilmente cotejable con los datos que aporta la misma Jefatura de Policía en cuanto al número declarado de plazas y los planos facilitados en cada dependencia", sostuvieron.
El gobierno provincial también deberá dar explicaciones
Por otro lado, cabe recordar que el gobierno provincial ya puso en marcha una serie de medidas en el marco de la crisis carcelaria, que principalmente han afectado a la U11, donde se está construyendo un nuevo pabellón de máxima seguridad. Sin embargo, no se prevé su finalización en el corto plazo, y como ya ha dejado claro la defensa pública, los tiempos apremian ante el crecimiento de la población en contexto de encierro. Además, nada se ha hecho sobre las comisarías.
El gobierno aún no ha cumplido con la totalidad de las medidas prometidas, como se dejó registro en la última audiencia para discutir el habeas corpus en el que interviene la jueza Raquel Gass y que mantiene cerradas las Unidades de Detención.
Es por esto que desde el MPD requirieron dentro de su escrito que "se requiera al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Neuquén que remita un detallado informe respecto de cómo se está ejecutando el presupuesto de la Emergencia Carcelaria, a la vez que indiquen el plan que están desarrollando para cumplir con el mandato asignado por la legislatura en esa ley". En esta línea, se pidió que se cite al ministro de Seguridad Matías Nicolini para declarar.
Se espera que se debata todo esto en una audiencia a realizarse el miércoles.
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