Crisis carcelaria: el Gobierno licitará para sumar 148 plazas más a la U11

Una nueva audiencia para tratar la crisis carcelaria tuvo lugar esta semana y el encargado de anunciar los avances a la Justicia fue el propio ministro de Seguridad, Matías Nicolini. En qué se trabaja y cuál es el tiempo previsto para las mejoras.

Cabe recordar que la U11 se encuentra cerrada para nuevos ingresos desde diciembre de 2022, cuando el Ministerio Público de la Defensa presentó un habeas corpus preventivo dada la sobrepoblación en la unidad de detención y las condiciones inhumanas que presentaban las instalaciones, que arrastraban una falta de cuidado y mantenimiento de años. Desde entonces, la jueza Raquel Gass, por pedido de la defensora Luciana Petraglia, viene ordenando una serie de medidas al ejecutivo provincial para mejorar la situación.

En ese marco, se llevó adelante el viernes una nueva audiencia de control, en la cual estuvo presente el Ministro de Seguridad, Matías Nicolini, para declarar sobre los trabajos que se llevan a cabo para paliar la crisis carcelaria y crear más plazas para alojar a todas aquellas personas que aguardan en comisarías -las cuales no están pensadas para alojar personas por períodos extensos de tiempo- a ser trasladados a unidades.

El funcionario del Ejecutivo señaló que "con la herramienta de la emergencia carcelaria que nos dio la Legislatura estamos abordando la problemática penitenciaria". Reconoció que "este habeas corpus ha servido como parámetro, como guía". Y adelantó que "con el plan que estamos llevando adelante, esperamos sumar 418 nuevas plazas en los próximos 3 años, que es el plazo que nos dio la Legislatura con la ley de emergencia carcelaria".

Informó en este sentido que se ya se encuentra listo un proyecto -que deberá licitarse- para la construcción de un módulo "de mediana seguridad" en la U11, con capacidad para alojar a 148 internos. Además, señaló que "ya está en obra un pabellón de máxima seguridad", y que se construirá otro "en espejo", para 26 personas cada uno. La construcción de este último ya había sido anunciada en mayo pasado.

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Respecto de las mejoras prometidas sobre las instalaciones ya existentes, el ministro indicó que las obras en el pabellón 7 están finalizadas: "está completamente remodelado, con todas las condiciones de habitabilidad de acuerdo a los estándares internacionales", dijo. Y respecto del pabellón 6 explicó que "ya se está trabando en el mejoramiento".

Afirmó que las refacciones en el sistema de incendios -también en la U11- "están finalizadas (...); se hicieron las pruebas de hermeticidad en todos los pabellones, el reemplazo de bombas y cañerías".

Aseguró que se compraron 200 colchones, más 9 que poseen retardantes de fuego. Y adelantó que actualmente están en proceso de adquisición de otros 630 colchones (70 con retardo de ignición).

Por otro lado, Nicolini se refirió a la situación de sobrepoblación. En este sentido detalló que actualmente hay 122 condenados alojados en comisarías.

El narcomenudeo en manos de Provincia

Cabe recordar que recientemente se conoció la decisión, que implica el traspaso de las investigaciones por comercialización y distribución de drogas para el consumo al sistema penal provincial (actualmente es manejado por la Justicia Federal), mediante la adhesión a la Ley Nacional 26.052, que propone la desfederalización del delito.

Esta es una iniciativa que el fiscal general José Gerez impulsa desde hace varios años y que, en el último encuentro de fiscales y procuradores de todo el país realizado en marzo en la ciudad de Puerto Madryn, se plasmó en la firma de un documento conjunto.

Entre las ventajas de este posible paso de las investigaciones al ámbito provincial, se encuentra la celeridad y un castigo inmediato a los involucrados en la venta de drogas, lo que evitaría que los narcos terminen sobreseídos o beneficiados con una probation.

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Para esto, se conformó un Consejo Estratégico de Implementación (CEI) en julio pasado, para la elaboración de anteproyectos de ley; la realización de planes de capacitación para operadores judiciales y fuerzas de seguridad; el análisis de legislación comparada; la evaluación de modelos ya implementados; la gestión de recursos para la investigación del delito puntual; así como las reestructuraciones que sean necesarias en cada ámbito.

No obstante, hay que reconocer que este cambio implicará una carga laboral mayor tanto para fiscales como defensores y también la Policía encargada de las investigaciones. Y por último, pero no menos importante, también generará un crecimiento de la población en contexto de encierro.

Sobre este punto, Nicolini aseguró que, según las proyecciones del Ministerio, la población carcelaria tendrá un incremento de entre un 10 y un 15 por ciento anual, una vez que la competencia de la investigación del narcomenudeo pase a la Justicia provincial. Esto también se tiene en cuenta para los proyectos de ampliación que se trabajan.