Crisis carcelaria en Neuquén: obligan al Gobierno a arreglar una comisaría que se rebalsaba de caca

LMNeuquén ya lo había adelantado meses atrás: las comisarías ya sienten los efectos de la crisis carcelaria y los problemas lentamente se convierten en ineludibles para el gobierno provincial Esta semana, a raíz del reclamo de dos defensores públicos, un juez ordenó medidas urgentes de refacción sobre la Comisaría Quinta de Centenario, que literalmente se rebalsaba de caca. La alcaidía actualmente tiene 15 personas alojadas sobre un máximo recomendado de 6, por lo que también se deberá agrandar la comisaría o reducir el número de detenidos.

La decisión fue el fruto de una serie de audiencias que comenzaron la semana pasada, a raíz de la acción de habeas corpus que presentaron el defensor de Circunscripción Raúl Caferra y el defensor público José Maitini por el agravamiento de las condiciones de detención de los internos de la Comisaría Quinta de Centenario. Los letrados también contaron con el apoyo de la defensora de Ejecución, Luciana Petraglia, quien ilustró sobre la crisis carcelaria que afecta a los penales de la provincia, que no pueden recibir nuevos detenidos.

Cabe recordar que así lo estableció la jueza Raquel Gass en 2022, cuando se presentaron las condiciones de sobrepoblación y hacinamiento que atravesaban la U11 y la U12. Esto llevó a que procesados y condenados se comiencen a acumular en las comisarías, lugares no aptos para alojar a personas por largos períodos de tiempo, generando esencialmente un efecto derrame de la crisis.

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Aunque el gobierno provincial ya comenzó a planificar ampliaciones y obras para mejorar las instalaciones y seguridad de los penales, la velocidad a la que crece la población intramuros no da tiempo a que las mejoras tengan algún efecto sobre la crisis.

Puntualmente, la semana pasada Caferra y Maitini indicaron que se detectó el agravamiento de las condiciones en la alcaidía de Centenario en dos factores: el exceso de personas alojadas en la comisaría (un total de 15, cuando la propia Policía tiene establecido un cupo menor para esa alcaidía) y los graves problemas cloacales que no reciben solución a pesar de haber sido comunicados al Ministerio de Seguridad, como expuso el jefe de la comisaría ante el juez de garantías Juan Kees.

Respecto de la sobrepoblación en la unidad policial, los defensores resaltaron que excede el cupo que permitiría que se respeten los parámetros de habitabilidad establecidos en la Resolución 38/22 del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura; esto es, de 6 metros cuadrados por persona, sin contar el baño. Teniendo en cuenta este parámetro y tras hacer los cálculos correspondientes, los defensores establecieron que la comisaría no debería recibir más de seis internos. Es decir que la población actual duplica el máximo recomendado, con algunos detenidos debiendo dormir en el piso.

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Por otro lado, en cuanto al problema cloacal, se presentó un informe que indica que el sistema cloacal se encuentra colapsado y obstruido, afectando especialmente la zona de contraventores y alcaidía.

"Se desbordan las cámaras de inspección y los líquidos desagotan en el patio interno, generándose un foco infeccioso que emana un olor nauseabundo, afectando a detenidos y al mismo personal policial. Semanalmente, se debe solicitar que un camión atmosférico destape las cloacas que pronto vuelven a colapsar, las antiguas cañerías de fibrocemento están rotas y obstruidas con raíces y deben cambiarse", informaron desde el Ministerio Público de la Defensa.

Maitini explicó que la situación fue detectada en el marco de las inspecciones y monitoreos periódicos que se realizan desde la Defensa Pública Penal a las distintas unidades de detención (cárceles y comisarías), y en ese marco, se requirieron medidas urgentes para subsanar las problemáticas.

La decisión del juez

Tras varias audiencias y la negativa de la fiscalía sobre el planteo de reducir el cupo en la alcaidía, el juez Kees resolvió favorablemente para la Defensa el día lunes y fijó un plazo de 45 días al Ministerio de Seguridad para que se realicen obras de reparación sobre el sistema cloacal, bajo apercibimiento de astreintes(sanciones valuadas en dinero).

Además, ordenó y fijó un plazo de seis meses -también bajo apercibimiento de astreintes- para que se realicen las obras que permitan que se respeten los parámetros de habitabilidad establecidos en la Resolución 38/22 del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (6 metros cuadrados como mínimo por persona), en línea con estándares internacionales (Reglas de Mandela). El magistrado adelantó que, si en ese plazo no se cumplen las obras, se fijará un cupo máximo (debiendo reubicar a los detenidos que haga falta).

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Por último, y respecto del planteo de la fiscalía que pretendió no hacer lugar al requerimiento de los defensores por considerar que no tienen la potestad para presentar un habeas corpus por los internos, el juez señaló que "no hay inconvenientes en que uno o varios defensores hagan esta presentación en nombre de los internos de la comisaría". Resaltó en ese sentido que el artículo 5 de la ley de habeas corpus prevé que cualquier persona puede hacerlo.

"El agravamiento de las condiciones de detención está comprobado, lo que se evidencia especialmente por el desborde de las cloacas. Las cárceles deben ser sanas y limpias", enfatizó.