El Comité Provincial contra la Tortura visitó la U11 e hizo recomendaciones para mejorar sus condiciones

La crisis carcelaria quedó una vez más en evidencia luego del informe que presentó el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura tras su visita a la U11. Ratas, cucarachas, poca luz, carencia de higiene y falta de acceso a la educación y a la salud son algunos de los tantos incumplimientos de derechos humanos que destacaron en la unidad.

Cabe recordar que las cárceles de toda la provincia están cerradas para nuevos internos desde noviembre de 2023, cuando la jueza de Ejecución Raquel Gass, y posteriormente la jueza del interior Alicia Rodríguez, dictaron esta medida ante las inaceptables condiciones de los penales que pudo demostrar el Ministerio Público de la Defensa.

Desde entonces, los nuevos condenados se agolpan en comisarías, complicando también las condiciones de habitabilidad de estas, que no fueron pensadas para alojar a tantas personas ni por plazos prolongados.

En simultáneo con este caos y los pedidos al gobierno provincial para implementar medidas en forma de refacciones y compra de elementos de seguridad para las cárceles, se puso en marcha el Comité Provincial contra la Tortura, que comenzó su propia recorrida por los penales, comenzando con la U11 de la capital, la más grande de todo el territorio neuquino.

Luego de las visitas que realizaron entre el 15 de febrero y el 17 de abril de este año, confeccionaron un informe pormenorizado que ya presentaron al gobierno provincial. La información no es nueva, pero ratifica y vuelve a evidenciar el panorama de inhabitabilidad y además propone cambios concretos al Ejecutivo provincial, que incluso ya se ha reunido con la cúpula provincial, miembros del Comité y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para definir acciones.

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Entre lo que pudieron destacar los miembros del Comité, se destacan:

• Altos niveles de sobrepoblación de pabellones y celdas. La unidad tiene un cupo para 233 personas, y actualmente hay 264.

• Condiciones de habitabilidad degradantes, con problemas de ventilación, de acceso a la luz natural y artificial. Solo el 40% de las celdas relevadas poseen vidrios o acrílicos y casi el 60% carecen de luz artificial o bien la misma es escasa.

• Elevada presencia de vectores infecciosos. En todos los pabellones relevados se denunció y/u observó la presencia de cucarachas, y en 7 de los 9 pabellones monitoreados se denunció la presencia de lauchas y/o ratas.

• Instalaciones eléctricas precarias que ponen en riesgo a los alojados exponiéndose a accidentes y posibles incendios.

• Sistema contra incendio inexistente (o no visible) al momento del monitoreo. Tampoco había plan de evacuación ni salidas de emergencias de los pabellones.

• Baños destruidos: solo en el 30% de la grifería funciona de manera correcta y/o posee sanitarios en buenas condiciones. En los restantes o funcionan de manera deficiente, o bien no posee grifería ni duchas, y el agua sale directamente por un agujero en la pared, o bien por un agujero en el techo por donde debería haber una ducha. Ausencia total de inodoros: en el 61% de las celdas relevadas hay una letrina en mal estado, y en el 49 por ciento solo un agujero en el piso.

• Acceso a la comida deficiente dada la mala calidad y las condiciones de insalubridad en la que llega. Más del 90% de las PPL indicaron que la comida no es entregada en buenas condiciones, y el 52,7% indicó haber pasado hambre durante su detención.

• Dificultades en el acceso general a la educación y a la salud.

• Vulneración del derecho al trabajo. Ninguna de las personas privadas de su libertad ejerce este derecho en las condiciones establecidas en la Ley 24.660

• Inexistencia de dispositivos que aborden la violencia de género.

• Gran cantidad de psicofármacos entregados a la población, con una falta de diagnóstico psiquiátrico y de seguimiento en la mayoría de los casos. Tampoco se trabaja en terapias para el tratamiento específico de adicciones.

• Excesiva burocracia para sacar turnos médicos y dificultad para conseguirlos.

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Finalmente, y teniendo en cuenta de los resultados obtenidos durante las inspecciones realizadas y el análisis de los mismos, el Comité recomendó, entre algunas de las medidas:

1. Proveer semanalmente elementos de higiene para pabellón y las celdas, así como elementos de higiene personal, proveer utensilios de comida sin punta, redondeadas, que permitan mejor manipulación a la hora de ingerir alimentos.

2. Procurar espacios para la recepción de visitas sean adecuados fuera de los pabellones, con acceso a baños, espacios aptos para la vinculación, con mesas, sillas, acceso a cocina de uso común; espacios de recreación para niños/as y donde el personal de seguridad pueda cumplir la tarea de control y cuidado tanto sobre las PPL como sobre las visitas que estas reciben.

3. Analizar e implementar políticas de resolución de conflictos que impliquen abandonar la práctica del aislamiento como castigo, dado que esta práctica solo deteriora la situación personal del PPL y la relación entre ellas.

4. Adaptar la casa donde están alojadas las personas con discapacidad, ya que no están en condiciones para ser habitadas por PPL con esas necesidades específicas. Tiene poca ventilación, aspecto lúgubre y las personas no tienen la asistencia adecuada para la discapacidad que padecen lo cual pone en riesgo sus propias vidas. Se debería tener en cuenta una asistencia profesional diaria, acompañante terapéutico, acompañante asistente para la higiene, etc.

5. En lo que respecta al acceso a la salud: ampliar los espacios de atención acorde a los estándares establecidos y proveer los insumos para realizar tratamientos odontológicos específicos, como se hace en los establecimientos de salud pública, brindando la misma calidad de asistencia. Digitalizar e informatizar las historias clínicas; incorporar a todas las PPL al Sistema de salud ANDES y proveer al área de salud de internet, computadoras y capacitación para poder cumplir con esta tarea. Crear dispositivos para trabajar con agresores sexuales y violencia de género o implementar los ya existentes en la unidad.

Con esto se demuestran las falencias estructurales que originaron la Ley de Emergencia Carcelaria, mediante la cual se autorizó a reestructura el presupuesto y solicitar en préstamo hasta 50 millones de dólares para corregir la problemática.

En definitiva, falta únicamente llevar estas recomendaciones a la acción concreta, que no depende de otra cosa que de la voluntad política.

El informe completo, a continuación: