Crisis carcelaria: se suspendió la audiencia tras recibir propuestas de la Fiscalía de Estado

Luego de algunas idas y vueltas, que incluyeron duras repercusiones contra la medida dictada por un juez para frenar la crisis carcelaria, y que un tribunal anulara su decisión para dar intervención a la Fiscalía de Estado, el diálogo parece estar llegando a buen puerto. La defensa recibió propuestas concretas para combatir el colapso en las comisarías y acelerar las soluciones, y al menos en principio, no insistirán con el habeas corpus.

Según informaron desde el área de Prensa del Ministerio Público de la Defensa, "los defensores públicos Raúl Caferra y José Maitini solicitaron la suspensión de la audiencia prevista para hoy en el marco del habeas corpus colectivo presentado en favor de las personas que se encuentran alojadas en comisarías de la I Circunscripción judicial".

"Los funcionarios del MPD explicaron que recibieron una propuesta por parte de la Fiscalía de Estado que consiste de un plan de acción (obras y mejoras) para el corto, mediano y largo plazo", indicaron.

Este viernes a las 8:30 estaba previsto que el habeas corpus se presente nuevamente, pero ante el juez Raúl Aufranc y con la presencia de la Fiscalía de Estado, autoridad que un tribunal revisor consideró que debía participar de la discusión.

Raúl Gaitán, fiscal de Estado de la provincia.

Raúl Gaitán, fiscal de Estado de la provincia.

En la audiencia, Caferra sintetizó: "Si bien el borrador lo recibimos hoy, hemos tenido reuniones anteayer y ayer con el fiscal de Estado Raúl Gaitán y con Gustavo Kohon para intentar llegar a un acuerdo que permita destrabar esta situación, con un plan de remediación y en definitiva, dar respuesta concreta al contexto que actualmente se vive en las comisarías y que habíamos denunciado a través de este habeas corpus".

Agregó que "establecimos distintas prioridades y plazos, y si bien no hemos analizado la propuesta en profundidad, porque la recibimos hoy, el canal de diálogo está abierto". Destacó que el interés de la Defensa Pública era y es que "esta situación se aborde de manera urgente, porque no puede seguir esperando".

El pedido de suspensión fue acompañado por la abogada particular Sol Pérez de León, por el fiscal Maximiliano Breide Obeid y por el funcionario de la Fiscalía de Estado, Gustavo Kohon.

Desde el MPD se analizará la propuesta que consiste -adelantaron- en la finalización del pabellón de máxima seguridad, obras en las casas de preegreso para ampliar cupos y la instalación de módulos habitacionales temporales -que ya se utilizan en otras provincias-, que en el corto plazo podrían habilitar cupos en las cárceles y permitir reubicar personas condenadas que actualmente están alojadas en comisarías.

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El fallo del juez Kees

Cabe recordar que, tras dos días de arduas discusiones sobre el habeas corpus presentado, el juez Juan Kees le dio la derecha a la defensa pública y puso plazo para que se comience a descomprimir las comisarías, que hoy sufren los peores efectos de la crisis carcelaria.

"Está claro, más allá de si hay colapso o no (que la fiscalía negó), que hay muchas más personas de las que caben en las comisarías", y sostuvo: "Están acreditados los hechos, es muy abundante la prueba que se produjo en estos dos días".

En este sentido, enumeró que se acreditó fehacientemente que en las comisarías hay falta de acceso a la salud (más allá de la falta de higiene, en varias comisarías se relevaron casos de internos con enfermedades crónicas que no están siendo atendidos/llevados a los turnos); hay una clara "violación al derecho al trato digno" (se observaron espacios sin ventilación, sin luces, sin muebles, colchones junto a letrinas y en ese mismo espacio deben recibir a las visitas); y también la privación del acceso a la educación y el trabajo para los condenados alojados, a quienes les corresponde ese derecho por la Ley de Progresividad.

Respecto de las responsabilidades que señaló la fiscalía, que principalmente criticó a la defensora general y ex ministra de Seguridad, Vanina Merlo, el magistrado reconoció que en parte el panorama actual es culpa de las gestiones anteriores, pero aún así señaló que la gestión actual de Matías Nicolini no está exenta de responsabilidad.

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Sebastián Fariña Petersen

Sobre este punto, recalcó que uno de los testigos informó que se ha hecho una inversión de poco más de 2 millones de dólares, aunque la Ley de Emergencia Carcelaria habilita a utilizar hasta 50 millones. "Es una porción ínfima comparada con la posibilidad que tenían", opinó. Y también criticó que se dilatan las obras al atravesar los procesos de licitación, algo que consideró inentendible teniendo en cuenta que la misma ley habilita al ministro a realizar contrataciones directas. Finalmente, remarcó que no hay constancia de que se esté cumpliendo con los informes debidos sobre los avances a la Legislatura.

"Las acciones desplegadas hasta ahora por la Provincia son insuficientes", declaró Kees y tras hacer un recuento por la normativa nacional e internacional que establecen pautas y recomendaciones de los índices de habitabilidad mínimos con los que deberían contar los espacios de encierro, expresó: "Sobran normas para declarar lo acreditado como un trato cruel, inhumano y degradante".

Por todo esto, ordenó la prohibición de seguir habilitando comisarías "de facto", es decir, ninguna otra que no haya sido pensada para el alojamiento permanente de personas. Además, prohibió el ingreso de nuevos condenados a cumplir pena en comisaría desde el próximo 4 de marzo y otorgó un plazo hasta septiembre para reubicar a los que ya están purgando una en las alcaidías de la I Circunscripción.

Su decisión fue luego anulada por un nuevo tribunal, que indicó que la Fiscalía de Estado debería haber sido citada al debate, pero no opinó sobre las condiciones de las comisarías.