Crisis carcelaria: Provincia tiene hasta septiembre para reubicar a todos los condenados

Tras dos días de arduas discusiones, la Justicia le dio la derecha a la defensa pública y puso plazo para que se comience a descomprimir las comisarías, que hoy sufren los peores efectos de la crisis carcelaria. En principio, el gobierno provincial tendrá hasta septiembre para reubicar a todos.

Luego de varias idas y vueltas, que incluyeron un intento de la fiscalía de recusar al juez Juan Kees, los defensores a cargo de la presentacion y el fiscal Maximiliano Breide Obeid expusieron sus pedidos. Solo coincidieron en pedir informes bimestrales al gobierno provincial, dado que la fiscalía se opuso a fijar un límite a las comisarías.

En su alegato, el defensor de circunscripción Raúl Caferra expresó que lo que se debía responder en el marco del habeas corpus es si “existe o no un agravamiento de las condiciones de detención en las comisarías de la I Circunscripción”. Subrayó que las pruebas aportadas y “los testimonios fueron categóricos” para responder afirmativamente. “Existe sobrepoblación y tratos crueles e inhumanos”, dijo.

Consideró que se minimiza “esta cuestión que es violatoria de los Derechos Humanos” y que fue probada y acreditada , tanto por la Defensa Pública como por el mecanismo local del Comité de Prevención de la Tortura. “No se está pidiendo la libertad de nadie –sentenció- sino que se está poniendo de relieve una realidad que es evidente” y que “no puede durar un día más”. Agregó que las personas privadas de libertad en comisarías “también son víctimas, a las que el Estado está agrediendo”.

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Por su parte la defensora de Ejecución, Luciana Petraglia enfatizó que estás vulneraciones de derechos las puede corroborar cualquier operador judicial “no muy lejos de aquí, a pocas cuadras”. Y preguntó a los presentes: “¿Cuánta prueba más tendríamos que generar para que se vea que esto es degradante?”.

Y concluyó: “Si desde el Poder Judicial decimos que esto no es ilegal, desde la administración –Poder Ejecutivo- no se va a hacer nada”.

El defensor José Maitini, a su vez, consideró que “lo que estamos haciendo es una obligación como funcionarios públicos pero fundamentalmente es una cuestión de humanidad”.

El juez apuró a la Provincia

Tras tomarse un cuarto intermedio de unas horas, Kees apoyó a la defensa en su postura y expresó: "Está claro, más allá de si hay colapso o no (que la fiscalía negó), que hay muchas más personas de las que caben en las comisarías", y sostuvo: "Están acreditados los hechos, es muy abundante la prueba que se produjo en estos dos días".

En este sentido, enumeró que se acreditó fehacientemente que en las comisarías hay falta de acceso a la salud (más allá de la falta de higiene, en varias comisarías se relevaron casos de internos con enfermedades crónicas que no están siendo atendidos/llevados a los turnos); hay una clara "violación al derecho al trato digno" (se observaron espacios sin ventilación, sin luces, sin muebles, colchones junto a letrinas y en ese mismo espacio deben recibir a las visitas); y también la privación del acceso a la educación y el trabajo para los condenados alojados, a quienes les corresponde ese derecho por la Ley de Progresividad.

Respecto de las responsabilidades que señalo la fiscalía, que principalmente criticó a la defensora general y ex ministra de Seguridad, Vanina Merlo, el magistrado reconoció que en parte el panorama actual es culpa de las gestiones anteriores, pero aún así señaló que la gestión actual de Matías Nicolini no está exenta de responsabilidad.

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Sobre este punto, recalcó que uno de los testigos informó que se ha hecho una inversión de poco más de 2 millones de dólares, aunque la Ley de Emergencia Carcelaria habilita a utilizar hasta 50 millones. "Es una porción ínfima comparada con la posibilidad que tenían", opinó. Y también criticó que se dilatan las obras al atravesar los procesos de licitación, algo que consideró inentendible teniendo en cuenta que la misma ley habilita al ministro a realizar contrataciones directas. Finalmente, remarcó que no hay constancia de que se esté cumpliendo con los informes debidos sobre los avances a la Legislatura.

"Las acciones desplegadas hasta ahora por la Provincia son insuficientes", declaró Kees y tras hacer un recuento por la normativa nacional e internacional que establecen pautas y recomendaciones de los índices de habitabilidad mínimos con los que deberían contar los espacios de encierro, expresó: "Sobran normas para declarar lo acreditado como un trato cruel, inhumano y degradante".

Por último y antes de resolver, se defendió de las acusaciones de imparcialidad que hizo el fiscal jefe: "Mi opinión sobre este tema es que la sobrepoblación es un problema grave que afecta a la sociedad y necesita una respuesta; eso es todo".

Al momento de resolver, optó por no fijar un cupo para cada comisaría como requirió la defensa, por considerar que requeriría de más tiempo y análisis, prefiriendo dar una respuesta más célere al asunto. No obstante, puso un límite para las alcaidías.

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De los 140 que hay alojados actualmente, se estima que unos 80 son condenados, con lo cual solo sacar a estos últimos sería un cambio significativo en el hacinamiento.

Con esto en mente, por un lado, el juez ordenó al ejecutivo provincial que no se habiliten más comisarías "de facto", es decir, ninguna otra que no haya sido pensada para el alojamiento permanente de personas. En esta circunscripción aun quedan varias sin alojados que podrían -sin esta orden- ser habilitadas para "repartir" la carga de las demás, y esto dio lugar a la medida. Son la Cuarta (Alta Barda), la 10 (Añelo), la 13 (San Patricio del Chañar), la 20 (Parque Industrial Neuquén), la 21 (Melipal) y la 52 (Centenario).

Además, declaró que desde el próximo 4 de marzo (cuando se cumple un año de la declaración de Emergencia Carcelaria), ya no podrán ingresar condenados a las comisarías; es el caso de aquellos que siguen el proceso en libertad y luego se les ordena una prisión efectiva. En cuanto a los restantes condenados ya dentro de las alcaidías, deberán ser reubicados en un plazo de seis meses a contar desde el 4 de marzo.

A modo de ejemplo, sugirió que el ejecutivo provincial podría alquilar módulos habitacionales para esto, pero hizo hincapié en que "no podemos aceptar que sigan entrando personas condenadas a las comisarías de la I Circunscripción".

Por último, ordenó al Ministerio de Seguridad presentar un plan concreto para solucionar la situación de los detenidos en las comisarías y que se adecúen los sistemas de prevención de incendio en un plazo de 60 días.

El fiscal Breide Obeid solicitó la revisión de la decisión ante un nuevo tribunal.

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Sebastián Fariña Petersen