Crisis carcelaria: Nicolini no se presentó y el fiscal pidió recusar al juez

El debate por el habeas corpus presentado por la defensa pública, que pretende que la Justicia fije un cupo de alojados en las comisarías para dejar de apilar personas, fue una jornada cargada de tensión. Luego de varios encontronazos entre las partes, una ausencia y un pedido de recusación, fiscalía y defensa harán su pedido puntual.

Este jueves se retomó la audiencia del habeas corpus para recibir al ministro Matías Nicolini como último testigo antes de avanzar hacia los alegatos de las partes. El día miércoles, la defensa respaldó su reclamo en lo constatado tras el monitoreo de las comisarías que se realizó a lo largo de todo 2024: que en los espacios de todas las alcaidías se están prácticamente apilando detenidos y que las condiciones edilicias (en todos sus aspectos) no cubren los estándares mínimos de habitabilidad. Recalcaron también que hay seis comisarías que funcionan "de facto" porque solo fueron pensadas para contraventores y deben dejar de utilizarse para ese fin.

Por su parte, la fiscalía declaró no estar de acuerdo con ciertas partes del informe presentado como prueba, afirmó que "no hay colapso" en las comisarías y culpó por la crisis carcelaria a la defensora general Vanina Merlo.

Tras escuchar a dos testigos que apoyaron lo dicho por la defensa, restaba el ministro de Seguridad, quien al parecer no había sido notificado para comparecer el miércoles, por lo que su citación se movió a este jueves. Esta vez, se comprobó que quedó notificado, aunque no se pudo dar con él, sino que una funcionaria de su cartera pasó el mensaje tras avisar que el ministro no estaba en Neuquén capital.

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Sebastián Fariña Petersen

Efectivamente, este jueves el ministro no se presentó en Ciudad Judicial y por ello parecía que la audiencia se caería. Al menos así planeaba pedir la defensa pública, entendiendo que la presencia de Nicolini era primordial. El defensor jefe Raúl Caferra señaló: "Entendemos que la autoridad requerida es única y es el ministro Nicolini que encabeza el ministerio; entendemos que no puede continuar esta audiencia sin que comparezca y presente el informe respectivo".

Además, expresó: "Esto es insólito porque, sinceramente, en casi 25 de años de profesión, nunca me pasó que en una audiencia de habeas corpus la autoridad requerida no comparezca". De igual manera, sugirió hacer un cuarto intermedio para insistir en que asista él o un representante. "Tenemos toda la paciencia del mundo porque los que más paciencia están teniendo y están pagando con sus vidas son nuestros detenidos en las comisarías de la provincia", concluyó.

Por su parte, el fiscal Maximiliano Breide Obeid dijo haberse comunicado con Nicolini personalmente durante el día miércoles y ratificó que el ministro no estaba en la ciudad, sino en Junín de los Andes, asistiendo el operativo por los incendios forestales. Sugirió, a modo de reemplazo, que haga un descargo por escrito.

Luego de esto, el magistrado Kees llamó a un cuarto intermedio hasta poder comunicarse con Nicolini y corroborar su imposibilidad, además de requerir que envíe a alguien en representación del Ministerio.

Testigo sorpresa

Todos los asistentes en la sala se disponían a salir de la sala cuando, repentinamente, un hombre se acercó al fiscal jefe y aseguró ser el enviado por Nicolini para suplir su testimonio. De esta manera, la audiencia se reanudó rápidamente para escucharlo.

Se trata de Gastón Ponce, quien se presentó como director de Asuntos y Políticas Penitenciarias de la provincia, un área dependiente del Ministerio de Seguridad y nucleada dentro de la Subsecretaría de Seguridad. Dentro de sus funciones, afirmó que se encuentra el "mantenimiento, reparación y funcionamiento" de los penales de la provincia, además de los programas intramuros tendientes a la reinserción de los condenados una vez en libertad. También se ocupan de las comisarías desde que éstas comenzaron a recibir condenados.

Al ser consultado por la defensora Petraglia, indicó que para revertir la crisis actual, se está trabajando en la construcción de nuevos pabellones de mediana y máxima seguridad para la U11 (ubicada en Parque Industrial Neuquén), para la U22 (en Cutral Co) y para la U32 (en Zapala. Detalló que el primero a estar listo se prevé para noviembre de este 2025 y permitirá alojar 27 internos en la U11.

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Respecto de la cantidad de condenados en toda la provincia, afirmó que hay "470 en penales y 184 en comisarías".

A preguntas del fiscal, indicó que el penal de Senillosa traspasado a Nación contaba con una capacidad para unos 600 internos.

Por último, el juez interviniente le hizo más preguntas. Le consultó sobre cuándo fue designado Nicolini como ministro de Seguridad (al comienzo de la gestión de Rolando Figueroa, en marzo 2024) y cuántas plazas nuevas para detenidos se crearon mediante nuevas obras desde ese entonces hasta el día de la fecha. "Por obras de infraestructura, no amontonando internos", aclaró el magistrado. Ponce afirmó que ninguna plaza ha sido creada.

Incluso, esto último se ve reflejado en el siguiente cuadro al que accedió exclusivamente LMN, realizado por el Grupo de Control del Encierro Preventivo de la defensa, en el que se observa que el cupo fijado por la Policía y el calculado en base a las recomendaciones no se modificó (porque no se produjeron plazas), pero aún así el número de alojados se mantuvo en aumento.

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Polémica y recusación

Tras esto, el juez pretendía continuar con más preguntas, pero fue frenado por Breide Obeid, quien reclamó que el juez no tiene permitido por el Código Procesal Penal de Neuquén hacer preguntas ni introducir prueba y pidió recusarlo ante su negativa a cumplirlo.

Lo que planteó el fiscal es correcto, pero Kees argumentó que el proceso se rige en realidad por la ley de habeas corpus, que es de aplicación nacional, que sí permite que el magistrado intervenga y que no da lugar a recusaciones.

Todo esta discusión terminó con la intervención de la jueza Carina Álvarez, presidenta del Colegio de Jueces de Neuquén, quien fue convocada a resolver sobre la recusación. "Esta fiscalía tiene sospecha de parcialidad previa a la audiencia por resoluciones previas del Dr. Kees", sostuvo Breide.

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Sebastián Fariña Petersen

Tras un cuarto intermedio de media hora, la jueza declaró inadmisible el pedido de recusación y sostuvo que no advierte "parcialidad" en el juez interviniente en la causa.

Para finalizar el interrogatorio de Ponce, Kees le preguntó si estaba al tanto de los informes periódicos sobre los avances que se deben mejorar a la Legislatura. Ponce indicó que estaba al tanto pero que "no puede aseverar" que se hayan hecho las presentaciones.

Finalmente, indicó que de los 50 millones de dólares que se podrían invertir en realizar mejoras -según habilita la Ley de Emergencia Carcelaria-, hasta ahora se han hecho por 2440 millones de pesos.

Antes de retirarse, pidió expresarse sobre la falta de nuevas plazas desde que comenzó la actual gestión del ministro de Seguridad. "Venimos casi 30 años sin inversiones en esta área, recibimos una herencia compleja, hay procedimientos que seguir, varios organismos que intervienen y eso lleva tiempo, hay que dar muchas explicaciones de la gestión para llevarla ordenada".

En este sentido, recordó que las últimas unidades de detención creadas fueron creadas hace unos 20 años; la U22 de Cutral Co en 2006 y la U32 de Zapala en 2005.

"Son muchísimos años donde no se observó de invertir, de crear (plazas). No desconocemos la situación, las condiciones en que están y estamos trabajando en pos de ello", aseguró y recordó que "la última declaración de emergencia carcelaria fue en el '93".

Luego de esto, el defensor Caferra indicó que se daban por satisfechos y que no insistirían en convocar al ministro.

El fiscal Breide, por su parte, requirió citar a la defensora general Vanina Merlo antes de dar por cerrada la etapa de producción de prueba, para que dé explicaciones sobre "los alcances de la entrega del predio de Senillosa". También pidió que se entreviste a cada interno alojado en comisarías para escuchar sus opiniones sobre el tema tratado.

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La defensa se opuso a ambos pedidos por considerarlos innecesarios y, por su parte, la defensora Petraglia señaló como "insólito que el argumento de la fiscalía sea que la culpa de todo es de la defensora general".

Tras escuchar las posturas de las partes, el juez Juan Kees consideró suficiente el informe producido por la el Grupo de Control del Encierro de la defensa y por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, puesto que "dieron información fidedigna de la situación" de hacinamiento, a lo que se sumaron la declaración del comisario Olguín, Silvia Couyoupetrou del Comité Provincial y la de Ponce este jueves.

"No es necesario producir más prueba, no es necesario indagar en la entrega de Senillosa porque no nos lleva a resolver el problema del hacinamiento. Sobre el comparendo de los internos, tampoco es necesario porque fueron entrevistados por el Comité Provincial", expresó.

Finalmente, las partes pasaron a otro cuarto intermedio antes de dar sus respectivos alegatos, en los que deberán exponer sus pedidos puntuales. Por el lado de la defensa, se pedirá fijar un cupo para cada comisaría, como ya informó LMNeuquén, basado en los metros cuadrados de las celdas que cada una posea.

Si el juez fija el cupo, luego se deberá priorizar a quiénes se mantiene detenidos, mientras que a los demás se les deberán fijar otras medidas cautelares alternativas, como la prisión domiciliaria monitoreada con rondines y tobilleras electrónicas.

En principio, la fiscalía pedirá que no se fije el cupo pedido por la defensa, aunque también podría realizar pedidos subsidiarios.

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Celdas de Comisaría 16, barrio San Lorenzo, obtenido del Informe 2024 del Grupo de Control del Encierro.