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La guerra silenciosa entre Neuquén y Río Negro por una isla del Limay

La fiscalía neuquina va a la Corte Suprema de Justicia de la Nación reclamando la competencia jurisdiccional. Río Negro cercó, plantó bandera y dispuso policía.

El conflicto por la isla 131 A ha puesto en pie de guerra a Neuquén y Río Negro. Ambas provincias hacen frente al conflicto en el ámbito judicial y también político. Cada una busca defender lo que consideran territorio propio.

Hasta ahora, Neuquén fue más conciliador y diplomático, pero nada prosperó. Río Negro mostró los dientes y se negó a toda gestión pacífica y de colaboración para pasar a la acción. Cercó la isla, plantó bandera y hasta hay policías resguardando la soberanía.

Ahora, se acabó la cortesía. La fiscalía de Neuquén va a desembarcar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) solicitando que se declare la competencia jurisdiccional a su favor para que puedan intervenir legalmente en esta guerra silenciosa que se inició a partir de denuncias cruzadas entre dos emprendedores, un neuquino y un rionegrino.

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La isla fantasma

Para que puedan ubicarse en el mapa o mentalmente, les explico. Hay un grupo de islas frente al Paseo de la Costa, la 130 A y B y la 131 A y B. Obviamente, están dentro del cauce del río Limay. Cuando el límite geográfico está dado por un río, este se establece en el medio del cauce.

Pero la delimitación geográfica de un territorio no es una ecuación tan simple porque pueden existir otras variables dadas por la cesión de tierras de Nación a las provincias. Un límite arbitrario, pero en los papeles es real.

De hecho, durante las crecidas, dicha isla suele ver reducida su superficie y hasta desaparecer. En la actualidad, está prácticamente bajo el agua.

Ahora que estamos en tema, comencemos a navegar o naufragar por las aguas de este conflicto entre provincias.

A lo guapo

Todo emergió el 28 de octubre pasado cuando el neuquino Enrique Tessa estaba en la isla realizando tareas para la construcción de un camping organizado, Sylvestre.

En medio de la jornada, desembarcó en la isla el rionegrino Daniel Cressatti, que dijo ser dueño de esas tierras en las que desarrolla el emprendimiento ganadero Don Humberto, por lo que Tessa debía retirarse del lugar.

El neuquino se terminó yendo debido a que Cressatti tenía en la cintura un arma de fuego que no sacó pero que acomodaba a cada rato para que se entendiera la amenaza no enunciada.

Lo tremendo es que junto con Cressatti había funcionarios judiciales y policiales de Río Negro que no se espantaron por el manejo del emprendedor rionegrino.

Tessa, sin chances de nada y para evitar algún mal mayor, se terminó yendo y dejando todas las herramientas y materiales en la isla, ya que para retirarlos debía contar con una embarcación que le permitiera navegar el río.

El emprendedor neuquino reunió toda la documentación y se fue a la Comisaría Segunda, donde radicó la denuncia inicial.

Tessa demostró poseer un contrato de comodato firmado con el titular de las tierras, Pablo Mander, y presentó copia de la escritura pública, con la respectiva nomenclatura catastral de la isla 131 A.

Además, exhibió un plano aprobado por la Dirección General de Catastro de Neuquén y toda la documentación para llevar adelante la construcción y explotación del proyecto turístico.

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A la Justicia

El 31 de octubre, otro actor entró en juego, Pablo Mander, titular de la isla.

Con la denuncia policial en mano, fue a la Fiscalía de Asignación de Casos, donde lo recibió el fiscal Diego Azcárate.

Mander denunció intromisión y turbación de su propiedad por parte de Cressatti.

Azcárate libró un oficio para que se hiciera una constatación en dicha isla para que, en base a los planos, se confirme la jurisdicción. Al lugar acudieron personal de la Comisaría Segunda junto con Prefectura Naval.

La constatación no pudo concretarse. De hecho, ninguno de los que acudió pudo poner un pie en la isla debido a que estaba la hija de Cressatti junto con un nutrido grupo de policías rionegrinos, encabezados por el subcomisario Darío Reisvig, que no permitieron el desembarco.

Tras el naufragio de la medida, Azcárate solicitó informes a todas las reparticiones neuquinas involucradas.

En paralelo, en Río Negro, Cressatti radicó una denuncia contra Tessa por usurpación ante el fiscal Guillermo Ibáñez, al cual le brindó documentación de que su familia poseía esas tierras desde hacía unos 70 años.

Ibáñez también solicitó documentación a todos los organismos involucrados en Río Negro.

Al tomar conocimiento Azcárate de la intervención del Ministerio Público Fiscal de Río Negro, se puso en contacto con Ibáñez y coincidieron en trabajar en cooperación para resolver el tema limítrofe y, por lo tanto, la competencia.

Desde Neuquén enviaron toda la documentación recolectada, pero de Río Negro no remitieron ni una foja hasta la fecha.

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Piratas del Limay

Vale recordar que todas los materiales y herramientas de Tessa con los que desarrollaba el camping Sylvestre habían quedado en la isla. Desde ese fatídico 28 de octubre el emprendedor neuquino no pudo realizar ningún avance en la obra, y todos los materiales y herramientas quedaron bajo custodia rionegrina.

El 22 de marzo pasado se acudió a la isla a realizar una constatación notarial en la cual se verificó la inexistencia de las herramientas y materiales, además se observó la presencia de carteles que indican que es lugar es “Propiedad de Cressatti”, un alambrado y la bandera de Río Negro flameando.

Tessa estalló en desesperación porque la inversión realizada es millonaria y encima le desaparecieron las herramientas y los materiales por un monto muy importante, más aún si tenemos en cuenta la disparada de los precios producto de la inflación.

Ante esta situación, el fiscal Azcárate solicitó al juez de Garantías Cristian Piana un allanamiento que fue tramitado vía exhorto.

El 23 de abril, la jueza de Garantías de Cipolletti, María Agustina Bagniol, contra todo pronóstico, se negó a autorizar el allanamiento, en una medida inédita alegando que ya estaba interviniendo la fiscalía de Cipolletti, que existía un conflicto de competencia territorial y que había medidas cautelares y resoluciones firmes.

A la vista quedaba claro que la diplomacia neuquina no había prosperado, pese a todos los criterios de colaboración existentes, la Justicia rionegrina al igual que Cressatti han plantado bandera y ahora el conflicto entre dos emprendedores ha pasado a convertirse en una guerra silenciosa entre dos provincias.

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Reseña histórica

Las únicas novedades que surgen del otro lado del río son que Cressatti, dueño del establecimiento Don Humberto, acreditó propiedad con escritura, copia del impuesto inmobiliario y constancia de que no existe ninguna autorización para explotar la isla con fines turísticos.

Lo cierto es que el tema caló en el gobierno neuquino y la Fiscalía de Estado también tomó cartas en el asunto. Fue así que revolvieron los archivos de todas las reparticiones involucradas y brindaron una detallada reseña histórica al fiscal Azcárate sobre la soberanía de la isla en pugna.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder LMN, el 8 de junio pasado, Gustavo Kohon, apoderado de la Fiscalía de Estado, presentó un escrito afirmando que la isla 131 A es de Neuquén.

“La demarcación de los territorios nacionales de Neuquén y Río Negro fue originalmente definida a través de la ley nacional 1532. El 16 de junio de 1955 se sancionó la ley nacional 14408 de provincialización de territorios nacionales, en el que pasaron al dominio de las nuevas provincias los bienes situados dentro de sus respectivos límites territoriales”, comienza señalando el informe.

Luego, se publicó el decreto oficial 5008/66, donde se declararon transferidas la totalidad de las tierras e islas fiscales que hoy están en conflicto.

No conforme con dicha documentación legal, sumaron el decreto de la ley 18501, que data de 1970, en el cual se establecen los límites entre Neuquén y Río Negro.

“1) Entre los ríos Colorado y Neuquén, la línea demarcada en 1882 por los señores Octavio S. Pico y Compañía, que fuera aprobada por el Poder Ejecutivo nacional mediante los decretos del 13 y del 18 octubre de 1886; 2) Seguirá luego por línea media de los cursos actuales de los ríos Neuquén y Limay. En su caso, el límite desplazará siguiendo las variaciones naturales del curso de los citados ríos; 3) Las islas existentes en los ríos Limay y Neuquén y que hayan sido cedidas por la Nación mediante acto público a la provincia del Neuquén pertenecerán a esta última, como así también los islotes y dependencia geográficas de las mismas. En cuanto a las restantes islas, pertenecerán a una u otras provincias según se hallen a uno y otro lado de la línea media del curso actual de los ríos Neuquén y Limay. Los cambios de curso de los ríos no afectarán la jurisdicción sobre las islas”, estable el decreto.

Después, hay toda una explicación jurídica donde se detalla la nomenclatura catastral, la ley 263 y su decreto reglamentario a partir del cual se adjudicó en 1993 la isla a Pablo Mander.

A todo este caudal de información que da cuenta de que la isla es de Neuquén, se sumó una entrevista realizada al agrimensor Eduardo Founier, que fue quien le realizó los planos de mesura en su momento a Cressatti.

El agrimensor elaboró un informe en el marco de esta puja en el que da cuenta de que “de los límites dominiales, la isla 131 A es parte de la provincia de Neuquén”. La información es contundente.

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A la Corte

Con toda esta documentación en su escritorio, el fiscal Azcárate no dudó sobre la soberanía neuquina sobre esta isla en particular.

“No existe una cuestión o confusión de límites en los términos del art. 75 inc. 15 de la Constitución Nacional. La provincia de Neuquén ha mantenido siempre la misma posición desde el dictado de las normas nacionales que el gobierno promulgó con competencia para hacerlo, conservando a la fecha plena validez y vigencia”, reza el escrito que va camino a la CSJN.

¿Qué le advierte Neuquén a la Corte? Que Río Negro ha realizado una intervención que ha implicado la afectación hasta de la investigación del caso. Y detallan que se comprobó la presencia de la Policía rionegrina en territorio neuquino y medidas cautelares cuyos efectos tienen impacto en Neuquén.

Por este motivo, se solicitará a la CSJN que se respete la competencia territorial que resulta ser de Neuquén, de acuerdo con toda la documentación que se remite.

El petitorio que va en camino a Capital Federal también solicita que se libre un oficio al juez de Garantías de Cipolletti que corresponda para que el fiscal Guillermo Ibáñez se inhiba de ejercer actos investigativos y remita a la fiscalía de Neuquén todas las actuaciones realizadas hasta la fecha.

Ahora, habrá que esperar que la CSJN se expida al respecto, lo que podrá llevar un tiempo, pero hasta ahora Neuquén ha demostrado tener documentación contundente y Río Negro, con métodos poco sanos, parece hacer agua

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