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Presentaron un proyecto para declarar la emergencia habitacional en la cordillera y el Alto Valle

"Hoy alquilamos y no sabemos si el mes que viene nos dejan en la calle", manifestaron familias de San Martín de los Andes, Villa Pehuenia, Neuquén, Centenario y Vista Alegre.

En medio de la situación de zozobra que están viviendo muchas personas en las localidades turísticas de la cordillera debido a la falta de alquileres permanentes, familias de Villa Pehuenia, San Martín de los Andes, Neuquén, Centenario y Vista Alegre presentaron este martes en la Legislatura un proyecto de ley para que se declare la emergencia habitacional en la provincia por el término de cinco años.

La iniciativa, impulsada por el Frente de Izquierda, también fue presentada en el Concejo Deliberante de Neuquén Capital. “Incluye la construcción de 80.000 viviendas y la integración sociourbana de tomas y asentamientos precarios. Además, proponemos la creación de bancos de tierras municipales en todas las ciudades de la provincia y medidas de protección a inquilinas e inquilinos”, explicó el diputado Andrés Blanco.

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El legislador agregó que para financiar este plan la izquierda propone la creación de un Fondo Provincial de Emergencia Habitacional compuesto por un impuesto especial del 5% de la producción de hidrocarburos convencionales y no convencionales y de un impuesto a las viviendas ociosas.

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“La provincia de Neuquén atraviesa una verdadera emergencia habitacional. Son más de 100 mil las familias que no tienen acceso a tierras y a viviendas propias. Cada año son más las familias que necesitan alquilar y destinan la mayor parte de su salario a un alquiler. Otras ni siquiera pueden acceder a un alquiler por la especulación inmobiliaria en las zonas turísticas. Otras tantas viven hacinadas en tomas y asentamientos”, planteó.

“Los alquileres que hay son para el turismo. La gente que es propietaria no nos alquila. No hay casas para alquilar, no hay tierra para vivir”, dijo con angustia Gabriela Lima, una vecina de Villa Pehuenia.

"Las familias que hoy tienen alquiler no saben si el mes que viene van a poder seguir viviendo en esa casa porque los dueños o les piden la vivienda o les suben el alquiler para que se vayan para poder alquilarla al turismo", señaló, para luego remarcar que desde hace cuatro meses viene solicitando, a través de los concejales de Pehuenia, información sobre las tierras disponibles en la localidad y que ni la Municipalidad ni la provincia dan una respuesta.

"La vivienda es un derecho, no una mercancía. Hoy en la Argentina y en la provincia de Vaca Muerta, la construcción de viviendas y servicios está al servicio de las ganancias de los empresarios y no a satisfacer las necesidades de la población”, acotó Blanco.

Según indica el texto del proyecto de ley, los beneficiarios del plan de emergencia serán "toda persona o grupo familiar que se encuentre inscripta en el Registro Único Provincial de Vivienda del IPVU-Adus, cuya inscripción permanecerá abierta de manera permanente". "Tendrá derecho de prioridad como beneficiaria de la presente ley, toda mujer o persona trans y su grupo conviviente, que padezca la situación concreta de violencia de género o se encuentre ante el riesgo de sufrir cualquiera de las formas de violencias. Así como también, todo grupo familiar con miembros con alguna discapacidad", se explicita en el escrito.

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Entre otros puntos, el proyecto prevé un impuesto a la vivienda ociosa, considerando como tal aquella que se encuentra deshabitada o no utilizada en forma permanente, sin causa justificada, por el plazo de un año. El tributo será mensual y será calculado a partir del valor fiscal. "Será de un 2% para aquellas personas físicas que posean a partir de 3 viviendas ociosas, 3% para aquellas que posean 4 viviendas ociosas, y se incrementará en un 1% por cada vivienda ociosa adicional. Para el caso de las sociedades comerciales (entre las que se encuentran constructoras, inmobiliarias, desarrolladoras y otras sociedades comerciales), el valor mensual será del 5% para aquellas que posean una vivienda ociosa, 6% para aquellas que posean 2 viviendas ociosas, y se incrementará en un 1% por cada vivienda ociosa adicional", se detalla en el artículo 15.

Por otro lado, el artículo 20, referido a alquileres, establece "un máximo del 20% de la canasta familiar, al valor de los alquileres de vivienda única de tipo familiar, cuyo propietario tenga más de 5 bienes inmuebles. La garantía de este tipo de contratos será el Estado provincial. El locador propietario de más de 5 bienes inmuebles deberá soportar los gastos del contrato y los que demande el intermediario del alquiler".

En tanto, el artículo 21, prohíbe los desalojos "cuando se dispongan sobre una vivienda única de tipo familiar o sobre terrenos ocupados por familias que reclaman la construcción de viviendas, sean cuales fueren las razones que motiven tal medida".

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