Provincia intervendrá en los contratos de alquiler
En medio de la decisión del gobierno nacional de prorrogar el decreto de congelamiento de los alquileres y la suspensión de desalojos, el Ejecutivo provincial intervendrá en el tema para sentar en una mesa a propietarios e inquilinos con el objetivo de encontrar puntos de acuerdo ante una situación muy compleja.
Hasta el momento, se encuentra vigente la prórroga automática de los contratos vencidos y los propietarios no pueden iniciar ninguna medida por falta de pago.
Pero la realidad es que esto ni cerca estuvo de resolver la problemática de los alquileres, sino que solo sirvió para patear la pelota hacia adelante en medio de la pandemia del COVID-19.
Por esta razón, la Asociación de Inquilinos de Neuquén firmará en los próximos días un convenio con el Ministerio de Gobierno que, a través del área de Mediación Comunitaria, buscará acercar a las partes y evitar que el tema se judicialice.
“La provincia va a intervenir como mediadora con una herramienta que es muy útil en estos momentos porque se trata de un espacio que resuelve problemas”, señaló la ministra de Gobierno Vanina Merlo.
La presidenta de la Asociación de Inquilinos de Neuquén, Pamela Gaita, advirtió que hay una gran cantidad de locatarios que no están pudiendo pagar, mientras que los locadores quieren rescindir, invocando esa falta de pago o no queriendo renovar contratos.
Gaita definió como “ambiguo” al decreto de congelamiento de alquileres, que podría extenderse ahora porque, a su entender, es una solución para los que están imposibilitados de pagar total o parcialmente un alquiler pero que, por el otro lado, acarrea otro tipo de problemas como el que plantean los propietarios.
“Además, lo que se está generando es acumular y postergar deuda hacia adelante. Lo que creemos es que el camino pasa por acordar que las partes puedan salir de este punto de conflicto y que esto no derive en una ola masiva de juicios a inquilinos por desalojos”, indicó Gaita.
En un sentido parecido se pronunció el operador inmobiliario Guillermo Reybet, quien explicó que se deben analizar las condiciones de prórroga porque, dijo, “si no, lo único que se produce es más deuda”, y ejemplificó: “Hay contratos que vencían en marzo y siguieron pagando lo mismo sin ningún ajuste, y eso también genera que el día que se vuelva a hacer un contrato posiblemente pueda tener un fuerte incremento. Tengo un caso por el que un inquilino pagaba 11 mil pesos por un departamento de un dormitorio en pleno centro de Neuquén y hoy el propietario pide 22 mil pesos”.
Reybet precisó que todos estos contratos fueron firmados durante 2018 (el plazo mínimo legal es de dos años) y tuvieron cláusulas de ajuste, en su mayoría de manera semestral, con un porcentaje de incremento de entre el 10% y el 12%.
Gaita, por su parte, sostuvo que desde la asociación lo que se recomendó a los inquilinos para este período de pandemia es que si tenían un aumento pactado por contrato y lo podían pagar lo hicieran, porque si no generaban un problema hacia adelante. “Mucha gente creyó que no iba a pagar el aumento o la deuda acumulada”, advirtió.
“Creemos que la solución no es prorrogar un decreto, sino que las partes puedan acordar cómo seguir adelante”, aseguró la representante de los inquilinos .
Lo que se va a suscribir
El documento que firmará el Ministerio de Gobierno con la Asociación de Inquilinos, además de asistencia, asesoramiento, capacitación y mediación con propietarios, contempla la realización de campañas de difusión sobre la relación locador-locatario y la interacción a través de universidades y comisiones vecinales.
El convenio ya fue acordado pero faltó formalizarlo por la cuarentena, según se informó desde el propio ministerio.
-> Qué dice el decreto y cómo actuar
El decreto nacional estableció la suspensión de los desalojos por incumplimiento de pago y la prórroga automática de un contrato vencido hasta el 30 de septiembre. De prorrogarse, estas medidas se extenderán hasta enero. Además, el mismo decreto estableció el congelamiento del precio de los alquileres al valor de marzo. De todos modos, amparaba a los propietarios que dependieran del cobro de ese alquiler para “cubrir sus necesidades básicas”. En esos casos se debía acreditar debidamente esa situación.
Los locatarios que tuvieron congelado el alquiler deberán pagar la deuda que se generó cuando finalice el decreto en cuotas. Esto es la diferencia entre lo que el inquilino pagó y lo que debería haber pagado de haberse aplicado la actualización que rige en el contrato. Igual situación con las deudas por falta de pago. Además, la medida estableció la obligatoriedad de la bancarización para realizar pagos por transferencia y, de ese modo, evitar la movilidad y el contacto.
Guillermo Reybet explicó que en aquellos contratos cuya vigencia continúe después de septiembre, que se firmaron entre 2019 y los dos primeros meses de este año 2020, el inquilino puede optar por seguir pagando el alquiler de marzo o abonar el valor ajustado. Si opta por lo segundo, la diferencia que surja entre el valor abonado y el valor que correspondía la deberá cancelar a partir del mes que viene en tres o seis cuotas mensuales y consecutivas. Y puede haber acuerdo entre las partes siempre y cuando no sea más gravosa para el inquilino.



