Solidaridad. Una palabra gigante para denominar una ley que pide, esencialmente, que todos hagan un esfuerzo para emerger de la crisis económica, un sacrificio para reducir el problema más acuciante de todos, que incluye una cifra tan innegable como dolorosa: cuatro de cada diez argentinos son pobres.
La ley llega para apretar los cinturones. Tomar aire y aguantar la respiración para hacer un hueco más en el cinto y apretarse el estómago por un rato. ¿Cómo? Habrá impuestos a los bienes personales, será más caro viajar al exterior o ahorrar en dólares, y no habrá movilidad jubilatoria por 180 días.
Con un 40% de pobreza, el esfuerzo parece coherente. El único problema es que el cinto no se ajusta para todos. La misma normativa exceptúa de la suspensión de movilidad jubilatoria los regímenes especiales de ex presidentes, jueces y embajadores. Así, los privilegiados serán los mismos de siempre.
En ese contexto, se volvió viral el recibo de sueldo de Héctor Gay, intendente de Bahía Blanca, que en diciembre recibió casi 700 mil pesos entre su salario y el medio aguinaldo. Con 40% de pobreza, sus ingresos no son obscenos: son pornográficos.
Durante la sesión maratónica en Diputados, el legislador Waldo Wolff pidió que los jueces paguen ganancias y que se congelen por un año los sueldos y las dietas de diputados y senadores. “Tenemos que estar a la altura de las circunstancias”, señaló.
Las circunstancias son esas: un hambre que se extiende como una plaga. Un hambre que requiere del esfuerzo de todos pero más aún de los que con su vocación de servicio deberían sentar un ejemplo para la sociedad argentina en su conjunto.
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