Rechazó Nación una suba tarifaria en los celulares

Buenos Aires > El gobierno nacional rechazó ayer el aumento de tarifas aplicado por las compañías que brindan servicios de telefonía móvil Claro, Movistar y Personal sin autorización oficial.
El secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, consideró que "la calidad del servicio no es lo suficientemente buena como para que aumenten los precios de la telefonía móvil", según un comunicado distribuido por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC).
Las tres empresas que dominan un mercado de más de 50 millones de celulares en la Argentina volvieron a darle un golpe al bolsillo de los usuarios en los últimos días con retoques a sus sistemas tarifarios.
Desde el comienzo de 2014 las empresas de celulares vienen ajustando los abonos, y quienes más están sufriendo estos aumentos son los usuarios con planes prepagos, dado que el valor del minuto y de los mensajes de texto (SMS) es mucho más elevado que el que abona quien tiene factura mensual.
 
Variables
Movistar realizó un ajuste de entre 9 y 18 por ciento en este segmento días atrás, por lo que el minuto pasó de 2,90 o 3 pesos, según el plan, a 3,30 pesos; y los SMS pasaron de 0,72 o 0,77 a 0,85 pesos; mientras que la larga distancia se encareció un 9 por ciento.
En Claro, el aumento llegó luego de la aplicación del fraccionamiento por segundo que obligó el Gobierno a imponer en el sistema: la compañía cobra por "establecer la llamada" 3,30 pesos para prepagos (el valor de un minuto entero) y de 1 peso en pospagos.
Así, en el histórico plan Triplica hablar medio minuto ahora sale lo mismo que antes, y no la mitad; además, los 60 segundos ahora valen 4,95 pesos, en vez de 3,30, y 120 segundos ya no se pagan 6,60, sino 8,25 pesos, un 25 por ciento más.
Los clientes de Personal también sufrirán aumentos, pero a partir de abril, cuando suban 13 por ciento promedio los precios de planes pospagos que usa más del 20% de los clientes, por lo que el abono Todo Incluido de 169 pesos pasará a 190 pesos.
Por esos ajustes, el Estado detectó el incumplimiento de la Resolución 26 del año pasado, que insta a las prestadoras a presentar toda modificación con 60 días de anticipación.