Repudian los alegatos "negacionistas" de las abogadas de represores

Las expresiones vertidas por las defensoras oficiales de los imputados que están siendo juzgados en esta ciudad en el séptimo juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos en la región durante la última dictadura militar fueron repudiadas por organizaciones de derechos humanos, militantes sociales y colectivos feministas de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Bahía Blanca.

A través de un documento firmado por numerosas organizaciones expresaron la preocupación y el repudio “ante diversas avanzadas negacionistas y estigmatizantes a más de 15 años de comenzado el proceso de enjuiciamiento a genocidas y con cerca de 270 sentencias en juicios de lesa humanidad en el país” por parte de las defensoras oficiales de nueve de los quince imputados, Celia Delgado y Gabriela Labat.

Señalaron que en una clara alusión a la teoría de los dos demonios las defensoras "hablaron de una visión sesgada de la historia por parte de la fiscalía y las querellas, indicando que una mirada correcta debería ser 'integradora de todas las partes', para lo cual se debe examinar la 'violencia previa' al golpe de Estado".

Según las organizaciones firmantes, tanto Delgado como Labat "negaron la condición de delitos de lesa humanidad de los abusos sexuales y aseguraron que 'fueron actos derivados de la iniciativa privada', en una nueva manera de llamarlos excesos, como si las victimas en esas condiciones extremas e inhumanas, debieran identificar a los victimarios, cosa que no tiene el mismo tratamiento para el delito de tormentos".

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En relación a los desaparecidos y su destino final, "señalaron que todas las hipótesis son válidas: 'No sabemos si esa muerte ocurrió', 'si fue un asesinato', fueron algunas de las expresiones que utilizaron". En el documento también precisaron que las abogadas "negaron la existencia de un pacto de silencio por parte de los acusados y señalaron que eso es una 'ficción creada por el bloque acusador'".

En cuanto a los pedidos de pena y cárcel común para los acusados, solicitados por el fiscal y las querellas, las organizaciones de derechos humanos precisaron que las defensoras "lo caracterizaron como 'una expresión de venganza pública' y de 'pena de muerte encubierta'".

En uno de los párrafos del documento firmado por numerosas organizaciones y militantes sociales precisaron que "esta clase de manifestaciones, más allá de la ignorancia que trasuntan, forman parte de un esquema social, cultural y de construcción de subjetividades que fue sistemáticamente instalado por la última dictadura cívico-militar-eclesiástico-comunicacional y exceden –en mucho- el derecho de defensa en juicio de sus representados".

Más adelante expresaron que "poner en duda dónde se encuentran las personas desaparecidas de Neuquén (sugiriendo que pueden estar en cualquier lugar) recuerda las peores manifestaciones del genocida Videla y su miserable 'son una incógnita' que ya creíamos superado".

Agregaron que "ese tipo de manifestaciones además agravian profundamente a familiares, sobrevivientes y víctimas sin que aporten absolutamente nada al derecho de defensa en juicio de sus asistidos".

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Por último, explicaron que "el nivel de ofensa llegó al límite de comparar el juicio que se desarrolla en Neuquén con lo que se hacía en plena dictadura. Ese discurso de equiparación de situaciones no es nuevo en las posturas negacionistas, pero adquieren una gravedad especial cuando provienen de funcionarias públicas de la democracia".

"Poner en duda dónde se encuentran las personas desaparecidas de Neuquén (sugiriendo que pueden estar en cualquier lugar) recuerda las peores manifestaciones del genocida Videla y su miserable 'son una incógnita' que ya creíamos superado", señala el documento.

El documento fue firmado por HIJOS Regional Bahía Blanca, Red x el Derecho a la Identidad de Bahía Blanca, Frente Feminista Nacional y Popular Bahía Blanca, Familiares de Desaparecidxs de Bahía Blanca, HIJOS Cutral Co y Plaza Huincul, Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Río Negro, Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, Mujeres sobrevivientes por la Memoria Mendoza, Comisión por la Memoria y Justicia de la masacre de La Plata, entre otros.

En sus alegatos, ambas defensoras rechazaron y pidieron que el Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén declare la inconstitucionalidad de los pedidos de prisión perpetua formulados por la fiscalía. Hicieron referencia a la avanzada edad de sus defendidos y las condenas anteriores que pesan sobre ellos y aseguraron que en estos casos "una nueva condena a prisión perpetua se transformaría en venganza pública". Solicitaron la absolución de sus asistidos como también que se rechace el pedido para que les sean suspendidos los beneficios previsionales.

En su alegato Delgado afirmó que uno de sus defendidos, Oscar Reinhold, ex jefe de Inteligencia y miembro del Estado Mayor del Comando de Brigada de Neuquén, "se limitó a cumplir órdenes superiores y no tener conciencia del plan criminal de la dictadura y de la ilicitud de esos hechos".

"Cuando dijimos que no es posible imputar de homicidios a nuestros asistidos, como es el caso de Reinhold, no lo es porque no es posible definir en tiempo, modo y lugar los sucesos que culminaron con las muertes u homicidios de las víctimas desaparecidas en este proceso", explicó la abogada en su alegato.

En tanto, Labat puso en duda la veracidad de los testimonios de las víctimas y las pruebas recolectadas y juzgó "inconstitucional" la ampliación del delito de abuso sexual y su consideración como crimen de lesa humanidad.

“El pacto de silencio es una ficción creada por el bloque acusador, les encanta hablar de pacto de silencio”, afirmó Labat ante el planteo de la fiscalía. "Sobre qué pruebas la fiscalía acusó por homicidio”, se preguntó la fiscal e ironizó: “No se puede aplicar la imaginación para explicarlo”.