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Siete de los diez imputados por la explosión de Aguada San Roque son funcionarios públicos

El próximo martes se formularán los cargos a funcionarios y tres representantes de la empresa a cargo de los trabajos. Por la explosión, murieron dos operarios y una maestra.

El próximo martes se formularán cargos a los diez imputados por la explosión de la escuela albergue de Aguada San Roque del 29 de junio de 2021, en la que fallecieron dos operarios y una docente. Entre los señalados como partícipes del hecho se cuentan a siete funcionarios públicos de las áreas de Obras Públicas y Educación, y tres integrantes de la empresa a cargo de la obra.

Darío Kosovsky, abogado que representa a la familia de Mónica Jara, la maestra fallecida tras la explosión, aseguró que el objetivo de este proceso judicial es "llegar hasta las últimas consecuencias y que no haya impunidad en relación a los incumplimientos y las omisiones de los funcionarios públicos que llevaron la explosión".

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En diálogo con LMNeuquén, aseguró que buscan que "no se corte el hilo por lo más fino", ya que consideró que el juicio es una oportunidad para echar luz sobre la forma en la que se gestionan las obras públicas en el sistema educativo de la provincia.

Aunque aseguró que aún es muy temprano para pensar en las posibles penas que podrían recibir los protagonistas del trágico hecho, llamó a no considerar la explosión como un accidente aislado. Según denunció, se dio una cadena de responsabilidades que llevaron a certificar una obra como 100% terminada en marzo, cuando en junio se dio una explosión por un desperfecto.

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"Hay que ver la película completa, que el juicio dé cuenta de la absoluta desidia de los funcionarios que intervinieron en la ejecución y supervisión de la obra", dijo y aclaró que no se puede juzgar del mismo modo al que firmó un documento con información falsa, al que conectó mal un caño o a los que debían encargarse de que no hayan estudiantes ni docentes en el momento en que se hacían trabajos en la escuela.

Los funcionarios públicos imputados son Roberto Deza (Subsecretario de Obras Públicas), Raúl Capdevila (Director provincial de Obras Públicas), Carlos Córdoba (Director de Obras Públicas) y Percat (inspector de obra) de Obras Públicas y del Ministerio de Educación: Gabriel Potás (Coordinador de Infraestructura). Por otro lado, del Consejo Provincial de Educación están imputados Fabio Luna (Director de Ruralidad) y Patricia Cresatti (Directora de Nivel).

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De la empresa, los señalados son Héctor Villanueva (socio gerente), su representante técnico, el arquitecto Diego Bulgheroni, y el constructor maestro mayor de obras, Eduardo Afione.

A partir de la formulación de cargos del martes, la Justicia tiene cuatro meses para desarrollar investigación sobre el hecho ocurrido el pasado 29 de junio de Aguada San Roque. Luego, comenzará el juicio oral para encontrar a los responsables de la explosión que causó la muerte ese día de dos operarios, y el fallecimiento de la docente Mónica Jara, que fue trasladada a Mendoza y murió 13 días después.

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