¿También usted, doctor?

Es la primera vez que se acusa a miembros de la Justicia neuquina por delitos de lesa humanidad.

No se hagan tanto problema, a lo mejor son culpables. El sufrimiento físico acerca a Dios”, cuenta la dirigente de la APDH Neuquén, Noemí Labrune, que fue la respuesta que le dio el fiscal federal Victor Marcelo Ortiz en agosto de 1976 cuando le fue a consultar por un grupo de jóvenes que habían sido secuestrados, por los cuales el obispo Jaime De Nevares poseía información de que eran torturados en el Comando del Ejército.

Cuarenta y dos años después de aquella contestación, tanto Ortiz como Pedro Laurentino Duarte, nombrado juez federal de Neuquén en 1976 luego de haber sido auditor del Ejército, y María Borghelli, por entonces defensora, fueron procesados por el actual juez federal Gustavo Villanueva por considerar que efectuaron aportes al plan sistemático de represión ilegal durante la última dictadura militar en sus roles como funcionarios judiciales.

El procesamiento, que está vinculado a la omisión que estos funcionarios hicieron de las denuncias de los familiares víctimas de secuestros y detenciones ilegales y de los hábeas corpus presentados, renovó en los organismos de derechos humanos y en los familiares de las víctimas las esperanzas de saber la verdad y tener justicia.

El título de esta columna está tomado del libro de Pablo Bohoslavsky en el que describe las complicidades de jueces, fiscales y abogados durante la dictadura. En el libro precisó que entre 1976 y 1979 se presentaron 5487 hábeas corpus, de los cuales sólo una ínfima porción fue acogida favorablemente, clausurando cualquier aspiración de los familiares de los desaparecidos. Cada uno de ellos expresa una tragedia familiar.

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