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Un empleado legislativo fue acusado de estafar al Estado por presentar certificados médicos truchos

Este viernes le reformularon los cargos y lo acusaron por fraude al Estado en 46 mil pesos.

La Justicia acusó a un hombre, empleado del Poder Legislativo, de estafar al Estado en 46 mil pesos por haber presentado nueve certificados médicos truchos. En septiembre pasado, había sido acusado por el delito de uso de documento falso, pero en una audiencia realizada este viernes, le reformularon los cargos por estafar a la administración pública mediante falsificación de documentos.

La fiscalía, a cargo de la asistente letrada Andrea Chamas, le atribuyó el delito de fraude en perjuicio a la administración pública en concurso ideal con el uso de documentos falsos (9 hechos) en concurso real, en calidad de autor.

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Según lo expuesto, el acusado presentó los certificados ante la oficina de Recursos Humanos de la Legislatura para justificar su inasistencia a su puesto de trabajo. Los documentos figuraban como firmados por una médica y con el rótulo de un instituto de nefrología y de diálisis donde la profesional había trabajado durante el 2012.

Los certificados fueron presentados los días 22 de enero de 2018, 12 de febrero de 2019, 3 de mayo de 2019, 14 de mayo de 2019, 17 de mayo de 2019, 22 de mayo de 2019, 30 de mayo de 2019 ,14 de junio de 2019 y 18 de junio de 2019.

Pero en mayo de este año, personal del departamento de Medicina Laboral de la Legislatura decidió contactar a la médica para ampliar la historia clínica del acusado frente a los reiterados certificados. La doctora manifestó que no conocía al acusado y desconoció la realización de cada uno de los certificados existentes en su legajo personal.

En una audiencia anterior se le imputó el delito de estafa por el uso de documentos falso, pero luego fue derivado a la Fiscalía de Delitos Económicos, en la cual se amplió la calificación legal por el prejuicio económico a la administración pública, teniendo en cuenta que se le habían abonado los haberes al imputado. Así, se determinó que que provocó un perjuicio económico al Estado por un monto de 46.195 pesos.

El juez a cargo de la audiencia dio por reformulados los cargos y dispuso el plazo de investigación en cuatro meses.

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