Engaño millonario: una empleada judicial ofrecía trabajos truchos a cambio de plata y estafó a 17 personas

Una empleada del Poder Judicial quedó en el centro de una investigación tras denuncias por estafas a 17 personas. Los damnificados dieron detalles acerca de cómo fue el engaño.

La principal sospechosa es Gisela S., de 40 años, quien fue citada a declaración indagatoria ante el Juzgado de Instrucción N.º 6 de Posadas, aunque optó por no responder preguntas. Mientras tanto, la fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar el alcance de la maniobra y establecer si existieron más víctimas.

La investigación sostiene que la acusada habría aprovechado la necesidad laboral de personas en situación económica vulnerable, para ofrecer supuestas vacantes en reparticiones estatales a cambio de importantes sumas de dinero. Con el paso de las semanas, las promesas nunca se concretaron y comenzaron las denuncias.

La Justicia de Misiones investiga las denuncias, donde los damnificados afirmaron haber entregado más de 9,5 millones de pesos tras recibir promesas de ingresos laborales en distintos organismos públicos de la provincia de Misiones.

La investigación sobre una maniobra con falsas promesas de empleo

La causa, impulsada por el fiscal René Casals, indica que los contactos con las víctimas se produjeron entre marzo y mayo de 2026, principalmente mediante mensajes de WhatsApp.

Durante esas conversaciones, la mujer ofrecía supuestos puestos de trabajo en organismos provinciales como la Dirección Provincial de Vialidad, el Instituto de Macroeconomía Circular, y la Municipalidad de Posadas, entre otras dependencias públicas.

La empleada está acusada de recibir dinero de al menos 17 personas que buscaban acceder a un puesto de trabajo en el Estado.

Para acceder a esos empleos, les solicitaba distintos montos de dinero. La investigación señala que pedía alrededor de 500.000 pesos para contratos temporarios y aproximadamente un millón de pesos cuando prometía ingresos como personal de planta permanente.

Además del dinero, requería fotografías de documentos personales y mantenía un contacto permanente con los interesados, asegurándoles que los nombramientos estaban próximos a concretarse. Esa comunicación constante habría contribuido a reforzar la credibilidad de la maniobra y convencido a varias personas de reunir el dinero solicitado.

Las víctimas vendieron bienes y pidieron préstamos para conseguir el dinero

Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores es la situación económica de los damnificados. La mayoría reside en la zona oeste de Posadas y atravesaba dificultades laborales. Esa necesidad fue determinante para que aceptaran entregar importantes sumas con la expectativa de conseguir un empleo estable en el Estado.

Algunas personas vendieron animales de cría, materiales destinados a la construcción de sus viviendas e incluso recurrieron a préstamos informales para reunir el dinero exigido. Una de las denunciantes transfirió una suma que representaba un importante esfuerzo económico para ella y sus dos hijos mayores.

La causa también reconstruyó una reunión presencial realizada durante mayo, en la que participaron varios de los futuros denunciantes. En ese encuentro, la sospechosa volvió a asegurar que los ingresos laborales estaban próximos a concretarse y pidió paciencia mientras finalizaban los supuestos trámites administrativos.

Con el paso de los días comenzaron las dudas. Ninguna de las personas recibió comunicaciones oficiales ni fue convocada por los organismos públicos mencionados. Esa situación llevó a varios de ellos a verificar personalmente si existían expedientes o gestiones vinculadas con sus nombres, comprobando que nunca habían sido iniciadas.

Chats, transferencias y nuevos pedidos de dinero forman parte de la causa

Cuando las víctimas comenzaron a reclamar explicaciones, la investigación sostiene que la mujer volvió a comunicarse con ellas para solicitar nuevas transferencias.

La justificación era que un supuesto superior le devolvería próximamente el dinero y que, una vez concretado ese reintegro, ella podría restituir los montos entregados por cada una de las personas. Sin embargo, poco después dejó de responder mensajes y llamadas, lo que terminó por impulsar la presentación formal de las denuncias.

El expediente judicial comenzó a tomar forma el 23 de junio, cuando el grupo de damnificados recurrió a la Justicia con el patrocinio del abogado Federico Padolsky, quien también solicitó intervenir como querellante particular.

Entre las pruebas incorporadas figuran conversaciones de WhatsApp, comprobantes de transferencias bancarias y documentación vinculada con las operaciones realizadas por los denunciantes.

Los mensajes muestran cómo la sospechosa alentaba a las víctimas a reunir la mayor cantidad de dinero posible para acceder, supuestamente, a mejores condiciones de contratación dentro de la administración pública. En otras conversaciones también aseguraba que la firma de los contratos y el cobro del primer sueldo estaban muy próximos.