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La Mañana

Vuelven a suspender juicio por abuso de una menor

Según un médico forense, el acusado se encuentra incapacitado para movilizarse por enfermedad.

Neuquén > Un juicio de instancia privada contra un septuagenario acusado de haber abusado sexualmente de una menor de 15 años en la zona de bardas del Oeste volvió a suspenderse.
Sentar al imputado en el banquillo de los acusados frente a la víctima, al fiscal de Cámara Alfredo Velasco Copello y los jueces de la Cámara Criminal Dos no será una cuestión menor, se indicó en medios judiciales.
El anciano de 76 años, identificado como Oscar Costich, se encuentra actualmente con arresto domiciliario y sobrelleva una grave enfermedad. Un médico del Gabinete Forense del Poder Judicial corroboró los padecimientos e informó a los magistrados que “no podía ser movilizado”. El hombre es un reconocido comerciante de esta ciudad dedicado a la compra y venta de automotores.
Trascendió que frente a la solvencia del documento, la fecha del juicio es incierta. Sin embargo, el propio presidente del tribunal, Héctor Dedominiche, habría decidido examinar al acusado las veces que sea necesario con el firme propósito de lograr la realización de la audiencia de debate. “El sujeto deberá responder por sus actos”, explicó el juez.
El juicio debía comenzar el 17 de marzo pasado pero debió ser interrumpido por una “sorpresiva e imprevista” enfermedad del abogado Andrés Cascallares, defensor del sospechoso.
La inesperada situación causó un profundo malestar en los jueces de Cámara, en el fiscal y también en la víctima y algunos familiares que se movilizaron hasta el edificio judicial de la calle Corrientes.
 
Los hechos
Según la causa, el ataque sexual contra la adolescente se produjo en una zona desértica, en horas de la tarde del 15 de septiembre de 2008 y fue investigado por el titular del Juzgado de Instrucción Uno, Mauricio Zabala, y por la fiscal de Graves Atentados contra las Personas, Sandra González Taboada.
Las investigaciones judiciales probaron que la adolescente fue obligada a subir a un automóvil conducido por el imputado y trasladada hasta la toma Monte Sinaí.
Para anular cualquier posibilidad de fuga, la chica fue sujetada de los brazos. Luego de consumado el hecho, el hombre amenazó a la víctima para que se limpiara con papel y se lavase las manos con agua que había en un bidón que se encontraba en el interior del rodado. Finalmente la dejó abandonada en el lugar.
Costich pudo ser aprehendido por informaciones aportadas al juez por la propia víctima. La joven alcanzó a anotar en su celular el dominio del rodado que el procesado utilizó para cometer el abuso sexual.
Una de las pruebas de peso para sostener la responsabilidad penal del sospechoso se produjo en una rueda de reconocimiento. Costich fue identificado sin vacilar por la adolescente, tanto por sus rasgos fisonómicos, como por sus gestos.
Además la menor reconoció el automóvil del acusado y recordó que en su interior, precisamente sobre el torpedo, tenía una Biblia.
 
Testimonios ilegítimos
El septuagenario negó ser autor del abuso sexual y de manera enfática declaró que “no necesita tomar a ninguna mujer dado que valora mucho a su familia y además sus creencias religiosas le impiden ese tipo de conductas”.
Afirmó que se tuvo que operar de la próstata en Santiago de Chile y desde esa fecha no puede mantener relaciones sexuales, hace ya más de 15 años.
También señaló sufrir de presión arterial alta, lo cual le produce continuos sangrados de nariz y una operación en la pierna que dificulta sus movimientos.
Algunos de los dichos del imputado fueron rechazados por el juez Zabala. Es así que un informe del Departamento Migraciones señala que el abusador “no registra salidas del país, con lo cual mal puede haber sido operado en la República de Chile”.
Afirmó también que los argumentos vertidos por el acusado con intención de mejorar su situación procesal no se sustentan en los elementos de convicción incorporados a la causa.
El procesamiento y la calificación del delito contra Costich fue impugnado. Esta situación provocó la posterior intervención de la Cámara de Apelaciones, aunque los magistrados que la integran confirmaron el procesamiento del sujeto y dispusieron su arresto domiciliario.

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