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Acusaciones cruzadas entre la familia, el Gobierno y la comunidad

Funcionarios nacionales expresaron su malestar con las decisiones del magistrado. Desde la Confederación, dicen que la ministro de Seguridad incita a la violencia.

La muerte del mapuche Rafael Nahuel, ocurrida el sábado en la Villa Mascardi, desató una ola de declaraciones cruzadas entre las partes implicadas en el hecho.

Ayer, los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Germán Garavano, respaldaron el acciona de la Prefectura durante el operativo. Sin embargo, desde el gobierno apuntaron contra el juez, Gustavo Villanueva, por su proceder.

El magistrado subrogante de Bariloche ordenó el operativo de desalojo en Villa Mascardi pero negocio condiciones especiales con los integrantes de la comunidad mapuche, los que molestó a los funcionarios.

"Ustedes me lo trajeron en un cajón", dijo la madre a los mapuches

Ambos ministros coincidieron en que el Gobierno no permitirá reclamos territoriales ilegales de pueblos originarios y prometió que "la violación de la ley en la Argentina tiene y va a tener consecuencias". El juez, además, desactivó en las últimas horas una orden de captura sobre otras diez personas.

La otra campana

Por su parte, la Confederación Mapuche de Neuquén emitió un comunicado en el que criticó las palabras de los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Germán Garavano. "Todo el contenido de su mensaje es una incitación a la violencia y al odio racial", aseguraron.

En el texto señalan que no hay "ninguna pista que nos muestra el rol de estadista que busca caminos de nueva relación o de una convivencia basada en el respeto y el derecho".

"Este posicionamiento oficial nos hace ver que el uso de la violencia desmesurada en el desalojo no fue casual. Horas previas al desalojo se había acordado una Mesa de Trabajo con la participación de la APN, el INAI, el Consejo Intercultural de CoManejo de Nahuel Huapi (CIC). Es en el mismo momento que se decide el desalojo violento. No obstante, la Mesa Política de CoManejo decidió mantener la necesidad de un espacio de acuerdo para encauzar el conflicto y en ese mismo instante se genera el hecho desgraciado del fusilamiento del kona Rafael Nawel. ¿Porque se evitó la intervención de las dos instituciones que tienen directa involucración en el conflicto y se priorizó el uso de la violencia? ¿Qué mensaje y para quién se avanza hasta una situación de muerte?¿Cómo aseguramos que esto no sea la regla ante cada demanda de derecho en un contexto de amenaza contra los territorios comunitarios mapuce?", agregaron.

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"Es urgente que las fuerzas políticas, sociales, sindicales, de DDHH que decimos NO a la muerte, respondan a un llamamiento que hacemos para exigir al Gobierno que detenga esta maquinaria represiva. No hay posibilidades de paz con represión y muerte. La mejor garantía para la paz es obligarse a cumplir la Constitución y las leyes que exigen reparación territorial y relación de respeto mutuo entre Pueblo Mapuche y el Estado. Somos ciudadanos argentinos, sin embargo es el Estado quién nos excluye desde su misma conformación", afirmaron en el comunicado, en el que además piden la conformación de "un comité de urgencia plural conformado por figuras de los distintos ámbitos, incluidos oficiales, para evitar que un conflicto llegue a extremos de violencia represiva como la que vivimos esta semana".

La voz de la familia

"Ustedes me lo llevaron allá y me lo trajeron muerto”, se quejó la madre de Rafael Nahuel, Graciela Salvo, a mapuches vinculados al Lafken Winkul Mapu, según publicó el diario Clarín.

"Pido Justicia", dijo la mujer desconsolada. "Ustedes me lo trajeron en un cajón", se descargó madre ante la mirada de varios mapuches.

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