El clima en Neuquén

icon
Temp
59% Hum

Aguada San Roque: confirman las imputaciones a dos integrantes del CPE

La jueza Laura Barbé dio por formulados los cargos presentados por la fiscalía el pasado miércoles.

La jueza de garantías Laura Barbé aceptó la formulación de cargos presentados por la Fiscalía y la querella contra Fabio Luna, director de Ruralidad; y Patricia Cresatti, directora provincial de Nivel Primario, ambos integrantes del Consejo Provincial de Educación (CPE), en el marco de la causa que investiga la explosión de la Escuela 144 de Aguada San Roque, a raíz de la cual fallecieron la docente Mónica Jara y los gasistas Nicolás Francés y Mariano Spinedi.

La audiencia se llevó adelante este viernes al mediodía de forma virtual, al cumplirse 48 horas de la instancia judicial en la que la Fiscalía presentó la formulación de cargos por los cargos de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con delito de homicidio culposo.

Te puede interesar...

A partir de este momento, empezaron a correr los plazos procesales y la parte imputada, cuya defensa está a cargo de Gustavo Palmieri, puede elaborar su defensa en el marco de la investigación, fijada en cuatro meses.

"La lucha por Justicia avanza a paso firme por la fuerza de #aten como querellante y la convicción del pueblo de Neuquén de que #NuncaMas nuestras escuelas puedan ser lugar de muerte", destacaron desde ATEN al finalizar la audiencia.

Aguada San Roque explosion en la escuela (1).jpg

Esta se trata de la segunda formulación de cargos realizada en la causa. En abril fueron imputadas otras ocho personas que, al momento del hecho, trabajaban en ámbitos privados y públicos con diferentes roles y responsabilidades en torno a la obra que se estaba ejecutando en el establecimiento educativo, y que había sido adjudicada a la empresa Arte Construcciones SRL. La audiencia de imputación contra Luna y Cresatti se realizó más tarde ya que en ese momento su abogado defensor se encontraba de viaje.

El pasado miércoles, la fiscal Sandra González Taboada les atribuyó tanto a Luna como a Cressatti, a partir de las funciones que desempeñaban como funcionarios públicos, no haber informado al cuerpo colegiado y a la presidencia del CPE que la escuela se encontraba en obra, por lo que ese establecimiento escolar no estaba en condiciones de volver a las clases presenciales en junio de 2021.

La funcionaria judicial aseguró que esa omisión determinó que se incluyera a la escuela entre las que debían retornar a dictar las clases en forma presencial. También les atribuyó una segunda omisión, en este caso de informar a la directora del establecimiento, que mientras se realizaban las obras no se podía ingresar ni permanecer en el edificio.

Lo más leído

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario