ATEN marchó al cumplirse dos años de la tragedia de Aguada San Roque

Las calles del centro neuquino se volvieron a llenar de docentes nucleados en ATEN e integrantes de otras organizaciones sociales y políticas. A dos años de la tragedia, pidieron justicia por Mónica Jara, Mariano Spinedi y Nicolás Francés, quienes fallecieron a consecuencia de la explosión que se registró en la Escuela 44 de Aguada San Roque.

La nutrida movilización recorrió la Avenida Argentina, donde los maestros y maestras pidieron justicia por la muerte de estas tres personas, que estaban trabajando en la escuela cercana a Vaca Muerta al momento de la explosión.

A pesar del frio de la jornada, fueron cientos de trabajadores los que se sumaron a la columna y que concluyeron la caminata en frente de Casa de Gobierno. Allí leyeron un documento para recordar a los trabajadores fallecidos y también para mostrar su reclamo de justicia para que los culpables sean condenados.

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Sebastian Fariña Petersen

Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, confirmó a LMNeuquén que fueron docentes de toda la provincia los que llegaron hasta la capital para realizar esta movilización, en el marco de una jornada de paro provincial.

El dirigente recordó que la tragedia de Aguada San Roque ocurrió en el marco de la segunda ola por el coronavirus y destacó las tensiones que había entre el Gobierno y el gremio docente ya que el primero quería volver a la educación presencial, mientras que ATEN insistía en que aún no estaban dadas las condiciones sanitarias para hacerlo.

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Sebastian Fariña Petersen

"Desde el principio venimos trabajando con las familias y ATEN puso a su disposición un equipo de abogados exclusivamente para llevar adelante esa causa, también hay peritos criminológicos y contables porque necesitamos analizar toda la documentación del proceso de contratación y pagos que se hizo a la empresa donde se certificaron etapas que estaban incumplidas, eso amerita un peritaje contable para determinar cómo fue el proceso de pago y contratación de obras publicas a la empresa", manifestó el dirigente.

Guagliardo aseguró que si bien los funcionarios que intervinieron en este proceso están imputados, continúan en sus puestos de trabajo. "Ellos siguen firmando contratos cuando tienen una causa penal en su contra y su actuación delictiva tuvo consecuencias gravísimas e irreparables ocho la muerte de Mónica, Mariano y Nicolás", aseveró.

Los funcionarios públicos imputados son Roberto Deza (subsecretario de Obras Públicas), Raúl Capdevila (director provincial de Obras Públicas), Carlos Córdoba (director de Obras Públicas) y Sergio Percat (inspector de obra) de Obras Públicas y del Ministerio de Educación. Por otro lado, del Consejo Provincial de Educación están imputados Fabio Luna (director de Ruralidad) y Patricia Cresatti (Directora de Nivel).

De la empresa, los señalados son Héctor Villanueva (socio gerente), su representante técnico, el arquitecto Diego Bulgheroni, y el constructor maestro mayor de obras, Eduardo Afione. Por decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el coordinador de Infraestructura, Gabriel Potás, ya no está imputado en la causa, pero su investigación continúa abierta ya que no fue sobreseído.

Los delitos incluyen estrago culposo, administración fraudulenta e incumplimiento de deberes de funcionario público.

"Mónica Jara era una docente recién recibida en el ISFD Nº 9 de Centenario que tomó su primer cargo allí. Dio sus primeras clases por Zoom y participó de reuniones con sus compañeros, también virtuales. Unos días antes del 29 de junio, la directora les comunicó que según la información que le habían proporcionado, la escuela ya estaba en condiciones y que podían empezar el dictado de clases presenciales", recordaron en el acto que realizaron en la puerta de la Casa de Gobierno, donde reclamaron justicia por la muerta de esta docente y de los dos hombres que trabajan en las reparaciones de la escuela.