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Barrios Populares: la justicia no puede desconocer las desigualdades entre las partes

La concejala Servidio indicó que desconocer esa ley implica un retroceso social, y en materia de derechos, que resulta inadmisible.

En los días que nos antecedieron nuestra ciudad fue testigo de un desalojo arbitrario a nueve familias en el barrio Huiliches de la Ciudad de Neuquén. Dicho desalojo fue ordenado por una jueza que en su accionar omitió información fundamental que constaba en el expediente. Ahora bien ¿Por qué podemos asegurar que dicho accionar fue arbitrario e ilegal? El día 31 de enero del corriente año el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación remitió una nota al Juzgado Civil N°4 en la que informaba que el barrio ubicado en Collón Cura y Salto Grande estaba inscripto en el Registro Nacional de Barrios Populares ReNaBaP.

¿Qué es un Barrio Popular según la Ley Nacional N°27.453? Son aquellos "barrios comúnmente denominados villas, asentamientos y urbanizaciones informales que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo, con un mínimo de OCHO (8) familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso regular a al menos DOS (2) de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal)." La ley, suspende los desalojos de los bienes inmuebles incluidos en el ReNaBaP por el plazo de cuatro años a partir de su entrada en vigencia, corriendo actualmente ese plazo.

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Yendo a la raíz de este conflicto, y la importancia que adquiere la legislación vigente, consideramos importante entender que los barrios populares, informales, no surgen de la generación espontánea o de la falta de planificación de las familias. Son la consecuencia de la ineficiente gestión del Estado en la regulación del acceso al suelo urbano y a la vivienda. Dándole lugar, de manera deliberada, al mercado inmobiliario como agente de asignación de recursos. Cuando es el mercado el que ordena el acceso al suelo, el resultado es, indefectiblemente, la exclusión para miles de familias trabajadoras de clases populares y medias, convirtiendo al suelo urbano en un bien de lujo, y la inquilinizacion una de las principales formas de poder acceder a un techo. Es así como hoy, la ciudad de Neuquén, tiene más barrios informales que barrios formales, más específicamente 49 sobre 47.

SFP Desalojo de Huiliches (23).JPG

Ante esta situación, que desnuda ante nuestros ojos, otro de los efectos de la desigualdad social, es imposible no recordar épocas en las que la planificación de la política habitacional fue un eje de la política de Estado. Planes de vivienda, lotes con servicios, conformación de nuevos barrios. Fue precisamente, Don Felipe Sapag, un gran hacedor en ese sentido, en un contexto de alta dinámica poblacional y migratoria, forjando una provincia y una ciudad con una identidad pujante y con derechos básicos garantizados. Hasta que luego, el neoliberalismo se hizo carne y la ciudad se convirtió en un territorio de exclusión y fragmentación.

Es en este contexto, que reivindicamos la lucha de vecinos, vecinas y organizaciones sociales en el país, la que tuvo como resultado la aprobación de la Ley Nacional de Barrios Populares. Reconociendo, a la integración urbana como un proceso indispensable para la superación de situaciones de segregación, que propende a la inclusión de las personas y la ampliación de sus niveles de ciudadanía, respetando las idiosincrasias y garantizando una urbanidad plena de derechos.

Entonces, desconocer esa ley implica un retroceso social, y en materia de derechos, que resulta inadmisible. Es por eso que la tarea que hoy urge, está en el reconocimiento de los barrios populares, la regularización e integración socio urbana de los mismos. Además, de la puesta en marcha de mecanismos de regulación del suelo, que permiten la intervención del Estado en favor de generar mayor oferta, regular el precio de tierra, alquileres y otorgar garantías patrimoniales y calidad de vida.

ON - Desalojo Collon Cura (11).jpg

En este marco, es importante resaltar que la Secretaría de Integración Socio Urbana de la Nación, por una decisión política del gobierno nacional, viene trabajando y disponiendo recursos en ese sentido, articulando con los gobiernos locales, provinciales, organizaciones sociales y cooperativas.

El derecho a la vivienda digna debe ser una prioridad de todos los gobiernos y de la justicia. Es perentorio, que esta última, tome nota y actúe en consecuencia. Los operadores judiciales no pueden ser indiferentes a las desigualdades entre las partes. Hoy, el sistema de administración de justicia tiene rutinas, circuitos y trámites que impactan de manera desigual sobre los derechos de quienes reclaman. La construcción de una sociedad más justa, requiere de una justicia que actúe con perspectiva de derecho, transformando las prácticas judiciales que profundizan situaciones de discriminación y desigualdad.

https://twitter.com/ServidioAna/status/1539318175019307008

En materia habitacional es indispensable apoyar a los habitantes de los barrios populares, otorgándoles seguridad jurídica respecto de la tierra que habitan, el acceso a los distintos servicios básicos y la integración urbana y social.

(*) Concejala del Frente de Todos

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