Boric, los cambios prometidos y el lastre de la Constitución de Pinochet

Cuando Gabriel Boric rompió el férreo protocolo para saludar la estatua de Salvador Allende antes de ingresar por primera vez como presidente en La Moneda, inauguró una serie de actos simbólicos que acompañarán su intento de construir un Estado Social en Chile, una ruta que enfrentará resistencias en los anclajes aún vigentes en la Constitución impuesta por la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Este 2022 se espera sea de grandes definiciones para la institucionalidad chilena. Si se cumplen los plazos establecidos, el órgano elegido en mayo de 2021 para elaborar una nueva Constitución deberá presentar una propuesta antes de mayo de este año, prorrogable por única vez otros tres meses, y que será plebiscitada 60 días después.

Este texto aún en debate impactará en un calendario institucional sobre el que por ahora hay más dudas que certezas, y que incluye la posibilidad de que el mandato de Boric dure menos que los cuatro años establecidos por la actual Carta Magna.

"Si esta nueva Constitución establece un régimen transitorio que diga que, por ejemplo, un año después de entrada en vigencia la Constituyente, el Gobierno va a llamar a elecciones, éste lo tendrá que hacer", explicaba a fines de febrero el exvicepresidente del órgano, Jaime Bassa, aludiendo a esta posibilidad.

En este cúmulo de alternativas, en todo caso, hay algo claro: si es aprobado el nuevo texto constitucional, de todas formas una proporción importante del mandato de Boric ocurrirá bajo la vigencia de la Constitución de 1980, impuesta por el dictador Pinochet.

Esta Carta Magna impone quórum altos a cualquier modificación legislativa y define al Estado chileno como "subsidiario", es decir, lo consagra como un órgano al que no le corresponde absorber aquellas actividades "que son desarrolladas adecuadamente por los particulares", una definición que en la práctica lo jibariza al extremo de transferirle la provisión de servicios y derechos fundamentales al sector privado.

El pasado jueves, el pleno de la Convención Constitucional rechazó plasmar en el borrador del texto un artículo que definía al país como "un Estado social y democrático de derecho" en reemplazo del estatus actual de rol subsidiario, un adelanto de las dificultades que se vislumbran.

El liderazgo de Boric está profundamente ligado al proceso constituyente. Quienes lo votaron depositaron en él las esperanzas de cambio que se habían expresado en el estallido social de octubre de 2019 (salud, educación, jubilaciones) y la ampliación de derechos en temas feministas, ambientales y género, entre otros.

Para Claudia Heiss, jefa de la carrera de Ciencia Política en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, lo primero es entender cómo la vieja Constitución circunscribe y delimita cualquier intento transformador."Lo que hace la Constitución del 80 es consagrar el modelo de estado subsidiario y básicamente proteger el status quo, que es tremendamente neoliberal", explicó.