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Caso Garro: dictamen, polémica y pedido de jury

Por el asesino liberado por error, el fiscal general entregó un dictamen en el que dejó expuesto al asistente letrado Carlos Caroselli y pidió sumario a la jueza Raquel Gass. La querella cargó contra el fiscal jefe de ejecución y solicitó jury a Gass.

Por la negligente expulsión del país del chileno Héctor Hernán Ruiz Herrera, que asesinó al policía Víctor Garro, el Ministerio Público Fiscal responsabilizó al asistente letrado Carlos Caroselli, que se jubiló, y solicitó un sumario administrativo para la jueza de ejecución penal Raquel Gass.

Ante esta posición, la querella de la familia Garro pidió un jury para la jueza y sanciones para el fiscal jefe de ejecución de ese entonces. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) deberá determinar las responsabilidades y si corresponde algún tipo de sanción.

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Nos sumergimos en la historia de un grosero acto de negligencia que intentó tapar la corpo judicial.

Derrotero

Rearmando la historia del crimen del subcomisario post mortem Víctor Garro, ocurrido el 5 de octubre de 2014 durante un procedimiento en la toma El Mirador de Añelo, descubrí dos detalles tan asombrosos como estremecedores.

Primero, la hija de Garro, Victoria, que era un adolescente al momento del crimen de su papá, decidió ingresar a la Policía. Pese a todo lo sufrido, eligió seguir los pasos de su padre.

En paralelo, seguí el derrotero de la investigación del crimen de Víctor Garro y la suerte que corrieron sus asesinos: Héctor Hernán Ruiz Herrera y su padre Emilio Ruiz Valdevenito, ambos ciudadanos chilenos.

En honor a la verdad, la causa fue bastante sencilla de esclarecer porque los asesinos fueron detenidos a los minutos del hecho.

Un jurado popular los declaró culpables en mayo de 2015 y el 2 de julio de ese año, en una audiencia de cesura, se les impuso la pena de prisión perpetua. Padre e hijo quedaron en manos de la jueza de ejecución Raquel Gass.

Tratando de saber qué había sido de la vida de los asesinos fue que descubrí, en julio, que Hernán Ruiz Herrera había sido expulsado del país.

Nada cerraba, por lo que continué buscando. Para mi asombro, la familia no estaba al tanto de esa decisión y, de acuerdo con la legislación, los familiares tienen que ser informados de cada uno de los estados que transitan los condenados. Fue así como salió a la luz este escándalo el 16 de julio.

La jueza de ejecución Raquel Gass fue la primera en admitir que se trató de un “error” motivado por un informe que le brindó el asistente letrado Carlos Caroselli, que en ese entonces estaba en la fiscalía de ejecución.

Por ese motivo, el 25 de junio de 2021 a Ruiz Herrera lo pasó a buscar por la U11 un móvil de la Policía Federal y lo dejó en la frontera. A partir de ahí, ya no podía volver al país.

Quien advirtió esta situación a los pocos días fue el fiscal Maximiliano Breide Obeid.

El 7 de julio de 2021, Breide le explicó a la jueza el error en el que habían incurrido y de inmediato se libró la recaptura de Ruiz Herrera con pedido a Interpol, cuyo código rojo entró en vigencia los primeros días de septiembre de 2021.

De toda esta situación nunca se informó a la familia Garro, pese a que está previsto por la ley 24660, y se enteraron por la investigación periodística.

Reclamo y captura

Con el informe de LM Neuquén en mano, el abogado querellante Gustavo Lucero y la familia Garro acudieron al TSJ a realizar el reclamo correspondiente.

Previo a eso, el titular del MPF, José Gerez, los reunió en su despacho para explicarles que había sido un error y que habían iniciado los trámites de rigor.

La búsqueda en Chile de Ruiz Herrera, en los papeles, se oficializó a fines de agosto cuando el embajador argentino Rafael Bielsa hizo las presentaciones de rigor ante el gobierno y la Justicia del vecino país. Es decir, se agilizó todo a partir de la trascendencia pública del caso.

En septiembre, la Corte Suprema de Chile realizó las notificaciones a las fuerzas de seguridad de su país, que en conjunto con Interpol comenzaron la búsqueda de Ruiz Herrera.

Para salvar la situación, desde el MPF y la Policía neuquina confiaron que habían iniciado comunicaciones informales con PDI y Carabineros.

Lo cierto es que, de este lado de la cordillera, el TSJ ordenó una investigación interna por la escandalosa liberación, que desarrolló la Auditoría General. Para ello, se relevó el legajo electrónico y se tomaron varias testimoniales.

Una vez concluido, le dieron vista al fiscal general para que emitiera dictamen, algo llamativo porque Gerez tenía que brindar su opinión sobre funcionarios que están bajo su órbita, pero así es como está establecido.

A la espera del dictamen llegó el 5 de octubre, día en el que se cumplieron ocho años del crimen del policía.

En Añelo se hizo un acto en el cual estuvo presente toda la cúpula de la Policía neuquina y la hija de Garro brindó un discurso tan emotivo como duro. “Quiero que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables. Esperamos que el TSJ cumpla con su compromiso de investigación transparente y sin privilegios”, resumió Victoria ante la formación policial.

Al concluir el acto, el jefe de la Policía Julio Peralta recibió la novedad de que en Temuco acababan de detener a Ruiz Herrera y se la comunicó de inmediato a la hija del subcomisario asesinado.

En la actualidad, Ruiz Herrera se encuentra detenido en la cárcel de Temuco a disposición de la Suprema Corte de Justicia de Chile que realizará la audiencia de extradición, de acuerdo con lo relevado por LMN, en la primera quincena de diciembre.

Dictamen del MPF

La investigación de la Auditoría General se cerró en la primera quincena de septiembre y se le corrió vista al fiscal general, que el 9 de este mes elevó su dictamen al TSJ.

El TSJ, con quienes también se reunieron los Garro, en un hecho cuasi histórico, mantuvo el compromiso de transparencia asumido con la familia del policía asesinado y le permitieron a su abogado acceder al dictamen del fiscal general.

Se trata de un hecho sin precedente para la Justicia neuquina ya que las actuaciones internas nunca les fueron reveladas a víctimas como en este caso.

Este medio pudo conocer algunos detalles del dictamen, que cuenta con un detallado derrotero del caso, típico de este tipo de documentos. Para que se entienda, sería una suerte de trazabilidad de la investigación.

Se dejó claro que el computo de pena establecía que recién el 4 de octubre de 2029 Ruiz Herrera podría acceder a las salidas transitorias, por lo tanto, a partir de esa fecha el beneficio del extrañamiento quedaría activo.

Cuando un ciudadano extranjero es condenado en suelo argentino, se inicia el trámite de expulsión ante la Dirección Nacional de Migraciones. En este caso, se inició en junio de 2019 y en diciembre de ese año se canceló la residencia permanente del joven asesino.

A partir de ahí, había que espera que se cumplieran los plazos de ley establecidos para concretar la expulsión. En este caso, octubre de 2029.

¿Qué se explica en el dictamen? Que durante la pandemia todos los ciudadanos, salvo los esenciales, tuvieron que quedarse en sus hogares. Esta medida incluyó también a los judiciales y, según explica el dictamen, los sistemas remotos no eran óptimos y se manejaron por mail.

En 2021, se comenzó a ordenar con Migraciones el tema de los extrañamientos pendientes y Gass corrió vista a Caroselli para que le informara de la situación de Ruiz Herrera.

Caroselli le respondió: “Entiendo que una vez que se den las condiciones adecuadas para el traslado, debe darse cumplimiento a lo resuelto por la Dirección de Migraciones, esto es, la orden de extrañamiento de Héctor Hernán Ruiz Herrera”.

Acá viene el error y así lo explicó Gass: “Lo que yo pretendo -con ese pedido- es que la fiscalía me diga si está en condiciones de ser extrañado. Para eso hay que mirar el cómputo que está en el legajo, que evidentemente no fue chequeado”.

Además, Gass aclaró: “Cuando la fiscalía tiene objeciones me dice: ‘No ha lugar lo solicitado’. Acá no planteaba objeción”.

La jueza de ejecución entendió que cuando se solucionara el tema de fronteras por la pandemia, Ruiz Herrera podría ser expulsado y eso fue lo que se concretó el 25 de junio de 2021.

Pero Caroselli explicó ante semejante escándalo: “No dictaminé en forma favorable. No saqué nunca la cuenta de cuándo era la mitad de la condena. Utilicé mal el lenguaje, lo que yo quise decir es que -se expulse- cuando se cumplan los requisitos legales, pero yo no dije ‘sí, no hay inconvenientes o no tengo objeciones que formular’”.

Al leer con atención los dichos de Caroselli, uno advierte que la respuesta del mail que le envió a Gass fue ambigua y él mismo se encargó de reconocerlo al admitir que no utilizó bien el lenguaje.

Además, también señaló que no se dignó a tomar el legajo para corroborar el cómputo de pena, que ya estaba realizado desde 2016, por lo que no tenía que sacar ninguna cuenta, solo con verlo podía saber si Ruiz Herrera estaba en condiciones de ser expulsado e informar correctamente a la jueza y así cumplir en forma eficiente con su trabajo. Caroselli fue negligente.

Caso Garro

Ahora, cuando Caroselli declaró en la Auditoría General, lo hizo totalmente despreocupado y no le importó asumir su cuota de responsabilidad porque, como ya lo jubilaron de la Justicia a los tres meses de la expulsión de Ruiz Herrera, no se le puede hacer absolutamente nada.

Distinta es la situación de Raquel Gass, quien brindó en su declaración muchos detalles de cómo se manejaba con fiscalía en estos casos, y su peor pecado fue confiar. Ella tiene la responsabilidad final y debería haber revisado el expediente, pero confió en los dichos de Caroselli.

Con esa carta en la mano es que se apunta a la responsabilidad de la jueza de ejecución y del fiscal jefe de ejecución que en ese entonces era Breide Obeid.

Ausencia de notificación

Respecto de la notificación a la familia, lo único claro es que no existió. La ley de ejecución de la pena privativa de la libertad (24660) establece en su artículo 11 bis: “La víctima tendrá derecho a ser informada y a expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente, ante el juez de ejecución o juez competente, cuando se sustancie cualquier planteo en el que se pueda decidir la incorporación de la personal condena a: salidas transitorias, régimen de semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, semidetención, libertad asistida, régimen preparatorio para su liberación. El tribunal a cargo del juicio, al momento del dictado de la sentencia condenatoria, deberá consultar a la víctima si desea ser informada acerca de los planteos referidos. Incurrirá en falta grave el juez que incumpliere las obligaciones establecidas en este artículo”.

Gerez advierte en su dictamen: “En primer lugar diré que no puede corroborarse que las víctimas hayan expresado interés en recibir información en caso de darse algunos de los supuestos del artículo 11 bis. Tampoco se encuentra allí contemplado el extrañamiento en forma taxativa como una causal que requiera la notificación de las víctimas”.

La jueza sí entiende que corresponde la notificación debido a que es un egreso total de la unidad de detención.

No hay que ser un jurista reconocido para contemplar el extrañamiento entre los supuestos del artículo 11 bis porque claramente altera la situación del condenado.

Incluso, funcionarios de la fiscalía que figuran en el dictamen entienden que en cualquier trámite vinculado a los beneficios establecidos en la ley 24660 se debe anoticiar a las víctimas, y dejaron claro que nadie advirtió que la familia Garro no había recibido tal información.

Caso Garro

Previo a concluir su dictamen, Gerez señaló: “La situación descripta (pandemia) puede haber obstaculizado la prestación del servicio de Justicia y colaborado con la producción de la cadena de errores. De los testimonios surge que existía un lineamiento claro con relación a este tipo de vistas, por lo que el dictamen elaborado por Caroselli debió contener alguna referencia al cómputo de pena”.

Tras reconocer la responsabilidad de Caroselli, el fiscal general advierte: “Toda vez que el nombrado se acogió a los beneficios de la jubilación ordinaria, aceptándose su renuncia a partir del 1 de octubre de 2021 –acuerdo 6066 punto 8–, ya no integra este Poder Judicial encontrándose extinguida a su respecto la potestad disciplinaria del TSJ de conformidad con lo establecido en el artículo 35 inciso 2 del Reglamento Sumario”.

Indignados

Podemos asegurar que cuando los Garro tuvieron novedades del dictamen, no les simpatizó.

De hecho, su abogado querellante, Gustavo Lucero, el viernes a primera hora realizó una presentación en la sede del TSJ donde solicitan un jurado de enjuiciamiento para la jueza de ejecución Raquel Gass y un sumario para el fiscal Breide Obeid, quien era el jefe inmediato de Caroselli.

“Esta maniobra negligente resulta ser prematura, innecesaria y generó el escenario preliminar, que sumado a la actuación de Caroselli y Gass culmina en una desgraciada decisión. No puede permitirse que el personal judicial no actúe inspirado en el correcto funcionamiento del servicio de Justicia”, indicó Lucero en su presentación.

El escrito de Lucero cuestiona duramente la falta de aviso a él como querellante y a las víctimas. Además, deja claro que ya la peor parte de la pandemia había pasado y se habían retomado las audiencias presenciales. De última, se les podría haber notificado para participar por Zoom.

Un interrogante que mantienen el letrado y la familia del policía asesinado es por qué cuando descubrieron el error a Caroselli no lo sumariaron y permitieron que se jubilara como si nada.

La respuesta es parte de la teoría del encubrimiento.

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