Cavallo, el padre de la criatura

Domingo Felipe Cavallo, el ejecutor del corralito que terminó en el desastre económico y social de diciembre de 2001, forma parte de la historia más negra de la política Argentina de los últimos 40 años.

El salvataje a los bancos en desmedro del dinero de los ahorristas fue la frutilla del postre, una suerte de corolario de medidas tendientes a favorecer a los grupos concentrados y al sistema financiero, siempre con el ex ministro de Economía como pieza clave.

Cavallo tuvo su primer cargo en el Estado en 1969, cuando fue designado subsecretario de Desarrollo del Gobierno en su provincia natal, Córdoba. Allí permaneció hasta 1970, año en el que fue nombrado vicepresidente del Directorio del Banco de la Provincia. A partir de 1972 ejerció como docente, estudió en la universidad de Harvard y en 1977 dirigió el Instituto de Estudios Económicos de la Fundación Mediterránea, una entidad creada por él mismo.

En ese mismo período de dictadura militar, pero ya en 1982, fue nombrado presidente del Banco Central de la República Argentina por el entonces presidente de facto Leopoldo Galtieri.

Por su actuación en ese cargo, a Cavallo se lo acusa de haber impulsado la estatización de 17.000 millones de dólares de deuda externa privada, de un total de 43.000 millones de dólares que totalizaba la deuda externa del país declarada en 1983.

Cavallo explicó en varias ocasiones que lo que hizo fue ofrecerles a las empresas un seguro de cambio indexado por precio mayorista y que esa medida de “estatización” la aplicó su sucesor en el cargo, Julio González del Solar.

Lo cierto es que la Justicia lo terminó imputando en su momento, a partir de que el fiscal de la causa determinó que las empresas del sector privado de la Argentina de ese entonces se beneficiaron progresivamente con los regímenes de seguros de cambio instaurados por el Banco Central de la República Argentina, lo que después derivó en la puesta en marcha de la mencionada estatización de la deuda externa privada en septiembre de 1982.

Además, en el libro La Argentina Robada, donde los autores Mario Cafiero y Javier Llorens realizan un exhaustivo estudio de la historia de la deuda externa Argentina, señalan que durante su breve paso por el BCRA, Cavallo también impulsó otra resolución: en este caso, en beneficio de entidades financieras ficticias, las cuales, al demostrar cierta liquidez (también ficticia), se beneficiaban con giros del Banco Central para poder funcionar.

Pero la gran aparición de Cavallo en la escena pública se dio en 1991 cuando el entonces presidente Carlos Menem lo designó ministro de Economía, cargo que ocuparía hasta 1996. Allí instaló la famosa convertibilidad (un peso igual a un dólar) en desmedro de una destrucción del aparato productivo y de la industria nacional, que se acompañó con el desguace de las principales empresas del Estado, que pasaron a manos privadas en procesos escandalosos de vaciamiento, como el caso de Aerolíneas Argentinas y Obras Sanitarias de la Nación. Se vendió YPF a Repsol, se destruyó la infraestructura ferroviaria de la Argentina y todos los servicios públicos (telefonía, luz y gas, entre otros) quedaron en manos privadas.

Esas políticas de los noventa vinieron a completar el plan que la dictadura militar, con Martínez de Hoz a la cabeza, había diseñado en 1976.

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Con un aumento considerable de la pobreza y la desocupación se llegó a 1999, cuando Fernando De la Rúa asumió como presidente en medio de una fuerte crisis económica que, a partir de las medidas implementadas (ajuste y endeudamiento externo), lejos de atenuarse se acentuó, contribuyendo al estallido social que se produciría dos años después. Y allí, otra vez, la historia lo tuvo a Cavallo como protagonista.

Fue el ex vicepresidente Chacho Álvarez, que renunciaría a su cargo en octubre de 2000, el responsable político del desembarco de Cavallo en ese gobierno de la Alianza. El lunes 19 de marzo de 2001 Cavallo juró como nuevo ministro de Economía, dotado de súper poderes, dado que era la condición que había puesto para asumir.

El 19 de junio firmó el famoso “megacanje”, que consistió en la reestructuración de la deuda en términos muy perjudiciales para el país. El acuerdo se basó en el rescate de títulos por 28.144 millones de dólares, entregándose nuevos títulos por 30.401 millones, con vencimientos a mayor plazo. A los 2.257 millones de dólares que creció la deuda, se le sumó el incremento de interés de los nuevos bonos, que pasaron de 6% al 12%. En total, la operación implicó un aumento de la deuda externa argentina en 53.700 millones de dólares en términos de capital e intereses.

Y el 1 de diciembre llegó lo peor: el corralito, medida por la cual se anunciaba el congelamiento de los depósitos en dólares existentes en los bancos, que sumaban 16.000 millones de dólares en cajas de ahorro y alrededor de 42.000 millones en plazos fijos.

De esta manera se evaporaron de la Argentina cerca de 30.000 millones de dólares. Todo en beneficio, como siempre, del sistema financiero extranjero. Fue una maniobra técnicamente impecable en función de lo que Cavallo buscaba, con consecuencias catastróficas para el conjunto de los ahorristas argentinos. Y también resultó la antesala de la peor crisis económica y social que tenga memoria el país.