Censuraron a docente por hablar contra la dictadura

El CPE le inició un sumario al colegio Virgen de Luján de Centenario.

Ailín Trepiana / trepianaa@lmneuquen.com.ar

Un nuevo escándalo envuelve a una escuela religiosa de Neuquén. El Consejo Provincial de Educación (CPE) inició un sumario por discriminación, hostigamiento y persecución ideológica hacia una docente de Historia y Educación Cívica del colegio secundario Virgen de Luján, de Centenario. La decisión la tomó el cuerpo colegiado el martes, en una votación que resultó unánime.

El director me dijo textualmente que los militares son lo mejor que nos pasó, que deberíamos agradecerles y que no deberían estar presos”, aseguró a LM Neuquén, Ingrid Rainao, la docente afectada. Denunció que la intimidaron para que enseñe la “Teoría de los dos demonios” -que consiste en condenar las dos violencias durante la dictadura: la violencia insurgente y la estatal-, y también le impusieron la bibliografía de los programas.

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También le cuestionaron que tratara la apropiación de bebés durante la dictadura al abordar el tema de la identidad.

La situación se sostuvo durante años y en septiembre pasado se animó a presentar la denuncia formal ante el Instituto Nacional de contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y el CPE, cuyo expediente tiene 200 fojas y contiene citas textuales de las grabaciones con los dichos de los directivos del establecimiento educativo.

El abogado de Rainao es Luis Virgilio Sánchez, integrante de la Asociación Gremial de Abogados de Argentina y abogado querellante de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) en los juicios a represores por delitos de lesa humanidad.

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“Rescato mucho el acompañamiento de los estudiantes, que se están organizando de manera increíble. Lo que yo rescato es que no nos pudieron quebrar ni paralizar”.“Las escuelas religiosas se abogan el derecho de la libertad de culto, pero hay un límite que no podemos permitir y es cuando se cae en la discriminación”, dijo Ingrid Rainao, docente de Historia y Educación Cívica.

Denunció que en 2012 fue obligada a renunciar a las horas de Historia Argentina, y a principios de este año también le censuraron unidades de Derechos Humanos. “Cuando me obligaron a renunciar a las horas de Historia Argentina, el director me dijo que no pidiera la indemnización porque iba a ser una desagradecida”, aseguró.

La discusión respecto al derecho que tienen las escuelas religiosas para impartir supuestos “valores” o “lineamientos ideológicos” no tiene lugar en los hechos denunciados por Rainao. Una de las situaciones más difíciles que sufrió fue cuando, al mismo tiempo que el Congreso Nacional debatía sobre la despenalización del aborto, se llevó adelante en la escuela la denominada “Semana por la vida”. La docente había perdido tres embarazos y debió participar de una actividad en la que le entregaron fetos de yeso, hecho que generó polémica y rechazo por muchos padres. “Ellos no desconocían lo que me había pasado, hasta me dijeron que rezaron por mí”, contó. Afectada por la situación a mitad de año debió tomarse licencia psicológica. Recurrió a ATEN Provincial y Capital, desde donde le brindaron acompañamiento legal.

Una historia que se quiso tapar

Ex estudiantes del colegio Virgen de Luján también revelaron que no recibieron contenidos sobre Dictadura y Derechos Humanos durante la secundaria. “Una vez una profesora nos llevó a otra sala para ver la película La noche de los lápices. Nos dijo que no estaba incluido en el contenido del programa, pero no quería que nos fuéramos de la escuela sin conocer eso”, contó una egresada de 2008. “Entramos a la universidad sin saber nada de lo que pasó en la dictadura”, agregó.

OPINIÓN

Una manera de disciplinar y apartarse de la ley

Por Luis Virgilio Sánchez, Asociación gremial de Abogados de Argentina y abogado querellante por la APDH en la causa La Escuelita

El caso Ingrid Rainao es emblemático por cuanto presenta un concierto de vulneraciones hacia una docente: persecución ideológica, discriminación, amenazas, censura, etcétera, llevados adelante de manera sistemática por un colegio confesional, con el objetivo de disciplinarla para que adecue los contenidos académicos de nuestra historia a la particular visión de la Iglesia. Esto implica violar la ley y atentar contra la libertad de cátedra. Ingrid venía sufriendo desde hace años estas prácticas ilegales, pero todo recrudeció cuando se instauró públicamente el debate sobre la despenalización del aborto.

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En dicho contexto, la escuela proscribe y censura cualquier manifestación a favor de la aprobación de la ley, pero alienta y promueve sin límite todo tipo de manifestación en su contra, llegando a confeccionar y exhibir en horario de clase embriones de yeso, sin reparar en que ello pudiera afectar la sensibilidad de alguien. Ingrid había perdido tres embarazos, por lo que la proclama denominada “a favor de la vida” instrumentada por el colegio fue un acto muy cruel. La pregunta es ¿hasta cuándo una docente y la sociedad toda debemos tolerar que las escuelas públicas a las que se denominan “confesionales” se aparten de la ley? Sin lugar a dudas, la educación es una política de Estado y su marco de aplicación no es otro que la ley, de la cual ningún establecimiento educativo puede apartarse, so pretexto de las características intrínsecas del colegio, como pueda serlo su carácter confesional.

Dicho esto, el Estado no puede subvencionar y/o sostener instituciones educativas privadas y/o públicas de gestión privada que se aparten de sus políticas públicas, por cuanto ello constituiría un claro despropósito, ya que si el Estado subvenciona o destina recursos a instituciones de carácter educativo, es a los efectos de que las mismas coadyuven a cumplir con las políticas públicas que la ley ordena.

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