Con la luz de emergencia

La Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera) pidió esta semana al gobierno nacional un marco regulatorio “estable” para fomentar las inversiones en el sector.

Lo hizo a través de una comunicación austera, con palabras amables, pero que no ocultan la grave situación que afecta a las distribuidoras, entre ellas las dos más importantes de la provincia: CALF y el EPEN.

Las distribuidoras le recordaron al gobierno nacional que, durante la pandemia, tuvieron que asistir a muchos de sus usuarios a través de planes de financiación, postergar cortes por falta de pago e incluso reducción de los contratos de potencia a los grandes usuarios, como así también implementar en tiempo récord sistemas de atención virtual.

Y le recordaron, también, que del importe total de las facturas de electricidad que reciben los usuarios, solo el 30%, en promedio, corresponde al Valor Agregado de Distribución (VAD), lo que representa el único ingreso que reciben para operar, mantener y ampliar las redes que permiten mantener el servicio eléctrico. El VAD, dicen, no se actualiza desde hace dos años en la mayoría de las distribuidoras del país, ya sean estas públicas, privadas o cooperativas, en un contexto de inflación, por lo cual difícilmente pueden prestar un servicio adecuado a los usuarios. Este no es el único problema que tienen. El otro, que no menciona el documento, alude a Cammesa, la mayorista a la que le compran la electricidad y con la que prácticamente ninguna distribuidora tiene sus facturas al día, entre ellas CALF, que solo pudo pagar el mes pasado $47 millones de los $140 millones adeudados, por lo cual comenzaron a correr multas por moras y denuncias judiciales.