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Creen que al artesano lo mató su pareja por una producción de marihuana

Esa es la hipótesis que abonó la fiscalía al acusar a Susana Molteni como autora del crimen del artesano Alberto Diez en Balsa Las Perlas. Quedó con prisión domiciliaria.

Pasaron más de dos semanas y el crimen que conmocionó a Balsa Las Perlas llegó a una formulación de cargos. La hipótesis de un homicidio en ocasión de robo se derrumbó y la Justicia acusó este martes a la pareja del artesano Alberto Diez, más conocido como Grillo, quien fue asesinado de un disparo que le perforó el corazón.

La acusada se llama Susana Molteni, tiene 51 años y estaba en pareja con la víctima desde hace más de dos décadas. Compartían domicilio en un predio de muy difícil acceso, ubicado en avenida del Trabajador, entre Las Jarillas y El Chañar, del barrio Santa Mónica. Quedó con prisión domiciliaria mientras dure la investigación.

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"La señora dijo que había sido un homicidio en ocasión de robo, pero la evidencia nos demostró lo contrario", sostuvo el fiscal del caso, Martín Pezzetta.

En principio porque los investigadores policiales demostraron que no había ingresado nadie al predio cuando el artesano fue asesinado sobre un sendero muy cercano a un invernadero. "No hay maleza aplastada, un alambre cortado, nada que nos determine que haya ingresado alguien esa noche al lugar", sostuvo el fiscal.

También se advirtió en la audiencia que la persona que lo hiciera debería tener un conocimiento previo por las particulares características del lugar. Llamó la atención, además, que ni la acusada ni otros familiares que residen en la chacra convocaran a la Policía por un hecho delictivo. Incluso, existen contradicciones en sus relatos.

En el lugar, había 30 plantas de marihuana y dos bolsas de nylon con cogollos que se presumen iban a ser utilizados para el consumo o la producción de un derivado. Este fue uno de los posibles elementos que consideró el fiscal para entender la motivación. Cree que al artesano lo mataron por un conflicto vinculado al destino que iba a tener ese cultivo; y así se lo hizo saber a la jueza de garantías -Laura González Vitale- que presidió la audiencia.

"La preocupación de la familia era deshacerse de esas plantas, las estaban prendiendo fuego", contó el fiscal Pezzetta.

El hecho que se investiga ocurrió el pasado 21 de marzo, entre las 5 y las 6 de la madrugada, muy cerca de un invernadero. Allí se encontró una mancha de sangre y a escasos metros, una vaina servida calibre 380.

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Molteni no era sospechosa todavía cuando manifestó a la Policía que había sido un homicidio en ocasión de robo. Sin embargo, una prueba objetiva, de rigor científico, echó por tierra esa hipótesis y señaló con fuerza a la acusada.

Resulta que tenía en su mano derecha gran cantidad de partículas compatibles con los residuos de un disparo de arma de fuego. La evidencia fue obtenida luego de realizar un barrido electrónico en un laboratorio forense. La fiscalía consideró que es una prueba fundamental contra la imputada.

"Esto nos indica que existe una alta probabilidad de que la señora haya manipulado y disparado un arma de fuego, a lo que sumamos la declaración de un vecino que dijo que fue un sólo disparo, hay una sola vaina disparada y la lesión que tiene Diez es de un sólo proyectil", afirmó Pezzetta.

El defensor Marcelo Caraballo no objetó la acusación, de modo que la jueza a cargo de la audiencia dio por formulados los cargos. Acto seguido convalidó el pacto que realizaron la fiscalía y la defensa para que la imputada quede presa en su casa por el plazo de 4 meses, lo que dure la investigación.

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Al respecto, consideraron que prácticamente no hay riesgos procesales. Es decir, que la acusada se fugue o entorpezca el desarrollo de la causa hasta que llegue a juicio. Pero, además, evaluaron su situación con una perspectiva de género. "Aunque sea imputada, no deja de ser mujer", afirmó la jueza.

Le brindaron así la posibilidad de que pueda cumplir la prisión preventiva en su casa, y no en un penal. Se le colocará una tobillera electrónica para que pueda estar monitoreada, y en tanto llegue el dispositivo, la Policía deberá concurrir dos veces al día a su domicilio con el fin de constatar que cumpla con la medida.

"Entiendo que los riesgos son pocos. Durante 4 meses estará con un GPS en su domicilio", concluyó la jueza.

La imputada no hizo su descargo. Tampoco tiene la obligación de declarar. Pero antes de que finalice la audiencia preguntó: "Cómo puede ser que haya evidencia de algo que nunca agarré", en referencia al arma de fuego que nunca encontraron.

La investigación tiene 4 meses por delante para que la evidencia reunida en torno a la causa y que se considera más que suficiente, en esta primera etapa, sea lo más cercano a una certeza.

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