Integrantes de la Asamblea por el Agua del Norte Neuquino denunciaron “aprietes” por parte del gobierno hacia la familia Sepúlveda, que vive en el paraje Los Carrizos, perteneciente a la Comisión de Fomento de Villa Nahueve. Según explicaron, esta actitud tiene que ver con su oposición a la construcción de la represa.
Daniel Betas, integrante de la Asamblea del Agua del Norte Neuquino y docente en Los Miches, contó a LM Neuquén que “la familia Sepúlveda viene recibiendo aprietes, por parte del gobierno local con respecto al tema de que tienen que desalojar el lote que habitan desde 1940”.
“La construcción de la represa necesita pasar por el terreno de esta familia, entonces empezaron con intimidaciones, carta documento donde dieron 72 horas para desalojar el lugar”, describió Betas.
El ambientalista contó además que la abogada Gisela Moreira, quien patrocina a la familia Sepúlveda, respondió esa carta documento con otra carta documento. Ayer llegó de visita un hijo de la familia y, minutos más tarde la Policía, los visitó para decirles que se tenían que retirar por las restricciones del coronavirus.
“Nosotros como asamblea creemos que ellos buscan cualquier tipo de oportunidad para intimidad a la gente que se opone a la destrucción del medio ambiente”, afirmó el docente.
En un comunicado emitido por la Asamblea, sus integrantes se cuestionaron: “¿La emergencia? ¿Qué es lo que realmente importa en este contexto? ¿Qué estemos en casa? ¿Mientras afuera el extractivismo avanza? ¿Para qué cuidar tanto la vida?, si de todos modos vamos a morir envenenados por agua, tierra y aire como viene pasando en cada territorio donde aterriza una multinacional y su progreso”.
“¿Dónde quedan los derechos de las familias de Villa Nahueve? ¿Los derechos de las siete infancias que quieren despojar de su territorio? Entre ellos un bebé de dos meses y un adolescente con discapacidad”, describieron en el comunicado, donde además recordaron la represión del 14 de octubre del año pasado en el puente de Villa Nahueve.
Betas recordó además que el año pasado la Asamblea presentó un recurso de amparo colectivo ambiental, como está establecido en la Constitución Nacional.
“Este recurso de amparo se encuentra en el juzgado de Chos Malal, a cargo del juez Carlos Choco, quien hasta aquí no ha dado ninguna respuesta. Nosotros no esperábamos que quien tiene que hacer cumplir la ley no la cumpla”, concluyó.
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