Unas cien familias de los barrios Provincias Unidas y Sapere recibieron una intimación de desalojo, en un plazo de 72 horas, de las tierras donde levantaron sus viviendas por encontrarse debajo de las líneas de Alta Tensión. Una mesa de diálogo en la Defensoría del Pueblo buscaba encontrar una solución habitacional para no quedar en la calle en plena pandemia.
“Sabemos del peligro, están los carteles. No nos quedó otra, marido albañil no tenemos trabajo fijo. Tenemos un merendero para ayudar a otros vecinos. No estamos por decisión propia pero no nos quedó otra, sabemos muy bien el peligro que corremos”, señaló Karen, vecina de un sector en cercanías de Virgen de Luján y calle Río Quinto, al este de la ciudad.
Indicó que el lunes recibieron las notificaciones unas cien familias que están en condiciones similares en la costa del río Neuquén.
“Firmé la notificación y tengo 72 horas para desalojar. No me puedo ir, no tengo dónde ir a vivir ni tengo para pagar alquiler. Tengo tres chicos, dos son menores de edad. Nos parece muy injusto que nos den 72 horas para desalojar con todo el esfuerzo que nos costó levantar una pieza de material", comentó la vecina.
Dijo que la mayoría de las familias tienen de 4 a 5 chicos y que viven en casillas precarias. Ayer se juntaron y enviaron una nota al municipio para un pedido de audiencia. “Nos vamos a quedar hasta último momento. Queremos que el intendente (Mariano Gaido) cumpla la promesa que nos hizo antes de salir electo, de que nos iba a dar una casa o terreno”, agregó la mujer.
Respuesta
Por su parte, el subsecretario de Tierras Fiscales del municipio Hernán Ruiz, aseguró que recibieron una intimación de la empresa Distrocuyo, mediante el EPEN, para que desalojen los asentamientos que están bajo las líneas de alta tensión en la zona ribereña de los barrios Provincias Unidas y Sapere.
"La Municipalidad tiene la obligación de intimar y advertir cuando un vecino está en una situación de riesgo, sobre todo cuando hay menores, como es el caso de esto vecinos”, señaló Ruiz en alusión al informe de Distrocuyo que les informó que se detectaron invasión de franja de servidumbre de la línea de alta tensión Alto Valle-El Chocón 132 kv.
El funcionario indicó que el informe “manifiesta el riesgo que conlleva vivir debajo de la línea de alta tensión, y el riesgo de una descarga eléctrica o una falla dentro de la línea de baja tensión, que pudiera ocasionar un incendio en una casilla o un vecino electrocutado”.
Ruiz hizo hincapié en que desde el municipio tenían la obligación de intimar a los vecinos, quienes “sabían de antemano del riesgo de vivir bajo estas líneas de alta tensión”.
Si bien aseguró que son tierras que no podrán ser regularizadas, abrió una instancia de diálogo que tendrá lugar en la Defensoría del Pueblo de la que participará referentes del Instituto Municipal del Hábitat para buscar alternativas ante el desalojo.
“La intimación es formal que da un plazo de 72 pero genera un dialogo para coordinar una solución a este conflicto de larga data. Con este informe, obviamente es inmediata la intimación, pero vamos a ver qué posibilidades hay de reubicación y en cuanto tiempo. Ellos van a estar en el lugar hasta que se puedan trasladar”, aseguró el funcionario.
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